Análisis tras la presentación de la Ley de Presupuestos 2017

La Presidenta Bachelet presentó ayer el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, para el año 2017. Éste, presenta un crecimiento del gasto que alcanza un 2,7%, cifra que es reflejo del bajo crecimiento de largo plazo de la economía, que para 2017 se proyecta en torno al 3%. Se destaca que en 2017, los ingresos estructurales se ven incrementados adicionalmente por la penúltima etapa de la reforma tributaria. En la misma línea el año 2016 el crecimiento del gasto proyectado está en torno al 4,0%; mientras que el crecimiento de la economía se estima no superaría el 1,7%.

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Sin duda, las Reformas que el Gobierno ha impulsado, han impactado fuertemente a nuestra economía y el gasto que hoy se propone es consecuencia de ello. La razón de por qué no estamos creciendo, no se debe íntegramente a la baja del precio del cobre.

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Si bien se valora el esfuerzo por mantener contenido el aumento del gasto y lo que parece ser un apego a la nueva regla fiscal (ajustada en febrero), surgen preocupaciones por el incremento de la deuda del gobierno. Otra muestra más de la estrechez económica, es el nivel de deuda bruta del país, el que alcanzó a 20,6% del PIB, lo que corresponde al nivel más alto desde el año 1994. Si esto no es controlado, podría impactar negativamente en la clasificación de riesgo de Chile, teniendo efectos que impactan a todos.

Para quienes promueven un incremento del gasto público para reactivar la economía, la evidencia demuestra que ésta no es una buena política, y que de hecho no logra el efecto buscado, es más, aumenta la deuda pública. Por el contrario, hoy una política más expansiva arriesga la clasificación de riesgo país (y con ello incremento de las tasas de interés) y un efecto adverso si los agentes perciben que no es sostenible en el largo plazo.

En economías abiertas y con un tipo de cambio flexible, el efecto de un mayor gasto público es marginal o no existe. Además, este menor crecimiento se debe a problemas de Oferta, por lo que no se puede solucionar con política fiscal, ni con política monetaria.

En el presupuesto de este año se verán reflejados buena parte de los recursos que se espera recaudar por la Reforma Tributaria, esperando que en 2018 dichos recursos ya estén en régimen. Sin embargo, los mayores costos por las reformas educacionales aún no se ven reflejados, pero los nuevos dineros recaudados ya fueron gastados o comprometidos en otras áreas. Es fundamental que el Gobierno transparente en qué iniciativas se han ejecutado estos recursos.

Considerando, por tanto, el estrecho escenario fiscal al que nos enfrentamos, es esencial ser eficientes en el gasto público, es por ello que toman especial relevancia las evaluaciones al Gasto Público. La Dipres efectúa Evaluaciones de Programas Gubernamentales, de Impacto de Programas, del Gasto Institucional (EGI), y de los Programas Nuevos, junto con ello, el Ministerio de Desarrollo Social, evalúa los Programas Sociales. Los Resultados de éstas, deben tener como consecuencia una revisión del gasto.

Las prioridades definidas por el Gobierno son Salud, Educación y Seguridad, donde 8 de cada 10 pesos de incremento serán destinadas a estas áreas. Los dos primeros han incrementado de manera relevante los últimos años sus presupuestos, dejando de manifiesto que la solución no es sólo inyectar recursos, sino también la gestión de ellos. Definir criterios de acuerdo a los recursos disponibles y hacerse cargo de las falencias toma una mayor importancia.

En materia Educacional, la ley de presupuestos nuevamente viene a ser una medida de parche para salvar la propuesta de gratuidad del Gobierno, mientras no se logra resolver una propuesta viable en un proyecto de ley sobre la materia. Si bien el año pasado se señaló que la inclusión de una glosa en la Partida de Presupuestos era algo temporal, la demora y poca gestión del Gobierno para presentar la Ley de Educación Superior provocó que la gratuidad, una política de largo plazo y central,  nuevamente deba ser  regulada mediante una glosa.

En materia de Salud, la renuncia a las Concesiones, significó cerca de 2.500 camas hospitalaria, lo que contribuye al déficit de camas en el que se encuentra el País. Si bien, el MINSAL se comprometió a un millonario plan de inversiones por US$4 mil millones: “20-20-20”, esto es, contar en marzo de 2018 con 20 hospitales construidos, 20 “en construcción” y 20 “en estudio o licitación”, esta promesa se aleja cada vez más de la realidad, producto una vez más de la mala gestión.

En materia Previsional, el anuncio de incrementar en un 10% la pensión básica y el aporte previsional solidario es una buena medida, ya que otorga un incremento inmediato a quienes reciben las pensiones más bajas..

El año 2017, toma especial relevancia cuidar situaciones que puedan provocar intervencionismo electoral. Las recomendaciones que ha efectuado el Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, donde presenta una serie de propuestas relativas a “Fortalecer regulaciones y fiscalización contra el intervencionismo electoral”, deben ser consideradas. Si bien el Ejecutivo ha dispuesto, por segundo año consecutivo, un intenso plan para el traspaso de personal contratado a honorarios a contrata, debe revisarse si los 8.000 cupos que se proponen en el articulado presentado, cumplen funciones permanentes, pues la “Comisión Engel” propone prohibir  en períodos de elecciones nuevas contrataciones a honorarios por parte del Gobierno, y limitar el gasto en publicidad al mismo parámetro de los dos años previos a la elección, mensualizado, lo que se verificará con toma de razón ex ante. Además se debe pone énfasis, además en cautelar el uso de recursos públicos en el período pre eleccionario, particularmente en las inauguraciones y otras prestaciones distintas a las de carácter periódico, salvo para atender emergencias.