Otra vez un informe de la ContralorĆa remece a nuestra administraciĆ³n pĆŗblica. DespuĆ©s del caso de licencias mĆ©dicas, donde decenas de miles de funcionarios pĆŗblicos (mĆ”s del 90% permanece en sus puestos) viajaron de vacaciones al extranjero mientras hacĆan uso de licencias mĆ©dicas que supuestamente les impedĆan trabajar, un informe del organismo dirigido por Dorothy PĆ©rez dejĆ³ al descubierto que el Servicio Nacional de Migraciones, a cargo de Luis Eduardo Thayer durante el gobierno de Boric, aplicĆ³ excepciones a requisitos exigidos por ley sin tener facultades para hacerlo, lo que representa una evidente vulneraciĆ³n al orden jurĆdico.
Dichas excepciones tenĆan como objetivo aumentar significativamente el nĆŗmero de emigrantes, especialmente en los casos de reunificaciĆ³n familiar. Las visas de reunificaciĆ³n otorgadas a ciudadanos haitianos subieron de 1.941 el aƱo 2022 a 19.141 el aƱo 2025. Las alarmas sonaron cuando se supo tras el informe de ContralorĆa que la administraciĆ³n pĆŗblica chilena no tenĆa informaciĆ³n sobre el paradero de un nĆŗmero importante de esos niƱos, lo que hizo temer por una vulneraciĆ³n de sus derechos.
El Presidente Kast convocĆ³ a los tres poderes del Estado a una reuniĆ³n para analizar esta emergencia y designĆ³ a la ministra de Desarrollo Social y Familia, MarĆa JesĆŗs Wulf para liderar una fuerza de tarea que incluyĆ³, ademĆ”s del Sermig, a la CancillerĆa y la PDI. En una semana, gracias a esta iniciativa, la PDI fue capaz de encontrar a los 64 niƱos haitianos que no habĆan sido ubicados en la muestra de 105 niƱos que tomĆ³ la ContralorĆa, lo que bajĆ³ las alarmas respecto a la posibilidad de que esos niƱos fueran vĆctimas de trĆ”fico de migrantes.
Sin embargo, esto no nos puede dejar tranquilos. El informe de la ContralorĆa detectĆ³ una deficiente y casi inexistente coordinaciĆ³n entre el Servicio de Migraciones, la PDI y la SubsecretarĆa de la NiƱez para hacer seguimiento a los menores que ingresan al paĆs por reunificaciĆ³n familiar. El Sermig no verificĆ³ los datos auto reportados por las personas haitianas que solicitaron permisos de reunificaciĆ³n familiar, tales como cĆ©dulas de identidad y domicilio en Chile. No hay protocolos con instrucciones ante casos de niƱos y adolescentes que han obtenido residencia, hay incumplimientos de estampados electrĆ³nicos, nĆŗmeros de cĆ³digos y verificaciĆ³n de autenticidad. El servicio no cuenta con una base de datos sobre procesos de reunificaciĆ³n familiar Ćntegra. No es de extraƱar esto si el ex director del Thayer por su cuenta y riesgo sin tener atribuciones para ello habĆa relajado las exigencias que la ley establece para los procesos migratorios por medio de un simple memorĆ”ndum emitido en mayo del 2024, con efecto retroactivo a partir del aƱo 2022.
La PDI no contaba con protocolos detallados con controles y revisiones necesarios para el registro de estas personas al paĆs, en contraste con el estricto control para los ciudadanos chilenos. Entre enero y abril de 2025, perĆodo investigado por la ContralorĆa, mĆ”s del 50% de los niƱos que ingresaron lo hicieron en vuelos chĆ”rter.
Hay vuelos que llegaron al paĆs sin lista de pasajeros; 12 adultos figuran ingresando niƱos en forma habitual entre 2024 y 2025; en un vuelo un adulto figura como responsable de 34 niƱos. En fin, hay una sospecha plausible de trĆ”fico de niƱos y los datos fueron entregados por la ContralorĆa al Ministerio PĆŗblico y documentos judiciales haitianos confirman un vĆnculo entre un imputado por trĆ”fico de menores y hallazgos del informe de ContralorĆa. TambiĆ©n se incluye una denuncia por pagos a una funcionaria de Migraciones para trĆ”mites de niƱos haitianos. La FiscalĆa formalizĆ³ estos dĆas en Chile a dos personas por trĆ”fico de niƱos y se mantienen abiertas varias investigaciones al respecto.
Ello da cuenta de un problema que puede ser sistĆ©mico en la administraciĆ³n pĆŗblica chilena: el foco estĆ” puesto en las instituciones del Estado y no en la poblaciĆ³n a la que sirven. Cada servicio se centra en su propio proceso y no en el resultado e impacto de las acciones del Estado sobre los ciudadanos. Esta manera de las instituciones pĆŗblicas de trabajar en silos que no se comunican entre sĆ, se ha acentuado con el incremento de empleados pĆŗblicos con el resultado que el aumento del gasto para sostener esta burocracia no mejora los servicios, sino que los empeora.
Pero hay otra conclusiĆ³n inquietante. Los hechos conocidos a raĆz de estas investigaciones permiten concluir que, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde se conociĆ³ la entrada masiva de ciudadanos haitianos al paĆs en vuelos chĆ”rter, hubo un intento deliberado de aumentar la cantidad de ciudadanos de ese paĆs en Chile, lo cual se hizo sin que se discutiera y aplicara una polĆtica que permitiera hacerse cargo del efecto que ello tendrĆa. Ello se agravĆ³ durante el gobierno de Gabriel Boric con las actuaciones ilegales de Luis Eduardo Thayer.
Hoy, los haitianos representan el 10% de los migrantes en Chile, cuartos despuĆ©s de venezolanos, peruanos y colombianos. Este proceso migratorio pareciera haber seguido el indigno mĆ©todo de llenar el camiĆ³n y en el camino acomodar la carga (sin detenerse ante el hecho que en este caso la carga era de seres humanos) y continĆŗa representando un riesgo para los menores de ese paĆs radicados en Chile y probablemente para muchos otros migrantes. El Estado de Chile deberĆ” hacerse cargo ahora y es de esperar que lo haga respetando la dignidad de las personas y midiendo las consecuencias de sus actuaciones.
Columna de Luis LarraĆn, Presidente del Consejo, publicada en El LĆbero.-
