La descoordinación entre ministros de gobierno no es algo nuevo ni exclusivo de esta administración. Ella se debe, en parte, a cómo se organiza el Estado (número de ministerios, dispersión y duplicidad de funciones) y también al marco de incentivos en el que se desenvuelven los funcionarios públicos (evaluación de desempeño inútil, inamovilidad del personal, nombramientos políticos).
Estos son problemas de larga data. En 2018, un grupo transversal de centros de estudio presentó propuestas concretas. Años más tarde, el Presidente Piñera envió una iniciativa legal que abordaba estos temas, pero ingresó el último día de gobierno. Durante la administración Boric se trabajó en mejoras al empleo público, pero nunca se presentó un proyecto de ley.
En ese contexto, la reciente creación de una comisión para reformar la arquitectura ministerial y otra para estudiar el empleo público es una buena noticia. El hecho de que ambas se hayan constituido al comienzo del gobierno da la posibilidad de que se aprueben cambios a la forma en que trabaja el Estado y sus funcionarios.
El trabajo de dichas comisiones debería abarcar no tanto el número de ministerios, sino cómo se logra que cada cartera, en el marco de sus mandatos, tenga una visión más integral. En simple, que Medio Ambiente no olvide que la inversión significa empleo y progreso para los ciudadanos y que Salud aporte en el control del gasto público. Asimismo, debe evitar situaciones como las que muestran los datos de la Dipres: en 2025 hubo 43 programas, repartidos en cinco ministerios, para fomentar la investigación y la producción científica y tecnológica. Esa dispersión diluye esfuerzos y aumenta el gasto administrativo.
Respecto al régimen laboral de los funcionarios públicos, es esencial tener un mecanismo de evaluación robusto y vinculado a consecuencias reales. Hoy no lo hay: en 2025, solo 3 de 217 instituciones evaluadas (1,4%) no obtuvieron la totalidad de la asignación de los Programas de Mejoramiento de la Gestión. Por ejemplo, podría establecerse una escala de desempeño en la que haya a lo más un 5% de los funcionarios bien evaluados —que tengan prioridad en promociones e incentivos monetarios— y que, para el resto, la continuidad de sus contratos pueda ser revisado anualmente, partiendo por el 10% peor calificado.
Además, los funcionarios de confianza de las autoridades designadas por el Presidente de la República (ministros, subsecretarios, jefes de servicio) o de elección popular (alcaldes, gobernadores regionales) deberían cesar automáticamente en sus cargos cuando quien los nombró termine su periodo, cualquiera sea la razón.
Hace casi una década existen propuestas para modernizar el Estado en beneficio de los ciudadanos. Este gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de que las propuestas se transformen en ley.
Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-
