Hoy, realizar un recorrido habitual por supermercados, centros comerciales o estaciones de servicio implica encontrarse, inevitablemente, con algún elemento de seguridad privada, tales como vigilantes, guardias, lectores de patente, sistemas de vigilancia remota, entre otros. Esto da cuenta no solo de la importancia que este tipo de seguridad ha adquirido en el país, sino también del esfuerzo colectivo por enfrentar la que sigue siendo la principal preocupación de los chilenos.

La magnitud del fenómeno es significativa. Algunas estimaciones indican que, por cada Carabinero, existen al menos tres guardias de seguridad privada operando en Chile. Esta cifra enfatiza aún más el rol central de este sector para el sistema de seguridad.

En este contexto, la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada, recientemente publicada y cuyo reglamento fue oficializado en las últimas semanas, representa un avance normativo de gran relevancia. Esta ley busca modernizar un marco regulatorio que permanecía anclado en criterios y disposiciones desactualizadas, consolidando estándares coherentes con la actual situación de seguridad del país. Su entrada en vigor se prevé para finales de este año y estará a cargo del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, particularmente de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Si bien la promulgación de esta ley ha sido valorada en términos generales, es de suma importancia considerar los desafíos que implica su aplicación práctica. Una revisión del reglamento evidencia una considerable sobrecarga administrativa y plazos de implementación muy exigentes para la autoridad fiscalizadora correspondiente. Este escenario demandará una capacidad de gestión significativa por parte de la administración, a la que no estamos acostumbrados.

Por otra parte, la preocupación del sector privado y de los gremios son comprensibles ante este nuevo escenario. La implementación de la normativa por parte de una institucionalidad aún en consolidación genera incertidumbre, especialmente respecto de las obligaciones, los costos y el alcance de las medidas que deberán adoptarse. Por ello, se hace imprescindible que las autoridades mantengan una actitud abierta y dialogante, habilitando instancias de participación e intercambio técnico con los todos los actores involucrados.

Facilitar una implementación clara y participativa de la Ley de Seguridad Privada es clave para evitar que esta se transforme en una barrera adicional para la inversión, la competitividad y la actividad económica del país.

Al igual que en otros sectores de la economía, la regulación bien diseñada puede y debe ser un facilitador del desarrollo, no un obstáculo. El desafío está en la capacidad del Estado para desplegar con eficiencia este nuevo “subsistema de seguridad privada”, resguardando el interés público sin desatender las preocupaciones del sector privado, quienes al final del día, son los que harán realidad la nueva ley.

Columna de Francisco Alcorta, Investigador del Programa Político, publicada en El Líbero.-