El ministro de Seguridad Pública declaró en un programa que habría un sector que se opone al levantamiento del secreto bancario. Respecto de esto me parece prudente hacer una precisión. Nadie se opone al levantamiento del secreto bancario, una facultad vigente en nuestra legislación. Por lo demás, oponerse sería tan absurdo como rechazar los pinchazos telefónicos: existen, se aplican y cumplen su función cuando están bien justificados.

Lo que se ha defendido, en cambio, es que esa facultad se ejerza bajo control judicial, como corresponde en una democracia. No se trata de proteger delincuentes ni de poner trabas a la persecución del crimen organizado, sino de evitar que la administración acceda, sin contrapesos y con arbitrariedad —como ha ocurrido en el pasado— a información financiera de cualquier ciudadano y la emplee de manera indebida. Por otro lado, llama la atención el poco uso que hacen las instituciones de esta atribución: La UAF lo ha requerido 63 veces desde que tiene esta facultad (unas 3,5 veces por año) y la CMF, solo 11 veces en ocho años (1,4 veces por año).

De solo ver los números destaca que no solo se trata de un uso excepcional, sino que además los tribunales han concedido siempre lo solicitado. Y por lo demás, el excelente trabajo de la PDI en la captura de un grupo criminal que había sacado 13 millones de dólares del país es la mejor prueba de que el sistema, con sus controles, funciona. Finalmente, parece que el tema no está en nuevas atribuciones, sino en el responsable uso de las que ya existen.

Carta de Fiorella Romanini, Abogada del Programa Legislativo, publicada en El Mercurio.-