PRORROGA POR SEGUNDA VEZ LA LEY QUE SUSPENDE EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS: ¿QUIÉN PAGA LA CUENTA?

El pasado 22 de mayo se publicó la Ley N°21.340 que tiene por objeto ampliar, por segunda vez, la aplicación de la Ley N°21.249 (“Ley de Servicios Básicos”). Originalmente, dicha Ley contemplaba la prohibición del corte de algunos servicios básicos por 90 días (hasta noviembre del 2020). La primera prórroga (Ley N°21.301) consideró extender el período a 270 días (hasta 05 de mayo del 2021) y la actual ley considera extenderlo hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Los cambios que introducirá esta nueva ley corresponden a los siguientes:

  1. Ampliación de la vigencia de la Ley de Servicios Básicos. Extiende la vigencia de la ley N°21.249 hasta el día 31 de diciembre de 2021.

 

  1. Aumento de los meses en los cuales se podrá prorratear las deudas generadas con ocasión de la aplicación de la referida ley. Establece que las deudas que se generen entre el 18 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de diciembre de 2021, se prorratearán. Por otro lado, aumenta el número de cuotas mensuales en que los usuarios finales pueden prorratear dicha deuda, el que se extiende a 48 cuotas iguales y sucesivas que determine el usuario final a su elección, las que no podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados.

 

  1. Ampliación de beneficiarios. Al respecto, actualmente los usuarios finales para acceder al beneficio deben encontrarse en alguna de las hipótesis enumeradas en el artículo tercero de la Ley de Servicios Básicos. Así, una de las maneras para acceder al beneficio es encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad de conformidad al Registro Social de Hogares. En ese contexto, la ley extiende el universo de beneficiarios del 60 al 80% de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares.

 

  1. Vencimiento de la prórroga. Finalmente, establece que vencida la prorroga señalada, si aún se encontrare vigente la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por pandemia Covid-19, declarado en el Decreto 104 de 18 de marzo de 2020, y sus prórrogas, dichos plazos se extenderán hasta 60 días desde terminado dicho estado de excepción constitucional.

En términos generales, se trata de una regulación defectuosa en la que se perseveró, no obstante los múltiples reparos mostrados por diversos actores. Aún más, se ignoró nuevamente el acuerdo de extensión alcanzado entre el Ejecutivo y las empresas del rubro. En efecto, la ley genera sobreendeudamiento de los usuarios y clientes finales de los diferentes servicios básicos, pudiendo desembocar en una carga financiera insostenible para las familias, llegando a un punto en que parte importante de estos clientes ya no puedan pagarla, afectando negativamente a las empresas proveedoras de servicios básicos.

Por otro lado, éste se debió extender solo a aquellos usuarios que se encuentren en un estado de necesidad y que realmente requieran de dicho beneficio. En otras palabras, se debió priorizar la ayuda pues actualmente la ley no establece una real segmentación de beneficiarios. Adicionalmente, no estableció límites al consumo de agua potable ni al consumo de energía eléctrica de manera tal que las empresas se verán obligadas a financiar usos no prioritarios del agua y electricidad, cuando el objetivo es, precisamente, realizar un consumo responsable. Según datos de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS) existen 12 mil clientes morosos cuyos consumos sobrepasan los 60 metros cúbicos. Este antecedente es relevante pues da cuenta de un efecto indeseado en circunstancias que el consumo promedio bordea entre los 14 y 15 metros cúbicos.

Finalmente, resulta imperioso transparentar que la referida ley rompió con el esquema regulatorio que define las remuneraciones de los distintos segmentos del sector eléctrico, alterando la cadena de pagos y produciendo diferencias asimétricas en las recaudaciones generadas al interior de un sector, puesto que solo uno de los segmentos (distribución) asume el costo financiero de la iniciativa, lo que además de ser cuestionable resulta arbitrario.

¿Quién paga la cuenta?

Al respecto, cabe tener a la vista que un grupo de senadores pretenden llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y las empresas involucradas con el objeto de crear un mecanismo de pago para todos aquellos deudores que se encuentren morosos. En este contexto, hasta el momento, se ha pensado la siguiente fórmula de pago: Estado contribuye con un 25%; las empresas del rubro contribuyen con un 25% y, finalmente, los consumidores morosos contribuyen con un 50% de la deuda. Sin embargo, la idea ignora que, en la medida que surjan dichos indicios de que habrá una condonación masiva de las deudas, como ya han mencionado algunos parlamentarios, claramente el incentivo es al sobreconsumo y al sobreendeudamiento. En otras palabras, la propuesta resulta sumamente perjudicial toda vez que incentiva, a todos los consumidores, a no realizar el pago de sus respectivas cuentas de servicios básicos, pudiendo desembocar en un problema aún mayor. En consecuencia, antes de perseverar en dicha idea, se debe realizar una discusión técnica con los diferentes actores involucrados.