Modernizar una institución pública es como instalar un nuevo sistema de riego en un campo: no basta con renovar las cañerías si no se entiende el terreno, los tiempos de cultivo y los flujos de agua. Algo similar ocurre con la creación del nuevo Servicio Nacional Forestal, que reemplazará a la actual Corporación Nacional Forestal (CONAF), y que, tras ochos años de discusión en el Congreso Nacional, está próximo a ser una realidad.

No se trata de un cambio trivial para el sector forestal, que ha enfrentado cifras históricas de incendios forestales, a pesar de dar señales de recuperación. Durante la temporada 2024-2025, los siniestros aumentaron en un 8% respecto del año anterior, aunque la superficie afectada disminuyó en un 36%. Por otro lado, las exportaciones forestales cerraron el 2024 con un fuerte repunte, alcanzando un total de US$6.300 millones, que representa un aumento del 15% respecto de 2022 (INFOR, 2025). Estas cifras equivalen al 6,4% del total de exportaciones nacionales, lo que refuerza la importancia de contar una institucionalidad capaz de responder los desafíos de un sector productivo clave para el país.

En primer lugar, el nuevo servicio viene a corregir una anomalía institucional que se arrastraba desde los orígenes. La CONAF, pese a ser una corporación de derecho privado regida por sus estatutos y el Código Civil, ejerce funciones públicas sin formar parte de la Administración del Estado. Esto fue observado por el Tribunal Constitucional, el que, a propósito de las atribuciones conferidas a CONAF en la Ley de Bosque Nativo, recomendó regularizar su naturaleza jurídica.

Pero esto no es solo un cambio de nombre o de dependencia administrativa. La CONAF, como la conocíamos hasta hoy, se divide en dos organismos distintos. Por un lado, el nuevo Senafor, que quedará bajo el alero del Ministerio de Agricultura y se encargará de la gestión, fomento y regulación forestal; por otro, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley N°21.600, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y tiene como como misión la conservación de la biodiversidad y protección del patrimonio natural del país.

Un desafío clave será cómo estos dos servicios públicos compatibilizan sus funciones de fomento y protección. Se debe estar atento a las posibles tensiones que se generen, principalmente por los intereses sectoriales muchas veces contrapuestos. Ante esto cobra relevancia el principio de especialidad, que busca asegurar que las decisiones relevantes se adopten considerando el conocimiento técnico del órgano competente en la materia.

Esta tensión quedó en evidencia en la tramitación final de proyecto que crea Senafor, cuando surgió el debate sobre el carácter vinculante del informe que este nuevo servicio debe emitir para la declaración de áreas degradadas o ecosistemas amenazadas. Esta declaración no es menor, pues significa reconocer que existe un deterioro significativo tal en el terreno, que hace necesario un plan de restauración que puede derivar en restricciones de uso del suelo, como obligaciones de reforestación o limitaciones productivas a los propietarios.

Aunque algunos sectores plantearon que hacer vinculante el informe de Senafor implicaría una subordinación del SBAP y afectaría su autonomía, el ministro de Agricultura defendió inicialmente la necesidad de otorgarle valor normativo a dicha opinión técnica, dada la experiencia acumulada de la CONAF en la materia. Si bien posteriormente matizó su postura, el asunto fue zanjado en una Comisión Mixta, que resolvió mantener el carácter vinculante del informe. Esta decisión reafirma el principio de especialidad: no se trata de establecer jerarquías funcionales entre servicios, sino de asegurar que los órganos con competencias técnicas incidan efectivamente en decisiones sustantivas dentro de su ámbito.

En segundo lugar, el proyecto introduce cambios institucionales destacables, como la designación de autoridades mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y la facultad del director nacional para reorganizar internamente el servicio, crear unidades territoriales y adaptar su estructura a las necesidades locales.

Si bien es fundamental resguardar los derechos laborales ante procesos de reestructuración institucional, no deja de llamar la atención cómo las presiones de asociaciones de funcionarios terminan condicionando (e incluso trabando) el alcance de las transformaciones. Buena parte de la tramitación legislativa del proyecto se abocó en responder a las demandas de los sindicatos de CONAF. Reflejo de esto es la norma que establece que las nuevas vacantes deberán ser primero previstas mediante concursos internos, y solo en caso de no ser exitosos, se abrirán al público general. Esto debilita el principio de igualdad en el acceso a la función pública, favoreciendo la continuidad por sobre la competencia abierta.

En tercer lugar, respecto al combate de incendios, es positiva la coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Sin embargo, el proyecto otorga a Senafor un conjunto de facultades extraordinarias que merecen atención. Entre ellas, se incluye la posibilidad de ingresar a predios privados, extraer agua de cauces naturales, contratar por trato directo e incluso actuar sin autorización previa de Contraloría en situaciones de urgencia. Aunque comprensibles frente a una emergencia, estas atribuciones deben estar acompañadas de criterios claros, protocolos de actuación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas que garanticen proporcionalidad, respeto a la propiedad y confianza de la ciudadanía. Asimismo, la creación de un Registro Nacional de Entidades Privadas habilitadas para enfrentar incendios busca fortalecer la colaboración público-privada, pero su eficacia dependerá de una regulación rigurosa que prevenga conflictos de interés, asegure estándares técnicos y promueva un acceso equitativo.

En definitiva, la creación de Senafor representa un avance relevante y largamente esperado, que corrige la anomalía institucional y permite cerrar la brecha jurídica y técnica importante. Pero como todo sistema de riego moderno, la clave no está solo en las cañerías nuevas, sino en cómo se distribuye el agua, cómo se evitan filtraciones y cómo se aseguran buenas cosechas. Para el éxito del nuevo servicio la implementación será tan importante como el diseño.

Columna de Simón Pinto, Abogado del Programa Legislativo, publicada en El Líbero.-