AGENDA «ANTICRECIMIENTO» DEL GOBIERNO ES LA CAUSA DE LA DESACELERACIÓN

Como un verdadero balde de agua fría cayó el crecimiento del IMACEC del mes de junio, de 0,8% en doce meses, por debajo de las estimaciones más pesimistas . Con esta cifra, el crecimiento del segundo trimestre respecto del primero fue nulo, lo que permite afirmar que la economía chilena está estancada. Más temprano que tarde esto afecta el mercado laboral, a través de mayor desocupación y menor incremento de remuneraciones. De hecho, de los 101 mil nuevos puestos de trabajo creados en los doce meses terminados en junio, el 90% corresponde a empleo por cuenta propia, mientras cae el empleo asalariado, y cae en mayor medida aún el empleo asalariado con contrato escrito y prestaciones de seguridad social. Estas cifras y otras hacen evidente que el crecimiento económico es condición necesaria para lograr un mayor bienestar social.

Es de gran importancia entonces determinar las causas de esta excesiva desaceleración desde un punto de vista más técnico. Dentro de las posibles fuentes del menor crecimiento se deben distinguir aquellas de carácter cíclico de las que tienen efectos más estructurales. Asimismo, las causas pueden ser de origen externo o interno.

El gobierno ha mencionado repetidamente que esta desaceleración es una herencia del gobierno anterior, sin embargo, la evolución de las expectativas muestra otra cosa, pues su deterioro se ha acentuado fuertemente en meses recientes, como muestra el siguiente gráfico:

Vemos en el gráfico anterior que entre diciembre de 2013 y agosto, la expectativa de crecimiento para 2014 se redujo de 4% a 2,5% y para 2015 de 4,4% a 3,5%, sin que el escenario externo se haya deteriorado en ese lapso.

CAUSAS EXTERNAS

Es indudable que el proceso de desaceleración de la economía se inició el año pasado, explicado en parte por el fin del expansivo ciclo minero del período 2005-2012.

Si bien los términos de intercambio empezaron a caer en 2011, a partir de 2012 se han mantenido relativamente estables. Adicionalmente, y distinto a lo que ocurría en Chile en décadas pasadas, las caídas de términos de intercambio, en un contexto de tipo de cambio flexible, tienden a ser contrarrestadas con un aumento del tipo de cambio real como de hecho ha ocurrido desde inicios del año pasado (ver Gráfico N° 2). Lo mismo es efectivo respecto del aumento de las tasas de interés externas, producto de la reducción del estímulo monetario en Estados Unidos. Si bien la tasa de largo plazo en dólares ha subido cerca de un punto porcentual desde sus niveles mínimos, y podría subir en forma adicional en los próximos meses, la depreciación consecutiva del peso atenúa el efecto a través de mayor competitividad del sector transable. De hecho, las exportaciones fueron el componente más dinámico de la demanda agregada en el primer trimestre (5,7%), después del consumo de gobierno (9,6%). En parte esto se debería a que el tipo de cambio real ha subido algo más de un 10%. Es indudable entonces que la fuerte desaceleración de nuestra economía no tiene como una de sus causas principales el deterioro de las condiciones externas, que en términos generales son más bien neutras o favorables que negativas.

CAUSAS INTERNAS

Dentro de los problemas internos que explican la fuerte pérdida de dinamismo de la economía, se deben distinguir los factores cíclicos de los más permanentes. Consideramos además que no todos los factores internos negativos se originan en la acción de este gobierno, sino que algunos forman parte de una tendencia anterior.

Probablemente el tema de mayor gravedad es el creciente debilitamiento del Estado de Derecho en el país, y la relativización del derecho de propiedad en declaraciones de altas autoridades. Esto se ve reflejado en situaciones vistas en materia de energía, puertos, huelgas ilegales y violencia en La Araucanía, por mencionar algunos. Las modernas teorías de crecimiento asignan a los factores institucionales un rol clave en el desarrollo, y en este aspecto se observa un debilitamiento en el país.

Una segunda razón de vital importancia para explicar la pérdida de confianza de los agentes económicos es la reforma tributaria, que tiene impactos transitorios y permanentes. El efecto transitorio es la fuerte incertidumbre que se empezó a generar en esta materia hace más de un año, durante la campaña presidencial, acentuada al constatarse la profundidad, complejidad y contenidos de la misma. Parcialmente,  el acuerdo logrado ha dado espacio a perfeccionamientos en el diseño y ha dado muestras de racionalidad técnica que eran necesarias, y que deberán ser ratificadas por los parlamentarios en las etapas que faltan.

