El Presidente de la República anunció dos medidas para ir en rescate de las empresas chilenas, que están sufriendo caídas sustanciales en sus ventas debido a la pandemia -producto de las cuarentenas y controles sanitarios-, con el consiguiente impacto en sectores como el turismo, el transporte y el comercio. Así, son miles las compañías que están sufriendo un quiebre de su caja, lo que a su vez genera un problema para poder pagar a los trabajadores, proveedores y otros acreedores.
De esta manera, la primera medida es una capitalización extraordinaria de US$ 3.000 millones al Fondo de Garantías de Crédito (Fogape), lo que le permitirá al sistema financiero prestar cerca de US$ 24.000 millones con un garantía estatal que va desde el 60% al 85%, siendo esta última cifra la disponible para las empresas más pequeñas, esto es que facturen hasta 25 mil UF anuales. El monto del crédito es de hasta 3 meses de ventas y tendrá seis meses de gracia, para después poder pagar en un plazo de 24 a 48 meses.
Este crédito tendrá una tasa de interés nominal de 3,5%, lo que al restarle la inflación, hace que la tasa de interés real sea de prácticamente 0%.
“Esto es inédito en nuestra historia y habría que remontarse a los años de la hiperinflación para observar algo parecido. En este caso, es en un escenario de inflación controlada y con voluntad presidencial de que ese dinero fresco llegue a las empresas, sobre todo a las más pequeñas que están en riesgo de quiebra”, explica el Economista Senior de LyD, Tomás Flores.
Ahora bien, esta capitalización al Fogape apalancara empresas con ventas de hasta 1 millón de UF, de manera que para las que sobrepasen dicho umbral -unas 2 mil compañías aproximadamente- se anunció un mecanismo de crédito con preferencia de pago, en donde la empresa que está en dificultades emite un bono que le otorga a los bonistas la preferencia de pago en relación a otros acreedores. Esta preferencia le otorga un incentivo para prestarle dinero a una empresa que es solvente, pero que por la pandemia no tiene clientes y que por tanto no tendrá caja para pagar a sus proveedores y trabajadores. Sin embargo, esa empresa volverá a la normalidad una vez que el virus sea contenido y podrá pagarles primero a estos bonistas preferentes.
Según Flores, “no corresponde que exista garantía estatal para dichos bonos, ya que de hacerlo se ocuparía gran parte de la capitalización de US$ 3 mil millones en garantizar una parte de un bono emitido por una gran empresa. Al ocupar parte importante del Fogape en garantizar dicho bono, quedarían menos recursos para ayudar a las empresas más pequeñas”.
Por último, aclara el economista, es correcto que se haya descartado aporte fiscal a las empresas complicadas, ya que cada peso aportado en dicha operación es un peso menos que queda disponible para las Pymes, lo que va en contra de la necesaria focalización de los escasos recursos públicos. El sector privado puede proveer liquidez a las grandes compañías, permitiéndole así al sector público concentrarse en las empresas de menor tamaño.
