25.078 funcionarios pĂşblicos, entre los años 2023 y 2024, viajaron fuera del paĂs pese a estar con licencia mĂ©dica. Licencias pagadas con cargo a los impuestos de todos nosotros, los contribuyentes.
Hasta la fecha, el Estado habĂa hecho la vista gorda ante esta situaciĂłn. Tres billones de pesos —es decir, tres millones de millones— es el costo anual que el fisco destina al pago de licencias mĂ©dicas. Exautoridades del Ministerio de Salud han señalado que, sĂłlo reduciendo ese gasto en un 10%, se podrĂa financiar el tĂ©rmino de las listas de espera en el paĂs.
La cultura del fraude, cual cáncer agresivo en estado de metástasis, se ha ramificado de manera silente por cada repartición de la administración pública. Son 777 las instituciones y reparticiones públicas con casos de funcionarios involucrados.
Incluso, uno de los amigos más cercados del Presidente Boric —quien, recordemos, prometiĂł terminar con el amiguismo y la cultura del pituto—, flamante funcionario de la SubsecretarĂa de Telecomunicaciones y remunerado con un sueldo superior a los siete millones de pesos, tambiĂ©n hizo uso de su “derecho” a defraudar, en modalidad de vuelo internacional.
Pero al fin alguien logrĂł ponerle el cascabel al gato: Dorothy PĂ©rez. De bajo perfil, pero de alto rigor en el ejercicio de su funciĂłn. La biografĂa de la contralora está marcada por la meritocracia. Quizás ha sido eso lo que abonĂł la cuota de resiliencia necesaria para que soportara el congelamiento al que la expuso el anterior contralor, Jorge BermĂşdez, y que luego logrĂł revertir en la Corte Suprema.
Fue ella quien produjo uno de esos eventos de baja probabilidad, pero alto impacto, destapando el escándalo de las licencias truchas. De alguna manera, cuando el paĂs se ve expuesto a una pendiente resbaladiza de decadencia y corrosiĂłn Ă©tica, surgen estas personalidades opacas, pero al mismo tiempo luminosas: pequeños hombres y mujeres que impulsan grandes cambios, detentores de la Ă©tica del burĂłcrata descrita por Max Weber, y que, a fin de cuentas, constituyen la reserva moral de nuestra alicaĂda democracia.
Aferrada a la idea de que hay que hacer que las cosas pasen, Dorothy PĂ©rez mandatĂł a sus equipos a realizar un simple pero letal cruce de datos: el registro de licencias mĂ©dicas otorgadas, con la informaciĂłn de entradas y salidas del paĂs proporcionada por la PolicĂa de Investigaciones. AsĂ sincerĂł una cruda realidad, dimensionĂł la magnitud del problema y rompiĂł la inercia, para que, de una vez por todas, las instituciones funcionen, se investigue debidamente y se sancione de forma ejemplar este autĂ©ntico esquema de defraudaciĂłn fiscal en modalidad hormiga.
Pero no basta con el arrojo de la contralora. Ella destapĂł una caja de pandora y abriĂł una valiosa ventana de oportunidad para que el mundo polĂtico tome el toro por las astas. De acreditarse el fraude al fisco, estos funcionarios debieran enfrentar una sanciĂłn que les impida desempeñar funciones pĂşblicas por un perĂodo no menor de tiempo. Además, es necesario repensar el diseño e incentivos detrás de nuestra polĂtica de licencias mĂ©dicas, asĂ como las herramientas para su debido monitoreo, control y fiscalizaciĂłn.
El clima de opinión acompaña. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de cómo, en nombre de la función pública, en múltiples ocasiones se reproduce una lógica de privilegios y abusos intolerables. Trabajar en el Estado supone un especial celo en el uso y gestión de los recursos de todos los chilenos. Hacer honor a esa vieja, pero a ratos olvidada frase: “servir y no servirse del Estado”. Gracias, Dorothy, por traerla de vuelta a la palestra.
Columna de Jorge RamĂrez, Investigador del Programa PolĂtico, publicada en Ex-Ante.-
