Siempre es útil la lectura de los documentos que emanan del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Se trata de textos que, circunscritos en la rígida tradición del análisis político marxista-leninista, ilustran con sinceridad, sin matices ni disfraces, la esencia de la acción de dicha colectividad. Si algo no se le puede reprochar al PC en Chile es disimular sus directrices y lineamientos estratégicos.

El documento de 15 páginas elaborado por la tienda, a tan solo seis días de las elecciones, opera como un conjunto de notas para una autopsia al proyecto político oficialista.

La reflexión comienza con una crítica al rol de Gabriel Boric, a quien se acusa de haber abonado a la confrontación en clave continuidad-cambio que primó en la campaña, toda vez que fue el propio Presidente quien, en reiteradas ocasiones, emplazó a José Antonio Kast y cuestionó sus propuestas, opacando el rol de Jara y reforzando, de este modo, el encuadre plebiscitario de la elección.

Además, se acusa a la campaña de Jara de no haber sido capaz de sostener un relato de diferenciación con el Ejecutivo, especialmente en el plano discursivo y programático de la profundización de los cambios, dejando entrever que la posición del PC es que, durante la administración Boric, se pudo haber impulsado un mayor volumen de políticas públicas con un sello más nítidamente de izquierda. Como era de esperar, en la dialéctica entre autoflagelantes y autocomplacientes respecto del gobierno, los comunistas han sido los primeros en situarse dentro del primer grupo.

Pero el texto no se agota en la crítica. También traza un horizonte de acción política futura. Para ello, se predefine como objetivo central impedir que la supuesta “ultraderechización” del país se prolongue en el tiempo. Objetivo perfectamente válido, porque ¿qué es ser oposición sino el anhelo de volver a recuperar el control del Ejecutivo? El problema, entonces, no es de fines, sino de medios.

El anuncio del PC es claro. La forma principal en que desarrollarán su accionar como oposición será a través de la agitación social. “ Será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1° de mayo y otros, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas ”, recalcando que la base del éxito del modelo opositor radica en la acumulación de fuerzas sociales articuladas y con incidencia continua. Curioso llamado a la protesta antes de que siquiera asuma la nueva administración de José Antonio Kast.

A partir de ese anuncio se abre una reflexión más profunda. En una democracia representativa, el derecho a la protesta es legítimo cuando responde a la visibilización de causas desatendidas por la política institucional, a agravios concretos provocados por decisiones específicas de autoridades o vulneraciones efectivas de derechos.

Muy distinto es llamar a la movilización sin razón precisa, sin política pública lesiva que sea identificable y sin un acto de gobierno alguno que la justifique, con un mero ánimo desestabilizador. En ese caso, la protesta deja de ser una herramienta cívica y se transforma en un mecanismo de presión política que tensiona, desde su origen, las reglas del juego democrático.

La experiencia reciente demuestra, además, que frente a resultados electorales adversos el PC ha optado en más de una ocasión por cuestionar la legitimidad del poder constituido, no a través del debate institucional, sino mediante la activación de la calle como trinchera política.

Basta recordar que, en el contexto del estallido, el entonces secretario general del Partido Comunista, Guillermo Teillier, a menos de 24 horas de la jornada inicial de violencia radical del 18 de octubre, llamó públicamente a la renuncia del entonces Presidente democráticamente electo, Sebastián Piñera. A ello se sumó la participación del partido, a través de la brigada Gladys Marín de las Juventudes Comunistas, en la denominada “primera línea”, además del rol decisivo de esta colectividad en la Mesa de Unidad Social, instancia desde la cual, a través de la Central Unitaria de Trabajadores, presidida entonces por una militante de esa tienda, se articularon sucesivos llamados a paros y movilizaciones que escalaron en los episodios de mayor gravedad de ese período.

Ese historial explica por qué un llamado a la movilización antes del inicio de un nuevo gobierno no puede ser leído con ingenuidad. No se trata de una advertencia retórica, sino de una señal política coherente con una forma de entender la oposición, no como un contrapoder institucional basado en la fiscalización, el disenso y la negociación, sino como un aparato de confrontación permanente, con la calle y no el Parlamento como foro para intentar revertir, por la presión y la fuerza, una voluntad democrática recientemente expresada de manera nítida en las urnas.

Durante años se ha escrito e hipotetizado largamente sobre la ultraderecha y los riesgos que esta supondría para la democracia. Sin embargo, las primeras señales del Presidente electo lo muestran muy lejos de esa caricatura que se intentó instalar durante la campaña.

Tal vez ha llegado el momento de desplazar el foco y comenzar a hablar de la ultraizquierda y de los riesgos reales que esta entraña para la democracia cuando concibe la calle como programa, la presión como método y la movilización anticipada como forma de impugnación del veredicto electoral. Porque una democracia no se debilita solo cuando se gobierna al margen de la ley, sino también cuando se busca su erosión desde fuera, decretando marchas incluso antes de que un nuevo gobierno tenga la oportunidad de comenzar.

Columna de Jorge Ramírez, Investigador del Programa Político, publicada en Ex-Ante.-