La violenta intervención policial que buscaba desarticular la marcha de casi mil indígenas que se oponen a la construcción de una carretera que divide el Parque Nacional TIPNIS, ha traído amplias repercusiones para el mandatario Evo Morales. Claudia Hernández, investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD, asegura que la represión y la fuerza utilizada en este episodio paralizan el proyecto y exponen al gobierno del MAS a graves acusaciones de violación a los derechos humanos de los marchistas.

El intento de desarticulación significó un centenar de heridos y cerca de 200 detenidos, y las excusas de la autoridad de responsabilizar a los fiscales por la decisión de intervenir la marcha y a los policías por la violencia practicada han quedado desmentidas. Esto significó las renuncias de la Ministra de Defensa Cecilia Chacón y recientemente, tras la presión ciudadana, del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Junto con esto, una decena de parlamentarios de oposición presentaron una demanda por genocidio al gobierno de Morales, la cual fue aceptada por la Fiscalía General, lo que abre una investigación para definir responsabilidades en el caso y juzgar a los implicados.

Los indígenas y grupos ambientalistas rechazan la construcción de esta carretera de más de 300 kilómetros, financiada por Brasil, porque temen que cause daños ambientales en el Parque Nacional y promueva la invasión de campesinos y cultivadores de coca en la zona.

Más allá del impacto o beneficio socioeconómico que puede significar la construcción de la carretera, estos hechos han sido considerados como la mayor secuela de la violencia política y social con la que ha actuado el gobierno de Morales. A pesar que, la represión era una de las principales causas por las que el mandatario luchaba siendo oposición, calificando de “asesinos” a quienes resguardaban la seguridad, ahora él es el responsable, de la violenta intervención de la marcha, sobrepasándose todo límite de acción estatal enmarcada en la Constitución y la ley.

El fuerte impacto en la opinión pública se viene a sumar a lamentables episodios como los efectos del alza del precio de los combustibles (gasolinazo), el conflicto en Caranavi que terminó con dos muertes y la ley de autos chutos, que adelantan un escenario de polarización mayor en el país vecino. Las organizaciones sociales que han repudiado lo ocurrido el domingo pasado, han convocado a dar un voto de castigo al gobierno en las próximas elecciones judiciales del 16 de octubre, que de ser adverso, revelaría que el presidente ha traicionado y perdido una parte importante de sus bases de apoyo, por lo que su liderazgo está en entredicho.