El proyecto de ley de ISAPREs que crea un Plan Garantizado de Salud (PGS), enviado en diciembre a la Cámara de Diputados, tiene a juicio de LyD 8 consecuencias:
1.- Cerca del 60% de los afiliados va a tener que pagar más por el mismo plan que tiene actualmente.
2.- No va a terminar con la judicialización del sistema de salud. Es esperable que muchos casos de alzas sin mejoras en los planes terminen en Tribunales.
3.- Las ISAPREs podrán rechazar a personas provenientes de FONASA que encuentren atractivo contratar un PGS, pero no a afiliados con iguales condiciones de salud que provengan de otra ISAPRE. Es esperable que estos casos de discriminación también terminen judicializándose.
4.- No beneficia de ninguna manera al 85% de las personas que está fuera del sistema ISAPRE y perjudica a la mayoría de sus actuales afiliados.
5.- Varios de los afiliados de menor riesgo van a migrar a FONASA, aumentando el riesgo promedio del sistema privado y, en consecuencia, los precios del PGS.
6.- El nuevo sistema perjudica a jóvenes de ingresos medios para beneficiar a personas mayores de ingresos altos. Es un concepto cuestionable de solidaridad.
7.- El PGS sería diseñado por la autoridad, perdiéndose así la capacidad de contener costos mediante el diseño creativo y dinámico de planes que se deriva de la competencia y la flexibilidad.
8.- Inevitablemente, las presiones políticas van a hacer que el PGS vaya teniendo una cobertura cada vez más amplia. Esto va a significar un aumento incontenible en los costos del sistema, haciendo inaccesible la salud privada para la clase media.