El Congreso peruano destituyó al presidente José Jerí, acusado de tráfico de influencias luego del escándalo causado por una reunión secreta con un empresario chino a la que asistió disfrazado. De los últimos diez presidentes, cuatro han sido detenidos, uno se suicidó y los últimos fueron designados por el Congreso, en una suerte de parlamentarismo de facto que rige hoy al Perú, que ahora tiene sólo una Cámara (como en el proyecto rechazado en Chile el 4 de septiembre de 2022) muy fragmentada.

El Congreso eligió a José María Balcázar, exjuez y político, presidente interino hasta el 28 de julio, fecha en que asumirá el presidente elegido popularmente en abril. Balcázar, de 83 años, tiene acusaciones de corrupción y un cuestionado apoyo al matrimonio infantil. Había anunciado que el primer ministro sería el economista Hernando de Soto (hacia el final hablaremos de él) pero sorpresivamente nombró a la ex ministra de economía de Jerí, Denise Miralles, que ha conformado un gabinete que huele a gatopardismo.

La pregunta que muchos se hacen es cómo lo hace Perú en una excepción a los hallazgos de investigaciones de premios Nobel que aseguran que el progreso se logra con buenas instituciones. El PIB creció 3,4% el año 2025 y se espera que el 2026 aumente en 3,6%.

La respuesta a esta incógnita, paradojalmente, podría estar en una combinación entre informalidad y corrupción, dos fenómenos que considerados individualmente sugerirían un resultado contrario. La explicación va por el siguiente camino: las malas leyes y otras regulaciones que hacen políticos corruptos no son tan nocivas porque en una economía con más de 50% de informalidad (no pagan impuestos, ni cotizaciones previsionales, ni cumplen normas laborales) las leyes no se aplican y las regulaciones no se respetan ni fiscalizan. La economía informal es entonces impermeable a malas regulaciones. La corrupción cumple su rol: hace impune el incumplimiento de las leyes.

Contraintuitivo, ¿verdad? El problema es ¿cuán sustentable es el desarrollo en medio de continuas crisis?

Una conversación con Hernando de Soto en la casa de Nicolás Ibáñez, quien gentilmente nos invitó a varios a compartir con el economista peruano hace años, me permite llegar a estas conclusiones. Hernando es autor (con Enrique Ghersi) del laureado libro El Otro Sendero, donde explica el fenómeno del grupo terrorista Sendero Luminoso, cuyo crecimiento entre 1980 y 1992 de la mano de Abigaíl Guzmán le llevó a controlar parte del territorio peruano y al cual se le atribuyen 70.000 muertos.

El fundamento económico del poder de Sendero Luminoso y los grupos terroristas y narcos, según de Soto, es hacer de un estado fallido una fuente de negocios. En el caso del Perú, el grupo terrorista actuaba como virtual Conservador de Bienes Raíces, una suerte de mafia que ofrece protección. De allí elabora de Soto que una desregulación inteligente y la intervención de negocios ilícitos permitiría un desarrollo armónico de la economía y la política.

Las ideas de Hernando de Soto, ese economista con nombre de conquistador, como lo bautizó con su inigualable ingenio y don de la palabra su examigo Mario Vargas Llosa (luego que de Soto apoyara a Alberto Fujimori, quien desarticuló después a Sendero Luminoso) no han podido ser aplicadas a cabalidad en Perú, pero han hecho de Hernando un próspero consultor de gobiernos en lugares tan diversos como Centroamérica, Afganistán y otros países de Asia. Quién sabe si en este Perú imposible hubiese tenido éxito como primer ministro.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en el Diario Financiero.-