Nada sorprendente resultó para la Economista Senior de Libertad y Desarrollo, Susana Jiménez, el que hoy el Comité decidiera por unanimidad rechazar el proyecto HidroAysén.
Según pudo recabar la investigadora, al menos tres autoridades que conforman dicho comité ya habían efectuado declaraciones en esta línea[i] previo al análisis técnico-legal del proyecto, por lo cual, en su opinión, debieran haberse inhabilitado en el proceso.
En efecto, dichas afirmaciones fueron efectuadas estando en curso el proceso de invalidación de los acuerdos adoptados el 30 de enero del 2014 por el Comité de Ministros del gobierno anterior y, en consecuencia, quedando pendiente el pronunciamiento sobre los recursos de reclamación del 24 de junio de 2011 contra la resolución de la Comisión Evaluadora de la Región de Aysén que había calificado ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
El proyecto rechazado es un complejo hidroeléctrico de 2.750 MW que aportaría al SIC una generación importante de energía eléctrica (18.430 GWh, equivalente a casi 30% de la producción actual del país) en base a una fuente limpia, propia, renovable y competitiva. HidroAysén sería además el proyecto más eficiente de Latinoamérica pues generaría la mayor energía por hectárea embalsada y habría contribuido a aumentar significativamente la participación de energía renovable en la matriz eléctrica del país.
Los argumentos esgrimidos por el Comité de Ministros para fundamentar el rechazo serían la inexistencia de un plan de relocalización, la ausencia de una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto de cambios de la hidrología de los cursos alterados y la supuesta inconsistencia respecto a la línea base declarada y levantada por HidroAysén en fauna terrestre.
Según explica la economista, la decisión de rechazo se enmarca dentro de las atribuciones que tiene el Comité de Ministro siempre que este acto administrativo esté bien fundamentado. En efecto, tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Punta Alcalde, se estableció explícitamente que el Comité cuenta con atribuciones amplias para revisar no solo la legalidad de la decisión impugnada sino además para examinar aspectos de mérito de la misma, pudiendo “negar lugar, rechazar o establecer condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental”.
En consecuencia, “no está en juego la legalidad de la actuación del Comité, en la medida que la decisión esté basada en antecedentes suficientes, que consten en el expediente o en estudios nuevos. Cabe esperar, por tanto, la fundamentación del rechazo puesto que de no contar con este respaldo técnico podría haberse incurrido en una decisión arbitraria, contrario a lo que exige la ley”, señala Susana Jiménez.
En particular, la inexistencia de una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto de cambios de la hidrología parece ser el argumento más importante para justificar el rechazo, indica la economista. Esta misma deficiencia es la que habría motivado al Comité de Ministros de la anterior administración a solicitar los estudios hidrológicos sobre variación de caudal (fluctuaciones intradiarias, Baker 1 y 2 y Pascua 2.2) y vaciamiento de lagos glaciares (efecto Glof) para mejor resolver, en vista que no existían en el expediente antecedentes suficientes para una decisión fundada para la aprobación o rechazo. Así, de no existir informes adicionales a los que entonces se tuvieron a la vista, no se dispondría de información suficiente para probar la existencia de un impacto ambiental significativo que justifique el rechazo del proyecto. “El Comité pudo, en ese caso, haber solicitado informes o estudios que le permitieran mejor resolver, tanto en esta como en las otras materias”, agrega.
En síntesis, para rechazar un estudio de impacto ambiental habría que demostrar el incumplimiento de la normativa ambiental o bien probar que el titular no se hizo cargo de impactos significativos. “La gran pregunta, entonces, es si el Comité de Ministros podrá acreditar lo anterior”, concluye la economista.