Sin embargo, persisten efectos relevantes sobre el crecimiento de tendencia de la economía, al disminuir la rentabilidad de los proyectos y hacer menos atractivo el ahorro de las empresas, producto del significativo aumento de tasas y la desintegración parcial. No puede desconocerse que en menos de 10 años el impuesto a la renta, considerado el más ineficiente de los tributos, subiría casi un 60%. Incluso algunas autoridades del propio gobierno han reconocido que este aumento de impuestos castiga la inversión, pero que este efecto puede ser contrarrestado a través de un aumento del capital humano. Si bien este argumento es teóricamente correcto, en la práctica pierde validez por dos razones; primero, un problema de timming, ya que la mejoría del capital humano es un resultado de largo plazo, y segundo, y aún más grave, es que las propuestas conocidas de reforma educacional evidencian elementos de improvisación importantes y no mejoran el capital humano, ya que no enfrentan el problema de la calidad de la educación, sino son meras transferencias de recursos.

Las reformas laborales que se darían a conocer en octubre   apuntarían a una mayor rigidización del mercado laboral, y un encarecimiento de la contratación formal de trabajadores. En esta materia la experiencia evidencia que muchas veces, buscando proteger a algunos trabajadores, la rigidización termina perjudicando las posibilidades de desarrollo y ascenso de los mismos trabajadores, la evolución del empleo y las remuneraciones promedio en el largo plazo.

Otro factor que sin duda afecta el crecimiento económico, tanto en términos transitorios como permanentes, es la incertidumbre institucional, en materias tan relevantes como la Constitución Política, pero también en aspectos regulatorios más específicos. Entre éstos, uno de los de mayor gravedad en términos de incertidumbre institucional es la probable implementación de una nueva reforma previsional, la eventual expropiación de la cotización de salud a los afiliados de Isapres, proyectos de ley que encarecen o agregan restricciones al emprendimiento privado, como lo que se propone en la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, o el proyecto que busca transformar el SERNAC en una super agencia, sin suficientes contrapesos y garantías de imparcialidad, sin desmedro de lo clave que es en una economía de mercado la protección al consumidor y la competencia.

El siguiente cuadro resume en términos generales los aspectos negativos y positivos, y a nuestro juicio, el balance es negativo, conformando  una verdadera “Agenda Anticrecimiento” que contribuye fuertemente a explicar el fuerte deterioro de las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo.

Como contrapeso, se anuncian políticas pro-crecimiento que estaría llevando a cabo el gobierno, que pretenden balancear los efectos anteriormente esbozados. Sin embargo, se desprende de éstas un sesgo estatista, ignorando que ningún país ha logrado crecer a un ritmo importante y sostenido sin el concurso de un sector privado dinámico y pujante.

Una primera política se refiere a la capitalización de empresas públicas, siendo CODELCO la más significativa en términos de recursos, seguida de Banco Estado, a lo que se suman recursos para CORFO. La capitalización del Banco Estado, al igual que los recursos para CORFO, es en definitiva una política cuasi fiscal de aumento de crédito, pero difícilmente contribuye a mejorar el potencial futuro de la economía.

La agenda de productividad del Ministerio de Economía tiene elementos positivos, y se percibe una intención de imprimirle mayor agilidad, sin embargo, tiene un sesgo de elegir sectores ganadores que conlleva riesgos importantes. En general es fundamental la intención de aumentar la competencia y la importancia dada a la innovación y el emprendimiento como motores de la economía. Sin embargo, en los instrumentos para lograr las metas hay una confianza excesiva en el rol del Estado. Por otro lado, parece negativo el que se haya abandonado la agenda de competitividad del gobierno anterior, en lo que se refería a eliminar trabas burocráticas que dificultan la actividad productiva.

La agenda de energía cuenta a priori con una evaluación positiva respecto a los objetivos que se plantea. Sin embargo, existe aún poca claridad respecto a los instrumentos que se utilizarían para lograr esas metas. Se ha planteado un objetivo de reducción de costo de la energía, sin embargo, los expertos tienden a coincidir en que esta meta no sería viable de no tomarse medidas concretas para lograrla. Sin duda un aspecto clave en materia energética sería destrabar los proyectos en carpeta, pero hasta la fecha no se ha hecho nada para avanzar en esa línea. Aun más, se rechazó el proyecto hidroeléctrico más grande, debilitando de paso la institucionalidad vigente.

Por último, evaluamos positivamente lo que se ha planteado en términos de capacitación laboral, no tanto por su efecto dinamizador en el corto plazo, sino por su impacto en equidad y en superación de la pobreza. El gobierno estaría poniendo el foco en jóvenes y mujeres de bajos ingresos, los que recibirían capacitaciones más largas y efectivas.

En resumen, no todo es perjudicial, pero la balanza está claramente inclinada hacia los aspectos negativos. Mientras este desequilibrio no se modifique en forma clara, es difícil pensar que la economía pueda recuperar tasas de crecimiento por sobre niveles de 4%.

Se podría argumentar que si bien la agenda es desfavorable al crecimiento, tiene impactos positivos en equidad. Sin embargo, no es así, por cuanto las medidas que hemos evaluado en forma negativa, tampoco llevan a una mejor distribución del ingreso. En este sentido, la política de capacitación laboral a sectores vulnerables es sin duda la más favorable, sin que se genere un conflicto entre eficiencia y equidad.