A raíz de la “Agenda Anti Abusos”, anunciada por el Presidente Sebastián Piñera y materializada en la presentación del proyecto de ley “Anti Colusión”, el Programa UC | Libre Competencia y Libertad y Desarrollo realizaron una consulta a los principales asesores legales de nuestro país y a las ex autoridades en materia de libre competencia con el propósito de conocer su opinión técnica respecto a la institucionalidad vigente y la iniciativa legal en trámite, incluyendo a las discusiones que sin ser parte del proyecto de ley original han surgido con ocasión del mismo.
En primer lugar, se evaluó el desempeño de las autoridades de libre competencia en Chile en los últimos 10 años (FNE, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y Corte Suprema).
Sobre el desempeño que ha tenido la Fiscalía Nacional Económica (FNE) durante los últimos 10 años, un 94% de los consultados tiene una opinión favorable (26% “Muy bueno” y 68% “Bueno”). Solo un 6% lo califica como regular.
En tanto, el 85% tiene una opinión favorable del desempeño que ha tenido el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en los últimos 10 años (15% “Muy bueno” y 70% “Bueno”). Un 15% tiene una evaluación regular.
El 44% de los consultados considera que el desempeño de la Corte Suprema en los últimos 10 años ha sido regular. El 38%, en tanto, considera que su desempeño ha sido positivo. Finalmente, el 18% estima que el desempeño de la Corte Suprema ha sido deficiente.
Respecto de la institucionalidad vigente en el país, el 88% de los consultados considera que las herramientas y facultades intrusivas con que cuenta actualmente la FNE son suficientes para cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile (47% “Muy de acuerdo” y 41% “De acuerdo”).
Sobre las sanciones contempladas en el Decreto Ley 211 vigente, el 97% afirma que permiten cumplir los objetivos de la política de libre competencia en Chile (68% “Muy de acuerdo” y 29% “De acuerdo”).
En la misma línea, el 59% de los consultados considera que la reforma al Decreto Ley 211, que hoy se discute en el Congreso Nacional, no se encuentra justificada. El 20%, en tanto, se manifiesta indeciso.
En cuanto a los distintos aspectos del proyecto Anti Colusión, acerca de las propuestas para fortalecer las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, un 41% de los consultados está de acuerdo (18% “Muy de acuerdo” y 23% “De acuerdo”) y un 35% se manifiesta indeciso.
El 62% de los consultados se manifiesta contrario a la propuesta de aumentar la pena para el delito de colusión cuando este recaiga sobre bienes y servicios de primera necesidad (24% “Muy en desacuerdo” y 38% “En desacuerdo”).
En tanto, un 41% de los consultados está de acuerdo con la propuesta de crear la figura del denunciante anónimo o reservado (12% “Muy de acuerdo” y 29% “De acuerdo”). El 38%, en tanto, se manifiesta indeciso.
El 77% de los consultados considera que la acción penal para perseguir el delito de colusión debe ser ejercida de manera exclusiva por la FNE (62% “Muy de acuerdo” y 15% “De acuerdo”).
Mientras solo un 9% de considera que la acción penal para perseguir el delito de colusión debe ser ejercida de manera exclusiva por el Ministerio Público, un 12% (3% “Muy de acuerdo” y 9% “De acuerdo”) cree que debe ser ejercida de manera conjunta por la FNE y el Ministerio Público.
Adicionalmente, los consultados realizaron propuestas consistentes en modificaciones legales en diferentes materias (operaciones de concentración, sanciones, entre otras), que eventualmente podrían ser consideradas en la tramitación del proyecto Anti Colusión o en iniciativas legislativas posteriores.
METODOLOGÍA
Se consultó a 41 expertos[i], de los cuales 34 (tasa de respuesta de 84%) respondieron un cuestionario vía email o vía telefónica. El cuestionario contenía 12 preguntas de selección múltiple -con cinco alternativas cada una- y una pregunta abierta de carácter voluntario.
[i] 24 abogados reconocidos por los principales rankings de libre competencia (primeras cuatro bandas Chambers & Partners y categorías “Lawyers” y “Future Leaders – Partners” de Who’s Who Legal, ambas ediciones del año 2019); dos profesores universitarios reconocidos por sus pares como líderes en libre competencia (Arturo Yrarrázaval de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Domingo Valdés de la Universidad de Chile) y 16 ex autoridades de libre competencia: ex ministros titulares y suplentes del Tribunal de Defensa de Libre Competencia desde el 2010 y el ex Fiscal Nacional Económico.
