LAS ARISTAS DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ABRE LA REFORMA TRIBUTARIA

En el marco de la reforma tributaria, han surgido diversos cuestionamientos en torno a la constitucionalidad de normas específicas del proyecto de ley presentado por la Presidenta Bachelet ante el Congreso Nacional[i]. Dichos cuestionamientos que no han bajado en intensidad en el marco de las indicaciones presentadas posteriormente por el Ejecutivo[ii]. Toda norma legal –y todo proyecto de ley que busca transformarse en norma– debe ajustarse material y formalmente a la Constitución Política de la República (CPR). Ello es exigido por el principio de supremacía constitucional, y la Carta Fundamental establece mecanismos para velar por la eficacia de dicho principio.

Tempranamente comenzaron a surgir dudas de constitucionalidad en algunos de los puntos de la reforma tributaria que hoy se discute. En primer lugar, sobre el tratamiento especial tributario de las rentas de ciertas autoridades políticas –discriminación que podría ser arbitraria, en términos no tolerados por la CPR[iii]-; luego, el alza de impuesto a las bebidas catalogadas con alto contenido de azúcar lo que implicaría igualmente una discriminación arbitraria[iv].

Sin perjuicio de lo anterior, existen otras normas específicas que cuyo no sólo atentan contra reglas constitucionales expresas, y de amplio reconocimiento en la jurisprudencia constitucional como se verá, sino que descansan sobre cimientos institucionales profundos que han evolucionado a través de siglos de constitucionalismo en su intento por limitar el poder estatal para garantizar las libertades individuales[v].

Ni más ni menos que eso está en juego cuando se examinan algunas de las nuevas atribuciones, genéricas, exorbitantes y desproporcionadas, que se le entregan al Servicio de Impuestos Internos (SII).

En este escenario,  existe una alta probabilidad que los conflictos constitucionales que genere la reforma sean resueltos por el Tribunal Constitucional (TC) (vía requerimiento parlamentario o inaplicabilidades en el caso concreto) o por las Cortes (vía acción de protección).

NORMA GENERAL ANTI-ELUSIÓN

En términos generales las nuevas facultades del SII revelan un cambio de enfoque global, no solo de sustancia sobre forma para efectos tributarios, sino de considerar al contribuyente como un sospechoso que debe ser vigilado y probablemente intervenido. Un claro ejemplo de esto es la norma general anti elusión contenida en el proyecto de ley. Tal como se comentó en un Tema Público anterior[vi], se propone incorporar al Código Tributario una norma en base a la cual se faculta al SII a desatender las formas jurídicas de las transacciones que buscan o produzcan ahorros en la carga tributaria de los contribuyentes. Lo anterior cuando a juicio exclusivo de este servicio, esos arreglos sean considerados “artificiosos” o “impropios” y no hayan producido efectos económicos “relevantes” distintos de los meramente tributarios y de los efectos que hubieran obtenido con los actos o negocios “usuales o propios”. Los impuestos que deben pagarse son los que el SII, actuando como juez y parte, determine conforme a los hechos económicos que los originan, con independencia de la formalidad jurídica adoptada por las partes.

El SII por vía administrativa y de manera discrecional decidirá si un determinado negocio jurídico corresponde efectivamente a lo que se ha convenido por las partes o no, determinará la existencia de un hecho gravado y la tasa a aplicar. Todo lo anterior vulnera ampliamente el principio de legalidad tributaria (reconocido como derecho constitucional) en el artículo 19 N° 20 y en el artículo 63 N° 14 inciso de la Constitución Política. Por su parte, el artículo 19 N° 20 asegura a todas las personas “la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley”.

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