¿QUÉ SIGNIFICA EL ANUNCIO DEL USO DEL “2% CONSTITUCIONAL” A PROPÓSITO DE LA CRISIS POR EL COVID-19?

El pasado 19 de marzo, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció, junto a su par de Economía y el Presidente de la República, una serie de medidas para combatir los efectos económicos negativos derivados del Covid-19. Entre las medidas destacan el reforzamiento del presupuesto del sistema de salud, la inyección de hasta US$ 2.000 al Fondo de Cesantía Solidario para proteger los ingresos laborales, el Bono Covid-19 que beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal, entre otros.

Además de anunciar medidas que implican recursos fiscales por US$ 11.750 millones (equivalente al 4,7%) del PIB, Briones anunció que su financiamiento provendría de cuatro fuentes: (i) el uso del denominado 2% constitucional; (ii) el aumento de la deuda pública; (iii) el uso de los fondos soberanos; y (iv) la reasignación de partidas presupuestarias.

En el caso del uso del 2% constitucional, desde el Ministerio de Hacienda afirmaron que equivale a US$1.400 millones. John Henríquez, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, explica que “para utilizar estos recursos, por tratarse de una urgencia, no se requiere de la autorización del Congreso Nacional. La Constitución, en el numeral 20 del artículo 32, establece que el Presidente de la República puede -con la firma de todos los Ministros de Estado- decretar pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país, además de otras hipótesis. Es la misma Carta Fundamental la que establece una limitación: el total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos”. 

Asimismo, el abogado advierte que “su uso es una excepción al principio de la legalidad del gasto y, por lo tanto, debe ser utilizada en casos justificados y excepcionales. La crisis por la que atraviesa el país justifica absolutamente el uso de estos recursos”. El “2% constitucional”, recuerda Henríquez, tuvo su origen en una reforma constitucional del año 1943, que incorporó los Decretos de Emergencia Económica. 

Finalmente, es conveniente destacar que el financiamiento del paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Hacienda no implicará necesariamente aumentar en el mismo monto el gasto público. “Algunos recursos provendrán de menores ingresos, también probablemente existan reasignaciones derivadas de la crisis, entre otras medidas. Las medidas anunciadas, como la postergación de los pagos provisionales mensuales (PPM) y la protección a los ingresos laborales, son positivas porque facilitarán la liquidez y el funcionamiento de las cadenas de pago. Es esencial atenuar lo más posible los daños económicos, tanto transitorios como permanentes, derivados de esta pandemia. Las medidas anunciadas por el gobierno son necesarias y oportunas”, aseguró Henríquez.