Lo que queda de oficialismo —y que prontamente dará forma a las futuras oposiciones— ha optado por centrar su accionar político estival en un problema inexistente y una polémica, por ende, artificial: la supuesta intromisión del Presidente electo José Antonio Kast en la autonomía del Ministerio Público, a raíz de la nominación de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad.

Más que una preocupación genuina por el equilibrio institucional, el episodio parece responder a una necesidad política más inmediata: ocultar las propias dificultades internas de la izquierda, marcadas por la división, la ausencia de un proyecto reconocible y las disputas anticipadas por el liderazgo futuro de este sector. Para ello, se construyó un artificio comunicacional con un blanco definido: la futura vocera de Gobierno, Mara Sedini, a quien se acusó injustamente de haber abierto un supuesto flanco comunicacional. Incluso el propio ministro de Seguridad descartó la existencia de una intromisión en la autonomía del Ministerio Público o de un conflicto de interés.

La pregunta entonces es ¿por qué todos los dardos se centraron en ella?

Porque su designación como vocera fue una apuesta directa del Presidente electo. Atacar a Sedini, entonces, es una forma indirecta de golpear su figura. Además, se trata de alguien que no proviene de las cúpulas partidarias tradicionales, sino de otras capas de la sociedad civil que han ido conformando la estructura de soporte de las nuevas derechas, teniendo al Rechazo de 2022 como gran hito políticamente edificante. Su liderazgo no responde a los códigos habituales del establishment político, lo que la sitúa en un cuadrante particularmente incómodo para sus detractores. Según la última medición de Cadem, presenta un alto nivel de conocimiento (53%) junto a un indicador positivo de aprobación (57%), una combinación poco frecuente en figuras emergentes y, precisamente por eso, políticamente amenazante.

Sin embargo, la polémica retrata algo más relevante: la desconexión de la élite política de izquierda con las prioridades reales de los chilenos. La nominación de una persona con experiencia técnica y resultados comprobables para encabezar el Ministerio de Seguridad fue ampliamente valorada por la ciudadanía. No por nada, un 72% aprobó el nombramiento de Steinert, de acuerdo con la misma encuesta Cadem. La gente no vio un atentado contra la institucionalidad, al recibir su nombramiento, sino una señal asertiva en la selección de una profesional destacada para abordar un área crítica para el país: el combate al crimen organizado.

El contraste es elocuente. Mientras un coro polifónico de voces oficialistas se alineaba para confrontar a la futura vocera, emergían al mismo tiempo voces ciudadanas espontáneas que cuestionaban severamente el rol del Gobierno en la zona siniestrada por los incendios forestales del sur. La pregunta es inevitable: ¿no tenían los dirigentes, e incluso algunos ministros oficialistas, asuntos más urgentes de los que preocuparse y, sobre todo, de los que ocuparse en este contexto? Quizás ahí radica el problema de fondo de este paso en falso opositor.  

En vez de hacerse cargo de sus propias carencias, una parte del oficialismo opta por fabricar controversias que no interpelan a nadie fuera del circuito político. El resultado es previsible: mucho ruido, pero poco sentido, porque la ciudadanía constata, una vez más, que mientras sus urgencias siguen intactas, la élite discute sobre fantasmas.

Columna de Jorge Ramírez, Investigador del Programa Política y Sociedad Civil de LyD, en Ex-Ante.-