ANUNCIOS EN POLÍTICA INDÍGENA

Una de las deudas de la Presidenta Michelle Bachelet en sus 50 compromisos en los 100 primeros días fue en materia indígena. En el marco de la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, la mandataria enunció las medidas que entregaría en un plazo de seis meses.

De allí la alta expectación sobre los anuncios. Sin embargo, estos no entregaron suficiente detalle sobre los lineamientos y alcance de los mismos. Básicamente se remitió a dar cuenta de las materias que se pasarán a ser consultados, da acuerdo al Convenio 169 de la OIT que Chile suscribió.

Los lineamientos generales de la política indígena anunciada hoy van por la línea de hacer cambios en la institucionalidad y en el programa de compras de tierras.

Cambios institucionales

Sin duda que es destacable el cambio de institucionalidad a veinte años de la promulgación de la Ley Indígena 19.253, especialmente cuando el cambio de la Conadi se hace urgente. Tampoco se dieron a conocer los alcances del mismo, ya que debe pasar por consulta la nueva institucionalidad.

"Es pertinente la transformación de la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena, que es un paso necesario para constituir un servicio público moderno y eficiente de administración; y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que sería el órgano de representación nacional de los pueblos originarios. Hoy día, ambas funciones están mezcladas en la Conadi, con el resultado que ninguna de las dos se hace bien", advierte Claudia Hernández, investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD.

Más que un Ministerio, el cambio institucional podría pasar por la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que sea la encargada de centralizar los programas y desarrollar las políticas indígenas.

Para la cientista político, se necesita una política que sea dialogante con sus necesidades y de respeto de su cultura, lo que no pasa por la creación de mayor burocracia, sino de políticas que traigan un beneficio real. Con ello los anuncios de la Presidenta quedan en deuda. Interesante sería avanzar y profundizar en una agenda de desarrollo, con la inclusión de programas sobre emprendimiento, de fomento de la educación intercultural, de educación de su lengua, entre otros. Que han sido aportes a la mejora de la calidad de vida de los distintos pueblos.

Nuevo catastro de tierras

Uno de los temas que ha estado presente en el debate -dado las polémicas declaraciones del Intendente Huenchumilla- es la compra y venta de tierras, necesarias para dar cuenta de las demandas de los pueblos.

El fundamento central de la Ley Indígena es la importancia que tendría la tierra para las comunidades y el conflicto por su propiedad ha generado incentivos perversos que han agudizado la violencia en la zona. Como hemos señalado con anterioridad, no existe en la Ley Indígena un impedimento legal para que las comunidades indígenas que hayan tomado algún fundo o que hayan sido partícipes de una acción violenta accedan a beneficios.

"Los efectos que ha provocado el esquema centralista y paternalista a la Ley Indígena, se han traducido en un desánimo y descontento de la población indígena. Esta situación ha hecho posible que grupos más radicalizados hayan logrado permear un discurso revisionista y confrontacional con el Estado", señala Claudia Hernández.

Aún cuando se desconocen los alcances del anuncio de cambio de política de tierras del Gobierno, si el objetivo es el aumento de compras de tierras a través del aumento del presupuesto “considerablemente año a año”, la experiencia ha demostrado que no es la solución a los problemas que los aquejan. Hernández explica que a pesar de los cuantiosos recursos utilizados en compra de tierras (Gráfico N°1), esta no ha tenido un impacto en la mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas, ni una disminución de hechos de violencia con connotación indígena relacionados con temas de demandas de propiedad.

El marco de escasez de oferta de tierras, de demandas crecientes, y recurrentes casos de irregularidades como la compra de predios con sobreprecio, ha implicado que muchas comunidades se vieran impedidas a acceder a este beneficio. "Puede ser tiempo de evaluar la pertinencia de establecer criterios más restrictivos en materia de límites a la compra de predios, porque como se demuestra en la proyección, las demandas son crecientes y se generan expectativas difíciles de cumplir. De ahí que es interesante ver los alcances del nuevo catastro anunciado por el Gobierno", asegura Hernández.

Sin duda, que es un buen momento para repensar y hacer cambios en la política indígena, toda vez que el año pasado se cumplieron veinte años de la promulgación de la Ley Indígena y hay muchas sombras en su diagnóstico. Con todo, será en la materialización concreta de los anuncios gruesos entregados hoy por la Presidenta donde radicará  realmente la oportunidad de perfeccionar una política indígena que no está dando los resultados esperados.