Ā Esta semana volvieron a quedar en evidencia las numerosas dudas sobre el proyecto de Financiamiento de la EducaciĆ³n Superior (FES). Una polĆtica pĆŗblica de esta envergadura debiera contar, al menos, con dos instrumentos fundamentales para una deliberaciĆ³n seria y responsable: un informe financiero riguroso y un anĆ”lisis de impacto regulatorio.
Lamentablemente, el proyecto carece de ambos. Desde su presentaciĆ³n, los supuestos utilizados para las proyecciones fiscales del FES han sido ampliamente cuestionados y la propia ContralorĆa General puso en duda la fĆ³rmula utilizada para contabilizar el nuevo sistema, evidenciando la preocupante opacidad sobre los costos reales que implicarĆ” para el Estado. AdemĆ”s, el proyecto tampoco cuenta con un anĆ”lisis de impacto regulatorio, pese a que el Instructivo Presidencial NĀ° 1 de 2022 āvigenteā establece su obligatoriedad para los proyectos de ley del Ejecutivo.
Este instrumento, recomendado por la OCDE, permitirĆa evaluar los costos directos e impactos indirectos del FES sobre el sistema de educaciĆ³n superior, asĆ como incentivos, efectos distributivos y riesgos de implementaciĆ³n. El FES no forma parte de los proyectos exentos de este anĆ”lisis (como la ley de presupuestos o los reajustes al sector pĆŗblico) y, por el contrario, cumple todas las condiciones que lo hacen indispensable. Ante una reforma de esta magnitud, que rediseƱa por completo el financiamiento de la educaciĆ³n superior, resulta fundamental contar con toda la informaciĆ³n sobre la mesa, comenzando por una evaluaciĆ³n tĆ©cnica completa y rigurosa. Lo responsable es sincerar el debate, corregir estas omisiones y someter el proyecto a los estĆ”ndares mĆnimos de informaciĆ³n financiera y regulatoria. MarĆa Paz Arzola SimĆ³n Pinto Libertad y Desarrollo
Carta de MarĆa Paz Arzola y SimĆ³n Pinto, investigadores, publicada en El Mercurio.-
