PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

El proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo (DT), se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional, listo para ser votado por la Sala del Senado tras su paso por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda.

Como se verá más adelante, lo que en un inicio era una gran oportunidad para modernizar el servicio y regular ciertas materias que constantemente son fuente de conflicto en la normativa laboral, terminó siendo un proyecto que principalmente plasmó las inquietudes de los funcionarios de planta de la Dirección.  El proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo pretendía modernizar el servicio y mejorar su institucionalidad a través de: (a) aumentar la independencia excluyendo el nombramiento del  Director Nacional de los ciclos políticos; (b) crear un Consejo Consultivo conformado por profesionales externos para prestar asesoría en ciertas materias; (c) incluir mayor tecnología en los procesos y comunicaciones del servicio; (d) fortalecer la mediación como mecanismo de resolución de controversias; (e) mejorar el proceso de fiscalización por medio de la introducción de garantías procesales; y (f) robustecer el rol de la DT como ministro de fe en materias sindicales. Adicionalmente, se pretendía obtener mejoras en certeza jurídica en relación a servicios mínimos, y regular las normas de ingreso a la DT y su planta, promoviendo una mayor profesionalización de los funcionarios.

Tras su paso por la Cámara de Diputados, se eliminaron del proyecto las materias relacionadas al rol de la DT como ministro de fe en materias sindicales, la posibilidad de que el Director Nacional nombrara, promoviera o removiera al personal con total independencia de otras autoridades, todas las disposiciones asociadas a servicios mínimos, y varias de las garantías procesales y deberes de las partes durante el proceso de fiscalización. Además, en la Comisión de Trabajo del Senado, y con acuerdo del Ejecutivo, se terminaron de eliminar las materias asociadas al nombramiento del Director Nacional y a la creación del Consejo Consultivo.

Al respecto, la eliminación de materias como las disposiciones relativas a los servicios mínimos y el reconocimiento de garantías procesales y deberes durante el proceso de fiscalización nos parece un error, ya que permitían aclarar puntos controvertidos en materia laboral, perdiéndose una valiosa oportunidad de mejora, especialmente en el actual contexto de pandemia en donde justamente por medio de los servicios mínimos se puede garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población cuando hay una huelga en una empresa que presta dichos servicios.  Por el contrario, consideramos acertado el rechazo de la creación del Consejo Consultivo,  toda vez que al ser simplemente consultivo  no tenía real influencia en las decisiones del Director Nacional, podía contribuir a politizar el servicio considerando que 3 de sus 4 miembros eran nombrados por los Ministerios del Trabajo y de Economía, y, además, era remunerado por lo que simplemente se traducía en un mayor gasto fiscal innecesario.

Finalmente, el proyecto actualmente contempla la necesidad de registrar todos los contratos en el sitio electrónico de la DT, la definición de mediación laboral, los tipos de mediación que existen y la posibilidad de contratar asesoría externa en la materia, la posibilidad del Director Nacional de realizar consultas públicas sobre la interpretación y aplicación de las leyes laborales y de seguridad social, la solicitud judicial del término de la calificación de las empresas como un solo empleador, la posibilidad que las notificaciones, citaciones y comunicaciones de la DT se puedan efectuar al correo electrónico, la creación de una unidad de atención de micro, pequeña y mediana empresa, y las normas relativas a los funcionarios del servicio, que establecen como  regla general el concurso público para el personal a contrata y la creación de nuevas remuneraciones.

Específicamente, y respecto a este último punto, el actual texto comprende las siguientes materias:

  • El ingreso a los cargos de las plantas de Profesionales, Fiscalizadores, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de la DT se efectuará mediante concursos internos en los cuales sólo podrán participar los funcionarios a contrata de dicho Servicio asimilados a la planta respectiva o de una planta distinta, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
  • Concurso público para los cargos a contratas de la DT, los cuales deben ser publicitados en diversos sitios web y en diarios de circulación nacional.
  • Se deberá velar por alcanzar la proporción máxima de un 30% de empleos a contrata y de un 70% de planta en la dotación de la DT.
  • Establecimiento de turnos de trabajo en horario nocturno y en días sábados, domingos y festivos, cuando la atención de los usuarios y la fiscalización lo haga necesario, respetando la continuidad y el máximo de la jornada ordinaria de trabajo de 44 horas semanales. El personal que desempeñe estos turnos tendrá derecho a percibir una “asignación de turno”.
  • Hasta 187 funcionarios titulares de planta de la Dirección del Trabajo podrán desempeñar temporalmente funciones directivas de jefatura de departamento o de niveles de jefaturas equivalentes, las que serán asignadas, en cada caso, por el Director Nacional, por concurso, estableciéndose además una “asignación de responsabilidad”.
  • Establecimiento de una “asignación especial de calidad de servicio”.

En definitiva,  las normas finalmente incorporadas en el proyecto de ley  no logran ser suficientes para satisfacer las primeras intenciones del Ejecutivo.  Por el contrario, aspectos relevantes que deben ser regulados con mayor precisión para evitar la reiterada discusión que existen sobre los mismos quedaron totalmente excluidos. Asimismo, las regulaciones relativas a los funcionarios de la DT no contribuyen necesariamente a la mayor profesionalización del Servicio,  ya que las mismas apuntan más bien a un aumento en las asignaciones -que no parecen adecuadas si se piensa, por ejemplo, en  que para la misma función de las “asignaciones de turno” existen las horas extras- y también a mayores posibilidades de movimiento al interior del Servicio, pero no fomentan, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios o el establecimiento de parámetros objetivos de evaluación de desempeño.