Tres semanas sin clases llevan los colegios pĆŗblicos del Servicio Local de EducaciĆ³n (SLEP) de Magallanes. āNo es un nuevo Atacamaā, aclara el Director de EducaciĆ³n PĆŗblica, aludiendo a las diferentes causas que originaron una y otra paralizaciĆ³n āpretensiones de aumentos salariales, en una, y demandas de mejoras en higiene e infraestructura, en la otra-. Y tiene razĆ³n, son casos distintos y es de esperar que el paro en Magallanes no termine prolongĆ”ndose por los mĆ”s de ochenta dĆas que durĆ³ el de Atacama. Con todo, sĆ se deben reconocer las similitudes de ambos episodios y sacar lecciones.
Primero, que en ambos casos se trata de transgresiones al derecho a la educaciĆ³n de miles de niƱos, protagonizadas por el Colegio de Profesores y sus demandas que escapan del control del director ejecutivo del servicio y que escalan al nivel central.
Y, segundo, que son conflictos que se dan en el seno de un SLEP, entes creados para administrar las escuelas traspasadas desde los municipios y que, en teorĆa, venĆan a dotar al Estado de las atribuciones para garantizar dicho derecho.
Con ello, queda de manifiesto el problema de centralizar la administraciĆ³n de la educaciĆ³n āun servicio que debiera ser declarado como esencialy que, en este caso, se ha agravado debido a dos leyes implementadas en los Ćŗltimos aƱos, la Carrera Docente y el Sistema Nacional de EducaciĆ³n PĆŗblica (al que pertenecen los SLEP).
En lo que dice relaciĆ³n con la Carrera Docente, esta se basĆ³ en un diagnĆ³stico correcto āla necesidad de mejorar las condiciones e incentivos que enfrentan los profesores-, pero buscĆ³ solucionarlo mediante un sistema de reconocimiento y promociĆ³n rĆgido que no se adapta a las circunstancias y necesidades locales, y que deja a los directores escolares como meros espectadores, sin atribuciones para manejar los incentivos dirigidos a mejorar la enseƱanza en sus escuelas.
En lugar de resolver las trabas del Estatuto Docente, la Carrera Docente las revalidĆ³, y, al concentrar aĆŗn mĆ”s la polĆtica docente en el nivel central, entregĆ³ al Colegio de Profesores el poder de negociar sus pretensiones directamente con el gobierno de turno, transformĆ”ndolo en el principal blanco de sus dardos.
Y en cuanto a los SLEP y el Sistema de EducaciĆ³n PĆŗblica, el mayor centralismo de que este adolece limita la resoluciĆ³n de problemas de forma oportuna a nivel local. La diluciĆ³n de responsabilidades que se produce en una institucionalidad de estas caracterĆsticas era previsible, se advirtiĆ³ al momento de legislar, pese a lo cual se insistiĆ³ en un modelo cuyos defectos hoy lamentamos.
En suma, el paro de Magallanes evidencia, una vez mĆ”s, cĆ³mo el derecho a la educaciĆ³n de los niƱos y el bienestar de sus familias son afectados por reformas centralizadoras que confiaron ciegamente en la capacidad estatal y que, en los hechos, pareciera no los pone a ellos en el centro, sino que los relega a un segundo plano, por detrĆ”s de las disputas por fines ajenos a la educaciĆ³n.
Columna de MarĆa Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-
