¿QUÉ IMPLICA LA DECLARACIÓN DE UN ESTADO DE CATÁSTROFE?

Debido a la crisis generada por el Covid-19, el Presidente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el cual empezó a regir a las 00:00 horas del 20 de marzo de 2020. La medida, que durará en principio por 90 días (pues es renovable), regirá para todo el territorio nacional y tiene como objetivo la preparación para las etapas que vienen en la pandemia. En dicho contexto, es importante recordar las implicancias que conlleva el establecimiento de dicho estado de excepción constitucional y cuáles son las atribuciones especiales que se otorgan a la autoridad.

El artículo 39 de la Constitución Política de la República (CPR) establece que el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Luego, en los artículos siguientes se señalan los cuatro tipos de estados de excepción existentes: asamblea, emergencia, sitio y catástrofe. Durante la vigencia de los decretos que establecen el periodo de excepción constitucional, es posible restringir el goce de derechos fundamentales constitucionalmente consagrados a todos los habitantes del territorio nacional, tales como el derecho de propiedad, libre tránsito o la libertad de reunión.

En particular, el estado de catástrofe, contemplado en los artículos 41 y 43 de la Carta Fundamental, procede en los casos de calamidad pública, tales como terremoto, avalancha, epidemia. El Presidente de la República es quien lo declara y determina la zona afectada por la misma.  Asimismo, el Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. 

Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

"La declaración de catástrofe permite al Presidente de la República restringir las libertades de locomoción y reunión, disponer la requisición de bienes, establecer limitaciones al ejercicio de derecho de propiedad y adoptar las medidas administrativas extraordinarias que sean necesarias para el restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.  En este caso, las medidas que se adopten pueden implicar que se sancione a personas que no respeten la cuarentena, la dictación de toques de quedas, la prohibición de trasladarse de ciudad, la adopción de medidas administrativas necesarias para asegurar el normal abastecimiento de la población tanto de alimentos como insumos médicos, entre otras materias", asegura la Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, Pilar Hazbun. 

Una vez declarado el estado de catástrofe, el Jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá las siguientes atribuciones:

  • Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia.
  • Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella.
  • Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros.
  • Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes.
  • Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.
  • Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público.
  • Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública.
  • Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población.
  • Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona.

La declaración del estado de catástrofe se puede realizar por un máximo de 90 días,  pero el Presidente de la República podrá solicitar nuevamente su prórroga o su nueva declaración si subsisten las circunstancias que lo motivan. Sin embargo, el Congreso puede dejarla sin efecto transcurridos ciento ochenta días desde la declaración si las razones que la motivaron hubieren cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un periodo superior a un año con el acuerdo del Congreso Nacional.  Las medidas que se adopten durante los estados de excepción en ningún caso podrán prolongarse más allá de la vigencia de dichos estados.

Además, cabe destacar que los tribunales de justicia no pueden calificar ni los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por el Presidente para decretar el estado de catástrofe. Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales por medio de los recursos que correspondan.  Del mismo modo, las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley. También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello se cause daño. 

“En definitiva, la declaración del estado constitucional de catástrofe constituye un mecanismo excepcional que permitirá a la autoridad reaccionar de manera rápida y eficiente para hacer frente a la calamidad pública que enfrentamos hoy producto del Covid-19”, señala Pilar Hazbun.