INDULTO GENERAL CONMUTATIVO: EL FOCO DEBE ESTAR PUESTO EN EL BIENESTAR DE LOS RECLUSOS

Actualmente se discute en el Congreso Nacional el veto aditivo presentado por el Presidente Piñera al proyecto de ley iniciado por mensaje presidencial cuyo propósito es conceder un indulto a aquella parte de la población carcelaria que tiene factores de riesgo, atendida la crisis sanitaria por contagio de Coronavirus que vive Chile y el mundo. Ello con el objeto de reponer algunas normas que fueron rechazadas por el Congreso Nacional, además de introducir otras disposiciones.

Lamentablemente, el debate sobre la iniciativa se ha centrado en una discusión política ajena a la amenaza que la pandemia significa para los internos, como es la eventual concesión del indulto a personas condenadas por violaciones contra los derechos humanos. Con todo, cabe hacer presente que ello no resulta contradictorio con la exclusión que el proyecto de ley ya hacía de otros delitos considerados particularmente graves.

Mucho se ha discutido sobre la finalidad de la aplicación de las penas, pero hoy parece haberse establecido un consenso mínimo, al menos, en cuanto a que éstas deben respetar la dignidad humana de los condenados, y que la autoridad debe propender hacia su rehabilitación. Más específicamente, las penas privativas de libertad solo deben restringir la libertad de tránsito de quienes las sufren, pero no así otros derechos. A nadie escapa que, actualmente, nuestro sistema carcelario dista mucho de cumplir con dicho estándar, en donde se viven situaciones de hacinamiento, violencia y escasas posibilidades de reincorporación a la vida social, entre otros males.

En este contexto, la amenaza del Coronavirus se presenta como particularmente perniciosa para los grupos de riesgo que forman parte de la población carcelaria. Por una parte, las condiciones de hacinamiento vuelven ilusorias e impracticables las recomendaciones de la autoridad sanitaria de mantener el distanciamiento social. Por otra parte, las visitas y los permisos de salida hacen virtualmente imposible aislar los recintos penitenciarios del riesgo de contagio por coronavirus. A ello hay que sumar que, en términos generales, los índices de salud de las personas privadas de libertad tienden a ser peores que aquellos que no lo están.

En consecuencia, la iniciativa del Gobierno de enviar un proyecto de ley concediendo un indulto conmutativo para la población penal de riesgo que se encuentra cumpliendo penas privativas de libertad por delitos de baja peligrosidad, debe ser leído como un esfuerzo humanitario que resulta encomiable. No obstante lo anterior, el proyecto de ley establece ciertas exclusiones, atendida la necesidad de resguardar la seguridad de la población.

En efecto, el proyecto de ley enviado por el Gobierno contemplaba un listado de delitos graves excluidos del beneficio, al cual se sumaron otros delitos durante la tramitación legislativa. En concreto, se incorporó que no procederá el beneficio del indulto tratándose de los condenados en que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, o por alguno de los delitos tipificados en la Ley N°20.357, que “tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra”. Ello provocó la molestia de parte de los parlamentarios de Chile Vamos, que presentaron un requerimiento por inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Ahora bien, si se analiza el listado completo de delitos excluidos, cabe destacar que el criterio utilizado por el proyecto de ley atiende exclusivamente a la gravedad de los delitos cometidos en abstracto y, en ningún caso, a la identidad de las personas que lo cometieron. En ese sentido, difícilmente puede hablarse de discriminación arbitraria o de una vulneración de la igualdad ante la ley, puesto que la distinción se realiza sobre la base de un criterio objetivo y razonable. Por ello, resulta criticable que el foco de la discusión se centre en un asunto que interesa primordialmente al mundo político, atendido que está en juego la protección de la salud de personas que, si bien han cometido delitos y han recibido el castigo establecido por la ley, no por ello dejan de merecer un trato digno. La inminencia y gravedad de la amenaza del contagio por coronavirus hacen recomendable que no se entorpezca la tramitación del proyecto, atendido el peligro que éste significa para la población carcelaria de riesgo.

Dicho esto, cabe hacer presente que la incorporación de la exclusión de una categoría adicional de delitos especialmente graves, como los crímenes de lesa humanidad, no parece constituir un caso de discriminación arbitraria. Ello, atendido que el proyecto de ley ya incorporaba la exclusión de otros delitos graves.

Finalmente, y tal como señalamos anteriormente, el Ejecutivo presentó un veto aditivo con discusión inmediata al Congreso Nacional al proyecto de ley en virtud del cual formuló siete observaciones, las cuales fueron aprobadas el día de ayer por unanimidad por la Comisión de Constitución del Senado y se analizarán hoy tanto en la Sala del Senado como de la Cámara de Diputados. Entre las principales normas que se incorporan al proyecto mediante el veto aditivo podemos señalar la reposición del artículo octavo relativo a las consecuencias y/o sanciones de incumplimiento de arresto domiciliario, lo cual es de suma importancia, además de la incorporación de nuevos delitos a la lista de delitos excluidos del beneficio, los cuales corresponden a los delitos asociación ilícita por narcotráfico, infracciones a la ley de control de armas y delito de violencia intrafamiliar. En definitiva, es deber del Estado proteger la salud de las personas y eso incluye, obviamente, a las personas que se encuentran cumpliendo condena en recintos penitenciarios. Por lo tanto, es de esperar que durante la tramitación legislativa de la iniciativa, el foco esté puesto en el bienestar de la población carcelaria, particularmente en aquella que tiene factores de riesgo.