PROYECTO DE LEY SOBRE CONGELAMIENTO DE PRECIOS: EFECTOS INDESEADOS HACEN NECESARIO QUE SE LEGISLE CON CAUTELA

Se encuentra en trámite, en la Comisión de Salud del Senado, el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia (Boletín N° 13.303-11).

Este proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite constitucional, prohíbe en el caso de una epidemia o pandemia y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria, aumentar los precios de los productos farmacéuticos, productos alimenticios y de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas dicha alerta, epidemia o pandemia y también de los productos que sirvan para prevenir la alerta o pandemia de forma directa o indirecta, y de los que cumplan funciones de higiene personal, domiciliaria o ambientales, durante el tiempo que dure la alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Esto se aplicará a laboratorios, farmacias, almacenes farmacéuticos y demás establecimientos que vendan o comercialicen estos productos.

No obstante compartir la preocupación que da origen a esta iniciativa, según la abogada del Programa Legislativo, Trinidad Schleyer, los efectos indeseados que ella generará, hacen necesario que se legisle con la debida cautela, primando por sobre todo el aseguramiento de la disponibilidad de los productos necesarios para combatir esta pandemia, debiendo el Estado tener las atribuciones adecuadas para la consecución de este fin. “Nuestra recomendación es no perseverar en la discusión de este proyecto de ley pues generará mayor escasez de productos, mercado negro y terminará afectando negativamente a la población”, explica la abogada.

Al respecto, expone las razones:

a) Especulación v/s aumento justificado de precios: para poder legislar adecuadamente respecto a prohibiciones en el aumento de precios de diferentes productos, es clave distinguir la especulación del aumento justificado en los precios. En situaciones como la que estamos viviendo con el coronavirus, toda la logística para que las farmacias o establecimientos de comercio se puedan abastecer se hace más difícil. Así también, los insumos son más escasos y caros, especialmente al tratarse de una pandemia que afecta la productividad de muchos países. Por lo tanto, la producción y distribución de muchos de los productos tendrá naturalmente mayores costos, los que se traspasarán a los establecimientos finales de expendio.

Debido a esto laboratorios, farmacias y demás establecimientos tendrían la necesidad de subir los precios, lo que no sólo es justificado, sino que además es necesario.

Un aumento razonable y justificado de precios es aún más necesario cuanto más larga es la crisis, para evitar la escasez de los productos.

b) Racionamiento de ventas: si se fijan artificialmente los precios a un nivel mucho más bajo que el de equilibrio, establecer un número máximo de unidades que cada persona puede comprar resultaría inevitable puesto que los incentivos estarían puestos para comprar muchas unidades (no necesariamente para consumo, sino también para revenderlas a mayor precio y tener ganancias generando un mercado negro). Esta medida es considerada por el proyecto de ley, pero sólo respecto a la crisis actual, pues se incluye en las disposiciones transitorias.

c) Epidemia o pandemia y alerta sanitaria: de la redacción del proyecto de ley que establece la prohibición para “en el caso de una epidemia o pandemia y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria”, se entiende que ambas circunstancias son copulativas. Esta es la única interpretación que hace sentido, toda vez que la existencia de epidemias o pandemias, no necesariamente significan que afectan el territorio nacional, ni tampoco la declaración de una alerta sanitaria originada por otro motivo serviría de justificación a una norma como la propuesta.

d) Productos afectados: en el proyecto de ley se congelarán los precios de los productos que sirvan para prevenir la enfermedad que da origen a la alerta sanitaria, directa o indirectamente, quedando a la discrecionalidad de la autoridad sanitaria la determinación de los productos a los que se extenderá esta medida. Esta redacción es bastante vaga y deja abierta la posibilidad de congelar los precios de muchos productos.

Además, si es que se van a fijar precios, sería de mayor justicia que la medida se extendiera para toda la cadena de valor y no solo al distribuidor final. Esto porque si los proveedores pueden subir el precio a los distribuidores, quitándoles todo el margen de venta, estos últimos no van a tener incentivos o simplemente no van a tener la posibilidad económica de seguir operando.

Por su parte, establecer que es la autoridad sanitaria la que los determinará, excede de la potestad legislativa de los parlamentarios, pues aunque no se señale cual es la autoridad sanitaria, se están determinando sus funciones o atribuciones, lo que corresponde a iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

VER MINUTA (31 de marzo)