Durante los últimos días hemos observado una serie de hechos de violencia en el país, lo cual pone en relieve la necesidad de introducir mejoras en nuestro ordenamiento jurídico para resguardar de manera más eficaz la seguridad interior.
Es por ello que analizamos los principales proyectos relacionados a la seguridad interior del Estado, cuya aprobación debiera incidir en mejorar y modernizar nuestras instituciones para afrontar y prevenir la acción delictual, para proteger aquellos servicios considerados esenciales para las personas y para sancionar a quienes, pasando a llevar la institucionalidad, afecten los derechos de los demás. Se indica su grado de avance a través de un semáforo legislativo.
Se evaluaron 31 iniciativas (al 28 de diciembre de 2020) relacionadas a la seguridad interior del Estado, en los siguientes temas: modernización de instituciones (9), seguridad (16), orden público (3) y terrorismo (3), todas ellas en cuanto a su grado de avance en el Congreso y nuestras observaciones.
El avance legislativo de las iniciativas se define como escaso cuando aún no concluye el primer trámite constitucional (o primer paso en el Congreso); medio cuando concluyó el primer trámite constitucional, encontrándose en segundo trámite, pero no ha tenido mayor avance en la Cámara revisora; y alto en el caso que haya concluido el segundo trámite constitucional (o el tercer trámite, de haberlo o la comisión mixta, de haberla).
De las 31 iniciativas evaluadas, solo cinco han sido despachadas por el Congreso; una tiene avance alto (ha concluido su segundo trámite constitucional o el tercer trámite, de haberlo o la comisión mixta, de haberla); 11 presentan un avance medio y 13 tienen escaso avance legislativo. Sin bien las iniciativas tienen distinto grado de relevancia o impacto en términos de modernización institucional o para el resguardo del orden público y la seguridad interior, todas ellas en su conjunto resultan muy importantes para la protección de los ciudadanos y para el normal desenvolvimiento de las actividades en la sociedad, por lo que debieran ser promovidas y analizadas sin mayor dilación.
Un caso aparte es la iniciativa que fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de robo y hurto de madera en troza (Boletín N° 12.001-25), la cual se encuentra en trámite de insistencia tras ser rechazado en la sala del Senado.
No se incluye en la evaluación el proyecto de ley contra el crimen organizado presentado ante la Cámara de Diputados por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, el pasado 28 de diciembre, ya que su tramitación acaba de iniciar (Boletín Nº13.982-25).
Los proyectos de ley que ya han sido despachados por el Congreso Nacional son: la Ley N° 21.211 sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, la Ley N° 21.209, que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, la llamada “Ley Antiportonazos” (Ley N° 21.170, que modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de éstos y establece las medidas que indica), la Ley N° 21.208, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica y la Ley N° 21.163, que incorpora las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 38 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
