PROHIBICIÓN DEL CORTE DE SUMINISTROS BÁSICOS EN CASO DE DEUDA: UN PROYECTO DE LEY A REVISAR

Durante el transcurso del 25 de marzo, se aprobó en general y en particular en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados una moción parlamentaria que tiene por objeto prohibir que, durante la vigencia del estado de catástrofe decretado a causa del Covid-19, aquellas empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios detengan, suspendan o interrumpan dicho servicio en base a la existencia de mora en el pago que deban efectuar los usuarios finales. Se entenderá por empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios aquellas que proporcionan agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistemas de telefonía. 

Asimismo, la iniciativa establece que las deudas de los usuarios finales se prorratearán en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe y su cobro no podrá incorporar multas ni intereses por mora. La infracción a esta norma será sancionada con muta de 1.000 a 2.000 UTM ($50 a $100 millones) a beneficio fiscal. 

La iniciativa –que será ahora estudiada por la Sala de la Cámara de Diputados- surge con el objeto de aliviar a aquellas personas que no puedan, en virtud de la crisis vigente a raíz del Covid-19, realizar el pago de sus servicios básicos, evitando el corte del suministro y postergando el pago de dichos servicios hasta el momento posterior al levantamiento del estado de catástrofe. “Si bien el objeto es valorable, al tiempo que no se recurre a un perdonazo o condonación, lo que también es valioso, los términos en que está planteada la iniciativa adolece de algunos defectos y puede generar efectos perjudiciales”, plantea la Coordinadora del Programa Legislativo, Pilar Hazbun.

 Dentro de estos efectos perjudiciales, explica la abogada, se encuentra en primer lugar que el proyecto establece que dicha medida será aplicable durante la totalidad de la vigencia del estado de catástrofe, esto es, 90 días. Sin embargo, dicho estado de excepción constitucional es susceptible de prórroga o nueva declaración si subsisten las circunstancias que lo motivan, es decir, no existe certeza ni seguridad jurídica respecto de la extensión de dicho estado. En consecuencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios se verán expuestas a una incertidumbre respecto de sus propias recaudaciones, lo que podría provocar consecuencias aún más perjudiciales en dichas áreas afectando directamente la cadena de pago. 

Por otro lado, la iniciativa no se encarga de focalizar el apoyo, puesto que y tal como se encuentra redactada la norma, cualquier cliente final se encontraría autorizado para negarse a cumplir con el pago de sus servicios básicos domiciliarios, sin realizar distinción de ningún tipo, cuestión que parece bastante discutible en atención a las facultades económicas de los diferentes grupos en nuestro país.

“Dicho de otro modo, podría ocurrir que amparándose en la norma, nadie pague, lo cual es especialmente grave atendiendo el complejo momento económico por el que atraviesa el país. En ese sentido, lo más razonable es que aquellas personas que puedan pagar dichas cuentas, las sigan pagando, y quienes no puedan, accedan a un tratamiento más flexible que implique reprogramar los pagos. Esto permitiría no interrumpir las cadenas de pago” enfatiza Pilar Hazbun. 

Adicionalmente, el proyecto de ley no atiende a las particularidades de cada sector, es decir, considera en los mismos términos al sector de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas y telefonía. Tampoco realiza diferenciación en los tipos de empresas que componen dichos sectores. Ello puede significar dos consecuencias: por un lado, puede ocurrir que determinadas empresas reciban más que otras generando diferencias asimétricas en las recaudaciones generadas al interior de un sector, y por otro, producto de altas diferencias en el poder recaudatorio, podría acontecer que, a consecuencia de bajas recaudaciones por parte de determinadas empresas, se torne insostenible su continuidad, considerando además que las deudas de los usuarios finales se prorratearán en las cuentas de los 12 meses siguientes a la fecha del levantamiento del estado de catástrofe.

En último término, y producto de las particularidades propias de cada sector, el sector de energía eléctrica se vería notoriamente afectado dadas sus características propias. En términos generales, nuestro sistema eléctrico se compone de tres grandes segmentos, esto es, generación, transmisión y distribución. La división tripartita es de suma importancia, puesto que el proyecto de ley solo generaría efectos (en principio) para el segmento distribución el que constituye la última etapa del sistema eléctrico. En términos simples, la red de distribución permite llevar energía eléctrica desde líneas aéreas y subterráneas, extendidas a lo largo de calles y caminos, hasta los empalmes de los distintos consumidores. En consecuencia, en el sector de energía eléctrica serán las distribuidoras quienes asumirán el costo financiero.  Lo anterior genera un nuevo inconveniente, puesto que en la próxima fijación tarifaria de servicios de distribución se tendrá que incorporar dicho costo como parte del costo que tienen las compañías por prestar el servicio, lo que se traducirá en el alza de las tarifas de distribución. 

En suma, es necesario considerar las diferentes problemáticas y dificultades que genera el proyecto de ley en su estado actual a efectos de poder efectuar correcciones. Al respecto, sería recomendable lo siguiente: 

  • Establecer un plazo fijo de la vigencia de dicha medida de manera de otorgar seguridad y certeza jurídica a los diferentes actores. 
  • Que la medida esté destinada a aquellas personas más vulnerables, puesto que una medida extensiva podría provocar un problema en el flujo de caja de las diferentes empresas y consecuencialmente un problema en la cadena de pago de dichas empresas. Otra posibilidad es que, en vez de retrasar el pago, se otorgue por parte del Estado un subsidio temporal a aquellas personas más vulnerables. 
  • Atender a las particularidades propias de cada sector, puesto que en miras a otorgar una solución se puede ocasionar un problema mayor, esto es, la interrupción del servicio, el desmembramiento de las empresas que componen cada sector, o bien, un alza en las tarifas futuras.