ALEX GALETOVIC: “LA LEY QUE FUERZA A GENERAR CON ERNC ES UN CASO DE POLÍTICA AMBIENTAL CARA E INEFICAZ”

El real efecto de potenciar las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) es lo que el investigador y académico de la Universidad de Los Andes, Alex Galetovic analiza en esta entrevista.

A su juicio, se suele creer que existe una tensión irreconciliable entre buenas políticas medioambientales y la eficiencia económica, porque cuidar el medio ambiente aumenta los costos de producción. Sin embargo,  asegura que la contaminación tiene costos económicos y, en la práctica, el costo causado por los daños medioambientales de la contaminación sin control, sobre todo a la salud de las personas, es alto, mientras que el costo de las medidas más eficaces es considerablemente más bajo.  "Por eso, varias políticas medioambientales actualmente vigentes son costo eficientes, pues lo que ahorran en daños es considerablemente mayor que el aumento de costos de producción que causan. En la medida que las políticas medioambientales sean las apropiadas, no hay mayor tensión entre más eficiencia económica y menor contaminación. Por contraste, algunas políticas ambientales ardorosamente defendidas no sólo son carísimas, sino innecesarias e ineficaces".

- En ese sentido, cómo evaluaría las normas actuales y el papel del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y de las normas técnicas? ¿Han sido eficaces y costo eficientes?

 

- El SEIA ha sido criticado muchas veces por ineficaz para regular la contaminación atmosférica. Sin embargo, según un estudio realizado junto a Cristián Hernández, el SEIA y la norma técnica combinadas generan beneficios sociales netos del orden de US$ 450 millones al año sólo en el SIC (equivalente a 1/7 del costo de abastecimiento anual del SIC, incluyendo capital, combustible y medio ambiente).

- Ahora se propone un impuesto a las emisiones locales. ¿Considera que ello es positivo o importa una sobre regulación?

- No creo que tengan mayor impacto ambiental local ni global, porque no inducen abatimiento de contaminantes ni sustitución de tecnologías. En realidad, seguramente se trata de un paso más hacia la prohibición legislada o de facto de construir nuevas centrales a carbón, hoy por hoy la alternativa más barata de generación a la cual puede acceder nuestro país.

 

- ¿Aumentará el costo de la generación?

- En tiempos normales bastaría con examinar el impacto de los impuestos sobre el costo y el precio de largo plazo de la electricidad generada con la tecnología de expansión, aquella que determina el costo marginal de largo plazo de la generación. Hoy no se sabe cuál es esa tecnología porque las acciones de la autoridad han prohibido de facto construir centrales a carbón e Hidroaysén. Pero en cualquier caso, los impuestos aumentan el costo de generar con carbón en más o menos 5%.

Alguien podría argumentar que este aumento del costo de la generación es “pequeño”. Sin embargo, se le suma a una sucesión de aumentos que comenzaron hace casi diez años con la crisis del gas argentino, y que en conjunto con la creciente dificultad de construir proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos, han elevado los costos de la energía en Chile a niveles muy altos. Sería un tanto frívolo concluir que 5% es “poco”.

- Adicionalmente se ha propuesto un impuesto a las emisiones de CO2 ¿Es razonable para un país como Chile?

- El defecto del impuesto que quiere cobrar el gobierno es que una meta de reducción de emisiones de carbono tiene sentido sólo en la medida que previamente haya un acuerdo global y vinculante de disminución de emisiones de GEI. Como ese acuerdo no existe aún y por el momento el resto del mundo continuará emitiendo y en la mayoría de los países el precio del carbono es cero, este impuesto chileno no sólo tendrá un costo neto para los chilenos; también es un subsidio ambientalmente ineficaz al resto del mundo.

- La ley de ERNC también tiene un trasfondo medioambiental pues busca alentar una generación de energía más limpia. ¿Qué opina al respecto?

- La ley que fuerza a generar con ERNC es un caso de política ambiental cara e ineficaz. Con Cristián Hernández estimamos que la reciente Ley 20/25 le debería costar al país a lo menos US$ 500 millones al año sólo en el SIC sin incluir los aumentos del costo de la transmisión necesarios para manejar las intermitencias del viento y del sol. Esta pérdida social es similar a la que causó la pérdida del gas argentino. Si se adoptase el 30/30, la pérdida social debería aumentar a unos US$ 1.000 millones al año suponiendo, por cierto, que en el SIC hay capacidad de ERNC aprovechable en los plazos que nuestros legisladores están imponiendo, cuestión que dudo sea el caso. Con la obligación modificada por la Ley 20.698, el costo total podemos aproximarlo a los US$ 1.600 millones anuales, aun sin considerar el costo de la variabilidad estocástica de la generación ERNC intermitente, ni las restricciones de operación de las centrales térmicas de base.

- Pareciera que siempre habrá una tensión entre menor precio de la energía (que afecta la competitividad) y el resguardo medioambiental (que protege la salud y el patrimonio ambiental de esta y futuras generaciones). ¿Cómo resuelven este conflicto otros países del mundo?

- En la medida que las políticas ambientales sean bien pensadas y costo-eficientes (v.gr. SEIA o normas de emisiones vigentes), prácticamente no hay tensión; es obvio que conviene tener política ambiental y normas de emisión. La “tensión” la introducen las políticas caras e ineficaces como la ley de renovables o los impuestos a las emisiones de CO2.

-  ¿Cree que es posible destrabar los proyectos de energía en el corto plazo? ¿Considera que la agenda de energía presentada por el gobierno es un aporte para ello?

- Si las autoridades sectoriales entendieran el problema, confiaran en la Corporación Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y removieran los obstáculos a los proyectos, el problema se solucionaría en breve plazo. Durante dos décadas la Conama ha trabajado de forma seria y eficaz y, por eso, podemos generar con carbón y agua contaminando poco. Pagaríamos los costos del retraso de inversiones por un par de años más (los que tome construir centrales) pero los precios contratados y en licitaciones caerían de inmediato, porque se incorporaría el hecho que en cuatro o cinco años más entraría generación abundante. En las condiciones actuales, por supuesto, esto es una fantasía, entre otras cosas porque poco o nada en la Agenda de Energía sirve para enfrentar el problema. Así que en el futuro previsible seguramente las cosas continuarán empeorando.