La austeridad fiscal se ha tomado el debate: más allá de dimes y diretes sobre cuál es la cantidad posible de recortar en el presupuesto fiscal, una mayoría de economistas coinciden en que es necesario volver a los tiempos en que la austeridad fiscal era un objetivo declarado de las autoridades económicas.

La lenidad de la actual administración en el cumplimiento de las metas de balance estructural (ha incumplido la meta cada año y la brecha es cada vez mayor) influye en este nuevo consenso. La valiosa presencia en el debate del Consejo Fiscal Autónomo ha contribuido también a levantar el tema y vale darle créditos a Sebastián Piñera y Felipe Larraín por su creación.

Un contraste con la frivolidad con que el Presidente Boric, en la cadena televisiva en que presentó el presupuesto, afirmó que el Gobierno entrega cuentas claras y ordenadas que demuestran responsabilidad fiscal. La verdad es justamente la contraria: déficit cada vez mayores a las proyecciones; eliminación de la glosa republicana; nueva costumbre de la DIPRES de sobreestimar los ingresos fiscales para gastar más; y la última triquiñuela: no dejar recursos para reajuste de remuneraciones en el sector público el año 2026, en circunstancias que habrá reajuste y su no inclusión obligará al nuevo gobierno a sacar fondos de otra parte. Todas, novedades que contiene el proyecto de Presupuestos 2026 de 90.000 millones de dólares que ahora discute el Congreso.

Pero hay más cosas que decir sobre el Presupuesto. La primera es que contempla un incremento del gasto efectivo de 2,5% similar al crecimiento esperado del PIB según las proyecciones de DIPRES en el Informe de Finanzas Públicas y no de 1,7% como se destaca, que es el incremento al comparar ley contra ley.

Una segunda cuestión, importante desde el punto de vista del impacto macroeconómico del presupuesto fiscal como instrumento de política, es que al mirar la composición del gasto se constata que mientras el gasto total crece, el gasto en inversión cae un 13% real. Una de las demandas más grandes que tenemos de la ciudadanía es mayor crecimiento económico y el sector público no estaría haciendo el esfuerzo en inversión necesario para ello. El gasto en bienes y servicio y el gasto en personal crecen y hay que “hacerle espacio” a esos aumentos lo que explica la caída de la inversión: una demostración empírica de las prioridades de este gobierno. Lo mismo puede decirse del gasto en educación superior que sigue creciendo, mientras cae el gasto en educación inicial.

En los últimos diez años el gasto en personal del Estado ha aumentado en un 50%, pasando del 4,6% al 7,1% del PIB, sin mejoras significativas en los servicios que reciben los chilenos. Ese es el contexto en que debiera darse la discusión acerca de la necesidad de recortar gastos en el Estado. Rebajar 6.000 millones de dólares en 18 meses de un total de 90.000 millones de dólares es menos de un 7% (4,5% en base anual),un recorte que no debiera asustar a un ministro de Hacienda.

Pero hay más, Rodrigo Valdés ha llamado la atención sobre la deuda escondida: operaciones bajo la línea como bonos de reconocimiento (se hará lo mismo con el “préstamo” de los trabajadores al Estado de la reforma de pensiones, suponemos); capitalización de empresas públicas; CAE. Éstas conforman una deuda no declarada producto de una contabilidad fiscal creativa. Agregue las deudas que deja este gobierno en vivienda, salud pública y defensa y tendrá un panorama más completo de la necesidad imperiosa de recortar el gasto fiscal.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en el Diario Financiero.-