Luego de semanas con el tema como uno de los protagonistas en la agenda pública, finalmente el Ejecutivo ha ingresado el proyecto de ley (Boletín 9790-07) que establece un nuevo marco legal para el financiamiento de la política. Se trata de un mensaje que desbalancea el financiamiento mixto, hacia una alternativa preferentemente estatal, acotando los espacios de financiamiento ciudadano, y eliminando de pleno el financiamiento privado. En aras de avanzar hacia mayor equidad en la competencia, se lesiona profundamente el principio de libertad de expresión que es el que está detrás de toda acción de respaldo político bajo la modalidad de financiamiento. Por otra parte,  resulta evidente que la propuesta incidirá de modo negativo en la competitividad del sistema, siendo una regulación que se adapta a los intereses de los candidatos titulares del cargo que buscan la re-lección (incumbentes) dificultando de sobremanera la posibilidad de los candidatos desafiantes de ser una alternativa realmente competitiva desde el punto de vista electoral. Finalmente, se propone un esquema regulatorio que a la hora de prohibir el aporte de las empresas y al eliminar toda forma de contribución anónima y/o reservada, se aleja completamente del estándar de las democracias consolidadas.

EFECTOS EN COMPETENCIA: SILENCIANDO LA VOZ DE LOS DESAFIANTES

En un escenario donde compite un titular del cargo que busca la reelección (incumbente) y un candidato desafiante, el primero posee el capital político de conocimiento, tiene acceso a redes territoriales y a una plataforma, a partir de la cual, puede exhibir los logros de su gestión. En contrapartida, el desafiante sólo puede hacer uso de los medios que dispone gracias a los espacios que surgen desde la propaganda electoral.

La experiencia muestra que los desafiantes para ser candidatos realmente competitivos deben gastar más recursos que un titular que busca la reelección[i]. Sin embargo,  la fórmula propuesta por el ejecutivo acota las fuentes de financiamiento electoral a 500 UF en el caso de candidatos a alcalde o concejal y a 1.000 UF en el caso de candidatos a consejero regional, diputado, senador o Presidente de la República y disminuye el límite del gasto en un 50% para todas las candidaturas, a lo que se suma el hecho de que se acotarán los espacios de publicidad electoral en espacios públicos y como producto de la reforma al sistema electoral los nuevos distritos serán más extensos, debiendo los candidatos abarcar más territorio a la hora de desplegar una campaña. Estos factores sólo redundarán en el hecho de que la propaganda electoral de los candidatos nuevos no podrá mostrarse con la intensidad requerida, y en consecuencia, la reelección de los incumbentes será casi un hecho.

Lo anterior se contradice con la opinión mayoritaria de la ciudadanía y también de los expertos, sobre la falta de competitividad que experimenta nuestro sistema político. Un genuino compromiso por potenciar la competitividad del sistema debiera permitir que tanto desafiantes como incumbentes enfrenten la elección sin ventajas determinadas por la regulación vigente.

HIPERTROFIA ESTATAL EN EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA

La propuesta en cuestión desbalancea el financiamiento mixto, hacia una alternativa preferentemente estatal acotando los espacios de financiamiento ciudadano, y eliminando de pleno el financiamiento privado de parte de personas jurídicas. No parece acertado que los niveles de dependencia financiera de las entidades políticas respecto del Estado se acreciente de sobremanera. En primer lugar, por un asunto de autonomía programática y operacional, y en segundo lugar, por la innegable burocratización a la cual se verán expuestas las agrupaciones, considerando que son a partir de fondos públicos que sus operaciones esenciales se desarrollarán. Desvincular a los partidos de su medio específico que no es otro que la ciudadanía, podría traer como consecuencia un mayor distanciamiento de las agrupaciones políticas de la sociedad civil[ii].

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[i] Benoit, K. & March, M. (2010). "Incumbent and Challenger Spending Effects in Proportional  Electoral System: The Irish Election of 2002. En Political Research Quarterly. Vol.63. N°1. pp. 159-173.

[ii] Van Biezen, I & Kopecky, P. (2007). “The state and the parties ? Public funding, public regulation and rent?seeking in contemporary democracies”. En Party Politics, N° 13, pp. 235?254.