PROGRAMA DE BORIC Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN: PROPUESTAS PREOCUPANTES

Hace algunos meses, y a partir de ciertas propuestas programáticas de precandidatos a la Presidencia de la República, desde Libertad y Desarrollo planteamos la relevancia de reconocer y proteger la libertad de expresión. Las iniciativas en ese entonces analizadas tenían que ver con el rol de los medios de comunicación en Chile, la estructura de su propiedad y la supuesta necesidad de establecer una nueva regulación al respecto.

Es a partir de la revisión del programa del candidato presidencial Gabriel Boric, que el tema retoma visibilidad y genera nuevamente preocupación, toda vez que sus propuestas aumentan las atribuciones del Estado frente a los medios de comunicación, con mayor regulación y más control; en definitiva, menor libertad.

En efecto, en la propuesta programática del candidato se plantea que “el rol del Estado para la profundización democrática en el ámbito de las comunicaciones debe fortalecer un ecosistema de medios diverso y descentralizado, pluralista, con un sistema público robusto, que asegure su sustentabilidad económica y social”. De la misma manera, se establece que “Para poder avanzar en la profundización democrática a través del sistema del sistema de medios, es necesario generar las condiciones constitucionales que habiliten al Estado a tener un rol más activo en la afirmación positiva de la libertad de expresión”.

Esto, si bien en una primera lectura no parece inquietante, luego se concretiza en medidas que sí lo son. Es así como se propone, en primer lugar, desarrollar un Nuevo Sistema de Medios Públicos (NSMP) más robusto que el actual, que incluya televisión, radio y multiplataformas, propuesta muy similar a la del programa del precandidato comunista Daniel Jadue y que, tal como se explicamos en el documento antes referenciado[i], podría terminar en un nuevo organismo estatal que promueva la agenda noticiosa del régimen político de turno. Según la propuesta de Boric, los medios además estarían sometidos a un consejo ciudadano que velaría por el “cumplimiento de la misión” de cada uno de ellos.

Una segunda propuesta consiste en “Fortalecer, desde una perspectiva descentralizadora, el sector de los medios regionales, locales y comunitarios”. Ello supone asegurar una distribución equitativa de frecuencias en el caso de televisión y radio y la descentralización de la distribución en prensa escrita a través de una ley que resguarde la distribución independiente y fortalezca la organización sindical de suplementeros. Si bien es difícil evaluar el real alcance que una medida como la señalada podría tener, pues no se profundiza en la forma en que la ley asignaría –o reasignaría- las frecuencias ni el modo de alcanzar la descentralización de la distribución, cabe destacar que es una propuesta muy similar a la del ex candidato comunista.

Adicionalmente, y lo que podría convertirse en una herramienta de censura hacia los medios de comunicación, se propone reformular la institucionalidad reguladora de los medios -el Consejo Nacional de Televisión- mediante un organismo autónomo del Estado, que vele por asegurar el cumplimiento del interés público y garantizar la libertad de expresión, creando una nueva institucionalidad reguladora de las comunicaciones: el Consejo Regulador de las Comunicaciones (CRC). Este órgano, entre otras facultades, tendría injerencia en temas de pluralismo externo de los medios, es decir, en la concentración de propiedad, audiencia y publicidad.

Finalmente, en una propuesta que podría leerse como una carente de repercusiones, se encuentra promover medidas que resguarden los derechos de los trabajadores de las comunicaciones y telecomunicaciones, tanto en su derecho a la libertad de expresión, de información y de prensa, como en el cumplimiento de condiciones laborales dignas por parte de sus empleadores. Pese a que no sabemos en qué podría traducirse lo anterior, o si impediría a los medios exigir el respeto de sus líneas editoriales a las personas que en ellos colaboran, preocupa que los resultados vayan justamente en dirección completa a los objetivos buscados y termine golpeando a un ya alicaído sector.

En suma, plantear estas medidas para fortalecer el rol regulador del Estado -ya sea para refrenar la concentración económica de los medios o para garantizar espectro radioeléctrico a medios públicos o comunitarios- como vía para favorecer el pluralismo de los medios, es no comprender que la base del pluralismo es precisamente la libertad de expresión. El mejor camino para alcanzar dicho pluralismo es garantizar la más amplia libertad para abrir y desarrollar medios y no a través de la introducción de sobre-regulaciones o condicionamientos que pueden terminar entorpeciendo el ejercicio del derecho. Dicha vía de se ha seguido en otros países de Latinoamérica, en gobiernos del mismo sector político que el candidato del Frente Amplio, que ha terminado por mermar la libertad de expresión y de prensa, llegando incluso a erigirse como herramientas de censura, cuestión que debe ser evitada en nuestro país.

 

 

[i] https://lyd.org/wp-content/uploads/2021/08/TP-1509-LIBERTAD-DE-EXPRESION.pdf