El Presidente Kast ha sido golpeado en las últimas semanas en su popularidad por la guerra en Irán y su efecto sobre los precios del petróleo. Confirmando que estamos ante un gobierno distinto y frente a una situación fiscal muy delicada (alto déficit estructural cuatro años seguidos) se decidió traspasar el alza de cerca de 50% a los precios al consumidor, con el consiguiente impacto sobre los bolsillos de los chilenos. Sólo se escapan parcialmente de ello los sectores de menores ingresos que ven congeladas las tarifas del transporte público y el precio de la parafina y reciben ayuda estatal para comprar gas y subsidios a taxis y colectivos que debieran mitigar las alzas. Los sectores medios y altos, en cambio, reciben el mayor impacto del alza.

La oposición, sin mucho orden ni estrategia, ha decidido aprovechar la oportunidad para golpear al gobierno. El Partido Comunista y el Frente Amplio sienten que el gobierno de Kast afecta lo que ellos denominan el “legado” del gobierno de Boric al revertir muchas de sus políticas, desatar muchos de sus amarres y abusos de última hora y denunciar actos evidentes de mala práctica en la gestión y en la contabilidad pública que han pretendido esconder la magnitud del desastre que resultó ser el gobierno de Gabriel Boric. A ellos se suman, ocasionalmente, personeros del socialismo como Carolina Tohá, Álvaro Elizalde y exautoridades como Luis Cordero, cuya labor en el gobierno anterior fue, no pocas veces, explicar lo inexplicable. En el área económica esa labor recae en el exministro Grau, que ha recurrido a la ayuda de economistas de centroizquierda ante la magnitud de su tarea de defender los mediocres resultados.

Pero la defensa de Boric, inevitablemente, ha de tener matices. La solicitud de renuncia al ministro Quiroz por parte de la senadora socialista (exdiputada) Daniela Cicardini fue criticada por la senadora Paulina Vodanovic, presidenta de su partido. Otros senadores de la colectividad se alinearon con Vodanovic mientras en la Cámara varios diputados, encabezados por Daniel Manouchehri, han decidido una defensa de la izquierda basada en la instrucción “pégale a todo lo que se mueva”. El PPD por su parte, al menos en el discurso (diputado Raúl Soto) ha declarado disposición a escuchar los planteamientos del gobierno respecto al proyecto de Reconstrucción, aunque no se ha demorado un minuto en calificarlo de reforma tributaria encubierta, siendo que jamás se ha ocultado que el proyecto contiene normas tributarias, pero también importantes medidas en materia de reconstrucción.

Es en este proyecto, el de Reconstrucción, donde se juega el próximo partido entre gobierno y oposición. En el Ejecutivo se ha hablado de enviarlo al Congreso la próxima semana y se confía en la gestión de los ministros Alvarado y García en la tarea de conseguir los votos para su aprobación. Esa labor, no obstante, debe acompañarse de mayor presencia del ministro Quiroz y su equipo (fue bienvenida la incorporación del economista Alejandro Guin-Po Bon) en la difusión de los beneficios del proyecto. Debiera participar también el ministro Iván Poduje, encargado de la reconstrucción.

Pero fuera de La Moneda y el Congreso, el país sigue funcionando y la seguridad pública recibiendo los embates de delincuentes y narcotraficantes. La violencia llegó también a una escuela en Calama, donde un alumno asesinó a una profesora y amenaza con expandirse. El gobierno ha reaccionado con presteza y el Presidente Kast con las ministras Arzola y Steinert presentaron un proyecto de ley que autoriza la revisión de mochilas y pertenencias a todos quienes ingresen a un colegio; considera falta grave la interrupción o paralización de clases y excluye de la gratuidad universitaria a quienes sea condenados por estos hechos; y prohíbe a los alumnos usar capuchas o pasamontañas. Adicionalmente, en la línea de recuperar la iniciativa, el gobierno debiera presentar pronto su agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana. La ciudadanía lo espera.

En materia de inversiones, los anuncios en las últimas semanas de nuevos proyectos de Amazon y Mercado Libre; y tres iniciativas de energías renovables que alcanzan a mil millones de dólares aprobados por el comité de ministros presidido por la ministra Toledo, se vienen a sumar a importantes expansiones y nuevos proyectos mineros que desarrollarán BHP, Antofagasta Minerals, Freeport, McMoRan y Codelco por casi 85.000 millones de dólares. Son iniciativas de largo plazo, pero la tramitación expedita de permisos puede ayudar a que empiecen a mostrar sus beneficios.

La oposición parece destinada a hacer una oposición sin cuartel mientras no surjan liderazgos moderados en la izquierda. La tarea del gobierno es de sintonía fina: aprobar reformas que cuenten con apoyo ciudadano y, al mismo tiempo, restaurar el orden y la disciplina en el país, principal componente de su relato.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-