El Gobierno del Presidente José Antonio Kast, presionado por la crisis internacional del petróleo que debe enfrentar con menguados recursos en las arcas fiscales a raíz de la gestión de la administración de Gabriel Boric, ha decidido tomar el toro por las astas, con todo lo que ello implica.
Al asumir su cargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recibió el FEPP, Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, con escuálidos 5 millones de dólares. Como el precio del barril Brent subió de 70 dólares a 110, el costo semanal de aplicar el MEPCO (Mecanismo de Estabilización de los Precios del Combustible) con los parámetros vigentes era de aproximadamente 150 millones de dólares, pudiendo llegar a un gasto total estimado de hasta 4.000 millones de dólares. El ministerio de Hacienda se encontró entonces con una tarea imposible, lo que lo llevó a ejercer su facultad de cambiar los parámetros del MEPCO según lo faculta la ley.
Otras fuentes de recursos no eran posibles, porque como se sabe, el Gobierno recibió una caja fiscal de 40 millones de dólares el 31 de diciembre de 2025, en circunstancias que lo normal era de 3.000 a 4.000 millones de dólares. El vaciamiento de la caja fiscal (cuyo objetivo era mostrar una deuda pública más reducida al cierre del año) fue repuesto parcialmente por el ministro Grau entre enero y marzo, cuando emitió deuda pública por 6.399 millones de dólares, de las cuales solo el 15% (960 millones de dólares) fueron a incrementar la caja fiscal y el 85% restante a cubrir déficit fiscal.
El ajuste de parámetros anunciado por el ministro Quiroz llevará a un aumento del precio de la gasolina de 93 octanos de 370 pesos y un alza del precio del diésel de 580 pesos. Estos incrementos, de 32% y algo más de 60%, respectivamente, golpearán duramente los bolsillos de los chilenos. El Gobierno, bajo la conducción técnica de Quiroz, ha preparado proyectos de ley presentados al Congreso con medidas paliativas para los sectores de menores ingresos. La primera es el congelamiento de las tarifas de transporte público del Sistema Red en Santiago hasta el 31 de diciembre; la segunda es la disposición de recursos para que en regiones se contenga el alza de las tarifas de transporte público; la tercera es una baja del precio de la parafina al nivel del mes de febrero y su congelación durante el otoño e invierno. Asimismo, se envió al Congreso un proyecto de ley para subir de 5 a 60 millones de dólares el FEPP y para entregar una subvención de 100 mil pesos mensuales para taxis y colectivos mientras dure la contingencia hasta seis meses. El BancoEstado ofrecerá una línea de financiamiento para que taxis y colectivos puedan acceder a la renovación de la flota promoviendo la electromovilidad. Se tramitaría también en el Congreso la suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico a empresas no transportistas. Por último, se trabajará con gremios de transportistas para mejorar la seguridad para el transporte de carga en ruta.
Así, el Gobierno protege a los sectores más necesitados y afectados por el impacto de los cambios en el MEPCO, pero no cierra los ojos ante la crisis internacional del petróleo que ha provocado alzas de más de 40 % y 60% en los precios internacionales de la gasolina y el diésel que hacen imposible que Chile pueda evitar alzas significativas en los precios. Quien lee este artículo, y quien lo escribió, no podemos pretender que con recursos de todos los chilenos se nos proteja de esta contingencia. En ese sentido, las medidas de protección están focalizadas en los sectores más vulnerables, como debe ser cuando los subsidios se dirigen a los que realmente no pueden soportar el impacto de una crisis. Ello es consistente con las políticas que promueve el Gobierno del Presidente Kast.
Al Ejecutivo le fue bien en la Cámara de Diputados, que aprobó sus proyectos con una modificación razonable (se amplió al transporte escolar el subsidio de 100.000 pesos mensuales). Se rechazó la indicación del Gobierno para excluir a las PYMES de la suspensión temporal del crédito diferenciado al impuesto específico al diésel, pero se repondría en el Senado con posibilidades de éxito. La cámara alta tramitaba el proyecto con el objetivo que las medidas queden aprobadas el jueves, el mismo día que empiezan a regir los nuevos parámetros que alzan los precios de la gasolina y el diésel. Buena gestión de los ministros Quiroz, Alvarado y García en el Congreso.
Es imposible, no obstante, que medidas de este tipo, de amplio alcance en la población, no tengan costo político. Ya las encuestas reflejaban una caída del apoyo al Gobierno. Sin embargo, la administración de Kast demuestra sus convicciones con su actuar: estamos en un Gobierno de emergencia que por la desmedrada situación fiscal no puede aislar a toda la población del impacto de un golpe de origen externo de esta magnitud.
Hacer otra cosa sería altamente irresponsable y contrario a los principios que orientan a este Gobierno. Sin embargo, el equipo económico del Presidente Kast debe explicar hasta que duela. El fondo de las medidas es en general correcto y quienes las apoyamos porque ya era hora que volviera la seriedad al manejo fiscal, podemos pedir que la forma sea también lo más considerada posible con la población. Esta es una dura prueba para el Gobierno que no podía hacer otra cosa que comenzar su mandato siendo fiel a su convicción de austeridad estatal, que no es otra cosa que una forma de respetar los recursos de todos.
Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-
