PROYECTO QUE PROHÍBE EL CORTE DE SUMINISTROS BÁSICOS EN CASO DE MORA: PROPUESTA DEL EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

Hoy se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de que tiene por objeto prohibir que, durante la vigencia del Estado de Catástrofe decretado a causa del Covid-19, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios detengan, suspendan o interrumpan dicho servicio en base a la existencia de mora en el pago que deban efectuar los usuarios finales (Boletín N°13329-03, refundido N°13342-03, 13.347-03, 13354-03, 13355-03 y 13356-03).

Si bien el objeto es valorable, los términos en que está planteada la iniciativa adolece de algunos defectos y puede generar efectos perjudiciales que deben ser evaluados antes de perseverar en ella, como el que la extensión de la vigencia del Estado de Catástrofe haga que las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios se puedan ver expuestas a una incertidumbre respecto de sus propias recaudaciones, lo que podría provocar consecuencias aún más perjudiciales en dichas áreas afectando directamente la cadena de pago; que la iniciativa no se encarga de focalizar el apoyo; y que la iniciativa no atiende a las particularidades de cada sector y no realiza diferenciación entre los tipos de empresas que componen dichos sectores.

En la opinión de la Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, Pilar Hazbun, plantear la misma medida para todos los sectores por igual, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre ellos y sin atender a las capacidades económicas de los usuarios finales, como propone el proyecto de ley en tramitación, puede ocasionar un problema financiero mayor, que se puede traducir en la interrupción del servicio, el desmembramiento de las empresas que componen cada sector, o bien, un alza en las tarifas futuras.

El Ejecutivo, teniendo en cuenta los defectos de la iniciativa ha planteado una alternativa y ha logrado acuerdos con las compañías de los diversos sectores para poner en marcha un plan de contingencia que ayude a las familias con el pago de estas cuentas básicas durante el Estado de Catástrofe generado por el Covid-19.

En la opinión de Pilar Hazbun, “la propuesta del Ejecutivo que es focalizada y que atiende, además, a las particularidades propias de cada sector, resulta más apropiada a fin de aliviar a los usuarios finales que se vean afectados a causa de los efectos de la pandemia, pero garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios básicos”.

Este plan consiste en:

En materia de energía, se propone que, durante el Estado de Catástrofe, se suspenda el corte del servicio por mora en el pago de sus boletas a aquellas familias que componen el 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Adicionalmente, podrán solicitar este beneficio ciertos casos comprobados de vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido al Estado de Catástrofe, como lo serían, por ejemplo, personas que han perdido su empleo.

Los saldos impagos que se originen durante la vigencia de estado de excepción, serán prorrateados en hasta 12 meses, a partir del fin del mismo, sin intereses. Los clientes con deudas menores a 10 UF acumuladas antes del Estado de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas bajo el mismo mecanismo, y en los casos que tengan el servicio cortado, solicitar su reposición.

En el sector de las telecomunicaciones, se entregará conexión a internet gratis a clientes activos de los hogares más vulnerables del país durante 60 días, con ciertas restricciones de algunos sitios recreativos (“Plan Solidario de Conectividad”). El cliente que no pueda pagar su plan actual, se comunicará con su compañía y puede ingresar a dicho plan solidario.

En el sector de aguas, los clientes domiciliarios de empresas sanitarias que pertenezcan al 40% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares del MDS y que registren un consumo mensual que no exceda los 10 metros cúbicos en cada mes del período, podrán optar a postergar el pago de sus cuentas, por los consumos facturados en agua potable y alcantarillado por los próximos 3 meses.

Sin perjuicio de ello, plantea la abogada, de perseverarse en la iniciativa parlamentaria, sería recomendable establecer un plazo fijo de la vigencia de dicha medida de manera de otorgar seguridad y certeza jurídica a los diferentes actores; que la medida esté destinada a aquellas personas más vulnerables, puesto que una medida extensiva podría provocar un problema en el flujo de caja de las diferentes empresas y, consecuencialmente, un problema en la cadena de pago de dichas empresas; y atender a las particularidades propias de cada sector.

VER MINUTA (7 de abril)