Seguridad: cuando el problema es la gestión

La Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) nació a fines de 2022 con promesas de modernización y mejor equipamiento para aquellas instituciones que combaten a esta amenaza. Sin embargo, las últimas cifras que el propio Gobierno entregó al Congreso, en marzo de este año, dan cuenta de una realidad distinta: menos de la mitad de los recursos (48%) se han ejecutado y apenas un 59% de las compras tecnológicas se han concretado.

Más inquietante aún resulta la utilización que se ha hecho del equipamiento obtenido. A la fecha del informe emitido por el Ejecutivo, de 3.892 ítems adquiridos, más de 500 seguían sin alcanzar su meta de uso. Entre estos se encuentran escáneres y máquinas de RX sin autorización sanitaria, drones con fallas o sin pilotos certificados, y equipos que no se utilizaron porque llegaron tarde o porque se mantienen pendientes sus pagos y su respectiva rendición ante la Contraloría.

Si a estos antecedentes le sumamos el hecho de que, según el último Anuario de las Estadísticas de las Finanzas Públicas, el gasto ejecutado por esta administración en materias de orden público y seguridad no supera al gasto registrado previo a la pandemia, nos damos cuenta de que existe una falla que es sistémica. En otras palabras, el problema no es la disponibilidad de recursos, sino su gestión.

Frente a esta situación, el Gobierno podría defenderse afirmando que, para la Dirección de Presupuestos (Dipres), la ejecución de la PNCO supera el 90% en 2023 y 2024. No obstante, estas cifras, que pueden ser reales en una planilla Excel, no son reales en las calles y barrios del país. Porque para la Dipres basta con que la Subsecretaría de Seguridad Pública transfiera fondos a las policías para que el gasto se considere ejecutado, aunque no se haya hecho ninguna compra efectiva con estos recursos.

El subsecretario Rafael Collado, por su parte, respondió a las acusaciones que hacían mención al escaso uso de tecnologías ya compradas, diciendo que en realidad estos equipos sí están operativos. Una afirmación que nos encantaría creer, pero que, lamentablemente, no podemos verificar ya que el ministerio que él representa no cumplió con enviar al Congreso la actualización del avance de esta política, comprometida para el mes de julio.

Lo más dramático de todo este escenario, es que, aunque optáramos por confiar en el subsecretario y creer que efectivamente el gobierno logró, en cuatro meses, ejecutar los recursos y tecnologías que no habían logrado poner en marcha en dos años, el balance aún sería negativo para la actual administración.

Gastar recursos del Estado no comprende un objetivo en sí mismo. Por el contrario, su ejecución es el mecanismo para lograr otras metas. En este caso: disminuir los niveles de inseguridad causados por el crimen organizado. Precisamente es en esta dimensión donde, a pesar de todos los gastos que el Gobierno dice haber concretado, no se han logrado avances.

Recordemos que la tasa de homicidios alcanzó sus mayores registros durante los últimos tres años, que el número de delitos violentos registró su máximo histórico durante el 2024 y que, según la última ENUSC, la victimización de hogares aumentó significativamente y más de la mitad de los chilenos (65,7%) ha dejado de realizar alguna actividad por miedo a la delincuencia.

Los discursos, las consignas y el buen marketing político pueden ser extremadamente útiles a la hora de ganar una elección, pero pierden su valor al momento de tener que conducir un país. Ante una crisis tan severa como la que vivimos en materia de seguridad, los chilenos lo que esperan son resultados concretos y estos solo se logran a través de una buena gestión y no de pautas de prensa o de políticas que lo único que tienen de llamativo son sus nombres rimbombantes.

Por esta razón, a siete meses de que termine su mandato, no hay duda alguna de que este gobierno quedará en los registros de la historia como uno que sencillamente no estuvo a la altura. Una lección de la cual los ciudadanos de este país de seguro han tomado nota.

Columna de Daniel Rebolledo, Investigador del Programa Político, publicada en Cooperativa.cl-