En el marco del Día Internacional de la Mujer, y ante la presentación del proyecto que busca aumentar la participación femenina en política, resumimos nuestra postura, la cual está contenida en la Serie Informe Política 131.
Una ley de cuotas no puede ser calificada como “la interferencia menos restrictiva posible a los derechos fundamentales”, ya que existen otras alternativas disponibles para la consecución del fin propuesto que resultan menos lesivas de los derechos fundamentales.
Es pertinente señalar que la imposición de cuotas obligatorias es excesivamente gravosa, ya que este tipo de medidas atenta contra la democracia, porque violan la noción de que debiese haber una libre elección de quien es nominado o elegido para un cargo político, lo que es coincidente con el avance que en nuestro país se está dando en materia de elecciones primarias, como profundización de la democracia.
Determinar un porcentaje de participación mínimo de mujeres altera los mecanismos de elección y con ello la representación ciudadana. Del mismo modo, atentan contra el principio de igualdad de oportunidades –son injustas para los hombres–, afectan el derecho de las personas a optar a las funciones y cargos públicos, y son contrarios a los principios propios del derecho del trabajo, según los cuales no se debe imponer requisitos que no están basados en la idoneidad personal para acceder a cargos. Por otro lado, al imponer una ley de cuotas, ésta se podría utilizar en sentido contrario y en lugar de ser una base mínima de participación se podría transformar en un tope rígido, impidiendo el crecimiento de la participación por sobre la cuota establecida.
Las medidas alternativas, tales como las cuotas voluntarias de partidos han evidenciado ser igual o más efectivas que las obligatorias, ya que, como se indicó, el 60% de los países con mayor participación femenina en política no tienen leyes de cuotas o bien tienen un sistema de cuotas voluntarias y los costos asociados a la implementación de estos sistemas es menor desde el punto de vista de la libertad y de la democracia. Lo anterior porque implican la decisión del propio partido de asignar una cierta participación a las mujeres. Presentan, asimismo, la ventaja de generar la necesidad para el partido de llenar estos cupos con personas capacitadas y potenciarlas, para luego poder lograr el cupo de elección para el partido. En este sistema cobra especial importancia el control de la sociedad civil, velando por el cumplimiento de la autorregulación, poniendo en evidencia a quienes no cumplen –sea cual sea el color político del partido incumplidor–, y castigando de cara a la opinión pública la falta de compromiso con la palabra empeñada por los propios partidos políticos.
