A continuación reproducimos el extracto de la charla dada por Lucía Santa Cruz, consejera de LyD, en nuestro Seminario de Coyuntura y que fue publicado por El Mercurio:

“En el programa de Bachelet, desde un punto de vista conceptual, lo que se postula es la reconstrucción de la sociedad, del sistema político y económico, a partir de una idea rectora única —característica principal de los totalitarismos— en aras de la cual se sacrifican todas las otras aspiraciones legítimas existentes en una sociedad diversa y plural: la igualdad. Igualdad que se obtendría a través de la acción coercitiva del Estado en todos los ámbitos, especialmente en la educación.”

Así comentaba ayer la consejera de Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, el programa de la abanderada de la Nueva Mayoría, ante cerca de 80 empresarios, altos ejecutivos y líderes de opinión. El crudo análisis político, al que “El Mercurio” tuvo acceso, llamó la atención de los asistentes al seminario de coyuntura que realiza LyD dos veces al año en forma reservada junto a sus suscriptores, y que está precedido de un análisis económico, que suele estar a cargo del economista y ex ministro Hernán Büchi.

Santa Cruz advirtió que el modelo de desarrollo que ha traído menos pobreza y mayores oportunidades hoy está “gravemente amenazado” y afirmó que, tal como dijo Karol Cariola, “el programa de Bachelet es el primer escalón en el establecimiento del socialismo en Chile”. Y explicó que “bajo el concepto del Estado social de derechos ningún aspecto de la institucionalidad económica, social y política escapa al intento de reforma radical basada en la expansión de la esfera del Estado: la previsión, la salud, las isapres, la legislación laboral, la operación de los mercados, etc.”.

Así, uno de los puntos que profundizó en su intervención fue el de la educación. “¿Qué se esconde tras el eslogan ‘educación pública, gratuita y de calidad?’”, dijo respecto de una de las medidas que promueve Bachelet. Y así respondió: “El programa de gobierno en materia educacional implica el reforzamiento de la provisión estatal de la educación en todos los niveles, en serio detrimento de la libertad educacional. El ‘fin del lucro en todo el sistema educativo’ es meramente un eufemismo para ocultar la destrucción de gran parte de la educación particular subvencionada, al establecer que no se otorgarán subvenciones públicas a aquellos colegios que persiguen retribución económica, los cuales representan nada más y nada menos que el 88% de los colegios subvencionados, dentro de los cuales el 93% cobra menos de 15 mil pesos”.

En ese sentido, agregó: “La gratuidad me temo que finalmente lo que pretende es estandarizar la educación universitaria, condicionar la acreditación a requisitos impuestos por el Estado y se transforma así en un instrumento para el control estatal de gran parte del sistema educacional”.

Otro de los puntos que abordó fue que, en su opinión, el programa incluye un “cambio radical” en el concepto de propiedad. “La Nueva Constitución, junto con reconocer formalmente el derecho a la propiedad privada, agrega que la Constitución ‘debiera contemplar la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea, se requiere reconocer que la función social del derecho a la propiedad privada y a la herencia, delimitará su contenido, de conformidad a la ley’. En este sentido, los límites al derecho de propiedad y a la herencia quedan sujetos al simple arbitrio de una ley. En otras palabras de tener rango constitucional pasa a ser vulnerable a los designios de una simple mayoría temporal”.

Desde esa perspectiva, afirmó que buscar que se reconozca el “dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico” implicaría que, por ejemplo, en la minería se pueda “imponer desde royalties al margen de los impuestos hasta descalabrar completamente el régimen institucional de la minería, la fortaleza de sus instituciones y la permanencia del Decreto Ley 600”.

“Cambio radical” a concepto de democracia

La historiadora apuntó también al régimen político, sosteniendo que ese programa implica un cambio radical en el concepto de democracia. “Elimina los contrapesos al poder de las mayorías, como, por ejemplo, algunos de los derechos inalienables de las democracias liberales representativas, como el derecho a la propiedad; limita la libertad de expresión al establecer que ‘una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto monomedial como multimedia, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público, de modo de garantizar el pluralismo informativo y el libre acceso a la información’. Todo ello en lo que es una clara interferencia en las bases económicas que garantizan la autonomía y libertad de los medios de comunicación”.

En su crítica establece además que se busca ampliar “el espectro de las materias que quedan sujetas al arbitrio del Estado llegando al extremo de proponer ‘la acción permanente del Estado debe instar a la modificación de los patrones socioculturales de conducta que mantienen estereotipos, prejuicios y prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de algunos de los sexos’”. Y, al mismo tiempo, que se “limita el poder de los representantes elegidos sustituyéndola por formas de democracia directa: ‘El Estado reconoce el derecho a la participación ciudadana en la generación de políticas, definición de prioridades y gestión de las mismas’”, concluyó citando el texto del programa.

Respecto de la institucionalidad, Santa Cruz afirmó que “se ha dicho que las reformas constitucionales se harán por la vía institucional. Esto no es garantía de que no se vayan a lograr si no alcanzan los quórums pues se establece que la potestad constituyente derivada reside esencialmente en el Congreso Nacional, pero dictamina, y eso es lo relevante, que las diferencias entre el Congreso Nacional y el Presidente de la República que se traduzcan en un desacuerdo sobre el contenido de la reforma constitucional, en cualquiera de sus trámites constitucionales, deberán ser sometidas a referéndum constituyente de forma que sea el pueblo el que arbitre ante tales diferencias”.