En el contexto de un año electoral, a partir de abril comenzamos con la elaboración de una serie de estudios con distintas propuestas en materia de políticas públicas buscando ser un aporte en la elaboración de contenidos de las distintas candidaturas presidenciales.
A continuación, se presenta una síntesis de cinco de dichas propuestas en temas de crimen organizado, permisología, sistema electoral, mercado laboral y listas de espera.
1. CRIMEN ORGANIZADO
Chile atraviesa una grave crisis de seguridad, evidenciando un cambio cualitativo en la actividad criminal, siendo hoy en día los delitos más violentos.
Los robos con violencia han alcanzado niveles históricos[i], mientras que los ilícitos asociados al uso de armas han experimentado un crecimiento de un 72% en 2024 en comparación a 2023[ii]. Paralelamente, las organizaciones criminales transnacionales han identificado a Chile como un mercado atractivo, buscando consolidar aquí sus operaciones.
Propuestas
1) Creación de Fuerzas de Tareas contra el Crimen Organizado.
Crear de forma inmediata Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado, bajo el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, para mejorar la investigación criminal y fortalecer la inteligencia policial. Estas fuerzas colaborarán con el Ministerio Público en desarticular organizaciones vinculadas a delitos violentos y mercados ilícitos y estarán integradas por policías, la Armada (Directemar), Gendarmería, la DGAC y el Servicio Nacional de Aduanas[iii]. El Ejecutivo definirá sus objetivos, duración y liderazgo, en coordinación con el Ministerio Público y según la Política Nacional de Seguridad Pública.
2) Fortalecimiento de los equipos investigativos.
3) Reducir los tiempos de construcción de establecimientos penitenciarios.
Se propone un Plan Integral de Infraestructura Penitenciaria que utilice el modelo de concesiones para construir cárceles rápidamente, respondiendo a la creciente demanda de plazas y con altos estándares de seguridad. Se busca habilitar al menos 10.000 plazas adicionales mediante la construcción de cuatro nuevos recintos lejos de centros urbanos, además de un establecimiento de máxima seguridad para aislar a líderes del crimen organizado. Para acelerar la ejecución, se plantea el uso de técnicas modernas y modulares, junto con modelos estandarizados desarrollados en conjunto por Gendarmería y el Ministerio de Obras Públicas.
4) Régimen penitenciario especial para miembros de organizaciones criminales.
5) Repensar el rol de Gendarmería de Chile.
Profundizar en la labor de seguridad de esta institución, a través de una instancia de trabajo que revise sus planes de formación, normativa interna y funciones. Para ello es necesario actualizar la legislación que rige esta institución, fortaleciendo su rol en materia de control y prevención del delito al interior de los penales[iv]. Es necesario, además, cambiar la naturaleza de Gendarmería, avanzando hacia un modelo de policía penitenciaria y reubicar su dependencia desde el Ministerio de Justicia hacia el Ministerio de Seguridad Pública.
2. PERMISOLOGÍA
La “permisología” en Chile se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo, debido al exceso de trámites, largos plazos de tramitación y deficiencias en los organismos resolutivos. Esto ha generado superposición de competencias, judicialización excesiva y captura de grupos de interés, provocando incertidumbre jurídica y dificultando la ejecución de nuevos proyectos de inversión e infraestructura.
Propuestas
1) Desmantelar la permisología.
A. Consolidar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como una verdadera y efectiva “ventanilla única”. Una medida que haría más eficiente y ágil el otorgamiento de los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, es que todas las autorizaciones de carácter ambiental, se otorguen en dicho sistema y se consolide a la Resolución de Calificación Ambiental como un permiso integral y contenga todas las evaluaciones ambientales, sin necesidad de un proceso posterior.
B. Explicitar que las consultas de pertinencia, a través de las cuales los titulares de los proyectos voluntariamente preguntan si su iniciativa debe someterse al SEIA, tengan efecto vinculante, pues hoy existe disparidad de criterio entre órganos del Estado. Al mismo tiempo, debieran establecerse en la ley y de manera taxativa, las causales por la cuales se podría rechazar un proyecto, de modo de reducir espacios de discrecionalidad.
C. Evaluación periódica de permisos exigidos por el Estado. A través de una mirada externa, técnica e independiente, revisar la necesidad de que se deba pedir un permiso para desarrollar un proyecto. En este sentido, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, cuya creación se está discutiendo en el Congreso, es una institución idónea para asumir este rol.
D. Mejorar la tramitación de las concesiones marítimas, que se han convertido en un símbolo de los permisos críticos que traban la inversión. El traspaso de la administración del borde costero y de la potestad para otorgar estas concesiones, desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales, como propone el Gobierno[v], resulta insuficiente para garantizar una reducción efectiva de los tiempos de respuesta. Se deben racionalizar los procesos y las instancias de toma de decisiones.
