A estas aturas, resulta cansador ver a las autoridades de gobierno intentando, dĂa a dĂa, defender una gestiĂłn en materia de seguridad que a todas luces ha sido deficiente. Sobre todo, cuando la realidad que vive el paĂs se impone por su propio peso. Porque la verdad es que, quedando poco más de seis meses para un nuevo cambio de mando, el juicio resulta categĂłrico: la administraciĂłn del presidente Gabriel Boric en este ámbito no ha tenido buenos resultados y las policĂas han sufrido un evidente abandono.
Las cifras son claras al respecto. SegĂşn informes de la Dipres, el gasto destinado a las policĂas durante este mandato no supera a aquel registrado antes de la pandemia. Además, estos recursos resultan ser proporcionalmente los más bajos desde que se tienen registros, es decir, desde 1990. Asimismo, reportes entregados al Congreso dan cuenta que Carabineros y la PDI han ejecutado menos de la mitad de los recursos comprometidos por la PolĂtica Nacional contra el Crimen Organizado (46% y 48%, respectivamente).
A todo lo anterior, se suma un nuevo antecedente que refleja con crudeza este abandono: la proliferación del mercado negro de venta de uniformes policiales. Este último, causado por un recorte presupuestario de más de 7.500 millones de pesos que obligó Carabineros a dejar sin efecto licitaciones clave para la compra de indumentaria, vestuario y calzado, provocando un desabastecimiento para la institución.
Los efectos de estos recortes eran previsibles para cualquiera que tuviese conocimientos básicos de economĂa: si una demanda persiste, pero su oferta se contrae, inevitablemente surgen mercados paralelos. En este caso, uniformes que siguen siendo requeridos y que deberĂan ser provistos institucionalmente, pasan a comerciarse en circuitos informales, alimentando un negocio que, además de ser indigno para los funcionarios, abre una peligrosa puerta a la delincuencia.
Estos mercados negros, al carecer de cualquier mecanismo de control, pueden ser accedidos por personas ajenas a las policĂas. No es casualidad entonces que ya se hayan registrado delitos cometidos por personas vestidas con uniformes obtenidos de manera ilegal.
Frente a este panorama los funcionarios de Carabineros se han visto obligados a financiar de su propio bolsillo parte de sus uniformes para cumplir con lo estipulado en sus reglamentos y asĂ evitar sanciones. De esta manera, quienes están en la primera lĂnea de defensa contra del crimen, se ven enfrentados a una brutal paradoja: el Estado amenaza con castigarlos por no cumplir con una obligaciĂłn que Ă©l mismo deberĂa garantizarles.
Si queremos realmente derrotar al crimen organizado y hacer retroceder la delincuencia en nuestro paĂs, el mĂnimo básico a cumplir es que quienes están con los pies en la calle dando esta batalla, al menos puedan hacerlo de manera digna. Por eso es que la situaciĂłn en la que se encuentran hoy los funcionarios de Carabineros y la PDI, sencillamente es impresentable.
A nuestros carabineros y detectives les debemos mayores recursos y una mejor gestiĂłn. Sin embargo, este gobierno a la hora de atender estas necesidades, optĂł por esconderse tras planificados discursos y pautas de prensa, dejando a las policĂas, casi literalmente, al desnudo.
Columna de Daniel Rebolledo, Investigador del Programa PolĂtico, publicada en Cooperativa.cl
