DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN COMPRA DE TIERRAS

Una nueva denuncia por irregularidades en la adquisición de tierras afecta a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. Acusaciones de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias destinadas a responder a las demandas de las comunidades mapuches, han afectado en las últimas décadas directamente al personal de la Conadi.

Ya en 1998 la Cámara de Diputados determinó la existencia de irregularidades. En 2001 se conoció el cobro de coimas y pago de sobreprecios por la compra de tierras entre los años 1997 y 1999. Otros casos quedaron al descubierto en noviembre de 2009, cuando la Contraloría emitió un informe con irregularidades en el Programa Orígenes II de la institución. Y también otra irregularidad ocurrió en 2011 cuando se advirtió que al 30 de junio de 2010 habían más de 11 mil millones pendientes por rendir.

"Ahora, es importante que se investigue esta nueva denuncia realizada por el Director de la Conadi, Alberto Pizarro, y se sancione a los responsables. Pero también es tiempo de hacer cambios para terminar con la falta de prolijidad en la entrega de tierras, que evidencia serias irregularidades en el control del proceso y el traspaso de los predios en las que ha estado continuamente involucrada la institución", sentencia Claudia Hernández, investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD.

Las compras de predios se hacen mediante el subsidio para la Adquisición de Tierras por Indígenas, creado en diciembre en 1999. El beneficio se enmarca en la Ley Indígena N° 19.253, que otorga subvención para la compra de tierras por personas, comunidades indígenas o a una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente para la subsistencia.

La Conadi en su creación en 1994 buscaba el desarrollo de una estrategia de compra de tierras que permitiría en al menos 21 años resolver la demanda de las comunidades mapuches del país. Sin embargo, convirtiéndose en el único ente válido para negociar tierras, al cumplirse 20 años de su creación, está muy lejos de cumplir su objetivo.

El Fondo de Tierras y Aguas es la división que debe evaluar qué terrenos compra y a qué grupo indígena se los da. "Las irregularidades han surgido por una serie de elementos que estimulan malas prácticas como compadrazgos y coimas", advierte Hernández.

La entrega de tierras por parte de la Conadi se realiza a través de dos mecanismos establecidos en el artículo 20 de la Ley Indígena que crea el Fondo de Tierras y Aguas. El primero es el otorgamiento de un subsidio (art. 20a) y el segundo es la compra directa (art. 20b). El primero se refiere al subsidio de adquisición que se postula mediante concurso de forma individual y por comunidades. El segundo mecanismo se estableció como una excepción contemplada para solucionar conflictos jurídicos.

Desde un punto de vista institucional el mecanismo de la compra directa -dados sus naturales espacios para la discrecionalidad y por lo tanto para las presiones- y la imposibilidad de establecer un límite a su aplicación, parece menos recomendable que el subsidio, sin embargo, ha sido el más utilizado por todos los gobiernos.

Por su parte, los subsidios también tienen un diseño lleno de falencias y amplios espacios para la discrecionalidad y, por lo tanto, para la corrupción. La adjudicación final no depende estrictamente del puntaje objetivo alcanzado por los postulantes, sino de la decisión discrecional del Comité y del Director Nacional. Dicho Comité está conformado por funcionarios de la Conadi y Consejeros Indígenas de la región respectiva.

"En un marco de escasez de oferta de tierras, de demandas crecientes, y recurrentes casos de irregularidades como la compra de predios con sobreprecio, muchas comunidades se vieron impedidas a acceder a este beneficio", advierte la investigadora de LyD. Esto ha resultado en una mayor presión de algunos grupos indígenas por la recuperación de tierras, a través de tomas, cortes de camino, enfrentamientos con Carabineros, entre otros.

Según un estudio realizado por Libertad y Desarrollo, al contabilizar los casos cubiertos en la prensa desde 1990 a 2013 van 1.619 hechos de violencia de connotación indígena. Si bien la mayor alza de casos se produjo durante los años 2000-2001, se puede apreciar una tendencia alcista durante 2012. Las cifras son preocupantes, como se aprecia en el Gráfico Nº 1.

La intensidad alcanzada por estos hechos ha alterado el proceso de adquisición de tierras, desatándose oleadas especulativas con el precio de las hectáreas, que -como se denunció en 2009- "van de un 183,67% a un 442,97%, en relación con el valor por hectárea”[1].

De ésta forma, para Claudia Hernández, la simple revisión de los documentos que sustentan la política de entrega de tierras de la Conadi, muestra que su diseño no fija un límite claro para la aplicación de la compra directa y abre tan amplios espacios para la discrecionalidad, que los casos de corrupción que han continuado apareciendo no son ninguna sorpresa.

Dado que las demandas por tierras continuarán, es de esperar cambios que eviten caer en los mismo errores. Se debería privilegiar el mecanismo de subsidio que entrega mayor credibilidad al sistema; permitir llamar a licitación pública y a concursos para que la compra de tierras sea un mecanismo transparente.

"La situación actual de la Conadi es el resultado de una política pública equivocada. Ahora es cuando se hace más necesario promover cambios reales en la institucionalidad además de realizar las investigaciones administrativas y judiciales necesarias", indica Hernández.

Importante es dejar atrás la centralidad de la compra de tierras en la política indígena y transformar a la Conadi en una Agencia de Desarrollo Indígena, que es un paso necesario para constituir un servicio público moderno y eficiente de administración; que deje atrás las políticas meramente asistencialistas y promover una mirada participativa, de emprendimiento y de respeto de sus tradiciones.


[1] Informe Final Auditoría Integral Aleatoria Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, N° de informe 237/09, pp. 76.