E. Reformas al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): Dado que es también uno de los permisos críticos, reformular este organismo resulta fundamental. Reducir el número de sus integrantes, de 23 a un máximo de 10, seleccionados por el Presidente a partir de ternas elaboradas por la ADP, con perfiles definidos por su experiencia y conocimientos. Esto busca simplificar la toma de decisiones, asegurar mayor imparcialidad y especialización. Además, se plantea precisar los objetos de protección bajo su competencia.
2) Medidas para incentivar el cumplimiento de plazos por parte del Estado
A. Sancionar con una multa proporcional al retraso a los responsables de otorgar autorizaciones sectoriales que incumplan los plazos. La multa se aplicaría tras una investigación sumaria o sumario administrativo realizada por la Contraloría General de la República.
B. Incluir indicadores de tiempos de tramitación en mecanismos de gestión del Estado. Se propone incluir indicadores en los Convenios de Desempeño Colectivos y en los de autoridades seleccionadas por ADP, para establecer metas específicas. Esto incentivaría a las jefaturas a modernizar sus servicios y cumplir con los objetivos establecidos.
C. En materia de permisos sectoriales, contar con un registro de profesionales y entidades privadas que colaboren con el Estado en la certificación del cumplimiento de normas técnicas y requisitos normativos para agilizar los procesos y reforzar la capacidad operativa del Estado, sin afectar su rol fiscalizador[vi].
D. Ampliar el uso de declaraciones juradas en lugar de autorizaciones en contextos de bajo riesgo para agilizar proyectos y permitir que los organismos públicos se enfoquen en la fiscalización. Esto requiere ampliar los casos en que se aplican y acelerar su implementación[vii].
3) Mayor certeza jurídica
A. Acotar los espacios de judicialización mediante la creación de un único recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental que pueda interponer tanto el titular del proyecto, como los observantes del proceso de participación ciudadana o cualquier persona que tenga interés legítimo en el procedimiento, el que deberá ejercerse dentro de 30 días de la notificación de resolución que resuelva la reclamación administrativa o de notificada la RCA, en caso que el reclamante quiera optar por acudir derechamente a tribunales, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Junto con esto, se debe explicitar que frente a una RCA no procederá la acción de invalidación de la Ley N°19.880. Además, deben establecerse causales específicas por las que se podría reclamar de la RCA, lo que llevaría a acotar aún más los espacios de judicialización.
B. Sancionar la litigación temeraria: se proponen dos alternativas: i) Establecer sanciones económicas para quienes litigan sin fundamentos técnicos o jurídicos, con el solo fin de dilatar el proyecto ii) Avanzar hacia una fórmula de caución o garantía para poder litigar, que implique a quien busca litigar hacerse cargo de las consecuencias que conlleva su acción.
3. SISTEMA ELECTORAL
La reforma electoral de 2015 provocó una hiper fragmentación del sistema político, dificultando la gobernabilidad y trasladando el poder de decisión a minorías con baja representación ciudadana. El problema no radica solo en la fórmula electoral proporcional con distritos grandes, sino también en la existencia de requisitos laxos para formar partidos y un diseño de financiamiento público que incentiva la proliferación de colectividades sin un real anclaje político y social.
Propuestas
1) Al sistema electoral.
Disminuir la magnitud de los distritos actuales, pasando de un número variable entre 3 y 8, de acuerdo al tamaño poblacional del distrito, a un número más acotado, entre 2 y 6, resultando 30 distritos, en lugar de 28, pasando de un número total de 155 a 120 diputados. Una opción más ambiciosa es un redistritaje completo -que debiera ser realizado por una comisión técnica transversal- para implementar un sistema uninominal, con 100 distritos y 20 escaños adicionales asignados por votación de listas, contabilizando así 120 diputados.
2) A la constitución de partidos políticos.
El requisito vigente para constituir partidos políticos regionales y nacionales -afiliar a un número equivalente al 0,25% de los electores que hubieran sufragado en la anterior elección de diputados, no pudiendo ser menor a 500 electores por región- es extremadamente laxo. Por ello se propone duplicar la exigencia, elevando el requisito a un 0,5% de electores que hubieran sufragado en la última elección de diputados, no pudiendo ser este número inferior a 1.000 electores por región.
3) Al financiamiento público a la política.
Se propone que solo los partidos que obtengan al menos el 5% de los votos en la última elección de diputados accedan a financiamiento público basal (actualmente lo hace todo aquel que logre constituirse en tres regiones contiguas o a nivel nacional, en pagos trimestrales). En el caso de los partidos nuevos, debiera existir un fondo de instalación, con un pago único de 260 UF[viii], pero sin aportes trimestrales permanentes hasta no lograr el umbral antes mencionado. Además, en elecciones presidenciales, la devolución por voto se aplicaría solo a candidatos que superen el 5% de los votos a nivel nacional.
4. MERCADO LABORAL
El limitado crecimiento económico proyectado restringe la creación de empleo formal, por lo que junto a políticas que dinamicen nuestra economía, se requieren medidas que impulsen la participación y ocupación laboral.
Propuestas
1) Modificar el actual financiamiento de la sala cuna y mejorar la distribución de los cupos para jardines infantiles y prekínder.
A. Eliminar la restricción del beneficio de sala cuna contemplado por la regulación laboral, que aplica únicamente en empresas que empleen a 20 o más trabajadoras. Para su financiamiento, se propone redestinar una parte de la cotización del seguro de cesantía que paga el empleador. En concreto, rebajar 0,25 puntos de cotización de la remuneración imponible de cargo de los empleadores[ix]. Asimismo, se sugiere focalizar el beneficio en aquellas mujeres que cuentan con menores ingresos: establecer un copago, que en el caso de las familias de menores ingresos sería asumido por el Estado, mientras que para los sectores de mayores ingresos sería financiado por la propia familia.
B. Avanzar en la ley que operativiza el Kínder obligatorio y concentrar los recursos para mejorar la dotación e infraestructura en este nivel, de manera de asegurar la necesaria calidad en este nivel educativo que dé confianza y atraiga a las familias.
2) Crear un subsidio único laboral terminando con los subsidios al empleo mal evaluados.
Terminar con los subsidios empleo joven (SEJ) y el subsidio empleo para la mujer (BTM), que no han tenido efecto positivo en empleabilidad, y crear un subsidio único laboral, que funcione bajo la lógica de un impuesto negativo al ingreso[x], pero manteniendo la focalización en personas de bajos ingresos y que promueva la permanencia del trabajador en el mercado formal. El subsidio deberá ser determinado en función de los recursos públicos disponibles que garanticen un financiamiento permanente, los que también pueden incorporar recursos de otros programas sociales que han mostrado un menor impacto y efectividad. Adicionalmente, se deben hacer evaluaciones periódicas de este subsidio en cuanto a su efecto en la participación y ocupación laboral.
3) Aumentar gradualmente la flexibilidad laboral.
A. Modificar el régimen de indemnización por años de servicio, reduciendo su cobertura en una primera etapa a un máximo de 5 años, en línea con la recomendación realizada por la OCDE a nuestro país, avanzando hacia su eliminación en el mediano plazo, y fortaleciendo el seguro de cesantía. Para ello se propone elevar las tasas de reemplazo durante los primeros tres meses de desempleo a niveles superiores al 80%, garantizando así una adecuada y mejor protección de ingresos durante la transición laboral.
B. Flexibilizar las causales de término de contrato laboraly avanzar hacia un modelo que permita a los empleadores poner término a la relación laboral por razones económicas, organizacionales o de desempeño, sin necesidad de justificar causales específicas ante la autoridad administrativa.
4) Rediseño al sistema de capacitación.
A. Establecer un copago mínimo para las grandes empresas que lleven a cabo acciones de capacitación para sus trabajadores, lo que ayudará a que las empresas se involucren más activamente, pues están comprometiendo recursos en las acciones de capacitación y exigirán una mejora en la calidad de la oferta de los cursos.
B. Establecer una regulación sobre la cantidad de horas mínimas que debe poseer un curso para que pueda ser financiado con cargo a la Franquicia Tributaria, pudiendo existir excepciones. En cuanto a los cursos financiados mediante el Fondo Nacional de Capacitación, se debiese establecer un porcentaje máximo de cursos que cuenten con una duración por debajo de la mínima establecida.
C. Incorporar que el requisito primario para graduarse de los cursos de capacitación sea una evaluación -ya sea práctica o teórica- sobre los conocimientos entregados.
D. Generar incentivos para que los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades tengan un rol más activo como organismos ejecutores de las acciones de capacitación del sistema.
E. Evaluación y reevaluación constante de los programas, tanto ex ante como ex post.
5. LISTAS DE ESPERA EN SALUD
El alza de los chilenos que esperan por ser atendidos en la salud estatal no cesa de aumentar: aumentó 9% durante 2024 y acumula un alza de 35% desde 2019. Si bien el sistema de salud chileno tiene una serie de fortalezas, requiere de ajustes -especialmente a nivel de la gestión de los hospitales del Estado- para entregar una atención oportuna a los pacientes.
Propuestas
1) Crear un sistema de información en línea que mejore la atención y optimice los recursos.
Contar con información en tiempo real sobre los tiempos de espera permite priorizar la atención médica según la urgencia, identificar a quienes no han sido atendidos y mejorar la transparencia, reduciendo la incertidumbre y evitando abusos. Para su implementación, es clave un centro de contacto que coordine citas y procedimientos necesarios para las operaciones.
2) Derivación automática a segundo prestador GES.
Asignar automáticamente un segundo prestador GES cuando el primero incumpla los plazos garantizaría una atención oportuna, incentivando al prestador original a cumplir y permitiendo a Fonasa derivar pacientes a centros con capacidad. Esta medida, incluida en la reforma a Fonasa que se discute en el Senado[xi], no implicaría costos adicionales según el Ejecutivo[xii].
3) Incentivar asociaciones público-privadas que resuelvan listas de espera.
Además de continuar con las licitaciones para que Fonasa compre soluciones médicas a prestadores privados, se debe facilitar la creación y expansión de asociaciones público-privadas que pongan a disposición de la salud estatal, la capacidad de gestión privada. Ello no requiere de reformas ni mayores recursos.
4) Abordar la escasez de especialistas en el sector público.
Permitir que Fonasa pueda contar vía contratos de honorario, en forma ocasional y transitoria, con médicos especialistas que trabajen en el sistema de salud privado, pero que estén disponibles a realizar atenciones de especialidad. Asimismo, se debe permitir que ciertos procedimientos médicos simples y específicos puedan ser llevados a cabo por otro personal de la salud como médicos generales, enfermeras o técnicos en enfermería.
5) Modificar los incentivos que enfrentan los médicos que se desempeñan en los hospitales del Estado.
Rediseñar las actuales asignaciones salariales de los médicos para dar mayor preponderancia a la actividad productiva versus otros factores no vinculados a desempeño, como la antigüedad. Estos cambios deberían ser obligatorios para las nuevas personas que se incorporan a los servicios de salud y voluntarios para quienes ya son parte de ellos. De manera complementaria, se debe pilotear la concesión de la prestación del servicio clínico, de modo que los hospitales del Estado tengan mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos y un mejor marco de incentivos para el uso de los recursos, aprovechando experiencias internacionales exitosas.
6) Reforma a la institucionalidad de Fonasa.
Dar mayor autonomía a Fonasa para exigir eficiencia a los hospitales y contratar libremente servicios médicos, sean públicos o privados. Para ello, se sugiere mejorar su institucionalidad para que fortalezca su independencia, mediante un Consejo Directivo independiente, propuesto por ADP y ratificado por el Senado, con atribuciones clave como nombrar al Director Nacional y supervisar planes y presupuestos.
7) Mayor control sobre el uso de pabellones quirúrgicos.
Mientras no exista una mayor gestión de los hospitales del Estado, contar con un visualizador de uso de pabellones que permitiría a las autoridades del Minsal controlar el nivel de uso de los pabellones, de manera de que se tomen medidas cuando hospitales persistentemente están realizando menos intervenciones por problemas de gestión, permitiría una mejora sustantiva.
[i] Mal balance 2024 en seguridad: récord de crímenes violentos, baja prioridad presupuestaria y pendientes legislativos. Temas Públicos 1675. Libertad y Desarrollo.
[ii] Subsecretaría de Prevención del Delito- CEAD. Informe casos policiales 2024.
[iii] Actualmente existen las Unidades de Coordinación Estratégica en distintas macrozonas, donde participa Aduanas con policías y otros organismos para la cooperación e intercambio de información, sin embargo, no cuentan con un enfoque operativo (Subsecretaría del Interior Res Ex N° 4959-2018).
[iv] Actualmente está en tramitación un proyecto de ley que crea un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería. Boletín N°17.007-07
[v] Indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (boletín 8.467-12).
[vi] Adicionalmente, la CNEP (2019) recomienda aplicar estos mecanismos pues son utilizados en países desarrollados para hacer frente a las brechas de recursos humanos sin elevar el costo fiscal y que ayudan en lograr mayor eficiencia en el sistema.
[vii] Si bien parte de estas propuestas están recogidas en el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (boletín N°16.566-03), el principal desafío es que la regulación reglamentaria incorpore la mayor cantidad posible de supuestos en los que procede el uso de declaraciones juradas, evitando una posición normativa restrictiva en esta materia.
[viii] Monto equivalente a, aproximadamente, el 50% del financiamiento permanente que se entrega anualmente a los partidos nuevos.
[ix] En base a estimación que considera una cotización promedio de 1,9% de trabajadores plazo fijo e indefinido.
[x] Un impuesto negativo al ingreso consiste en que el Estado paga a quienes están por debajo de cierto umbral de ingresos un subsidio, el que se va reduciendo gradualmente en la medida en que la persona aumenta su nivel de ingresos.
[xi] Boletín N° 17.375-11. Aunque debe precisarse que la asignación al segundo prestador se realice de manera automática, cosa que no es clara en el texto que ingresó el Ejecutivo.
[xii] Ver Informe Financiero N°47/31.01.2025, Dirección de Presupuestos.
