El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los dueƱos del terreno para evitar el desalojo de la toma del cerro Centinela en San Antonio ordenado por los tribunales de justicia, querĆ”moslo o no, genera un precedente preocupante. Si bien es cierto que se trata de un problema mayĆŗsculo, pues cumplir con la orden judicial implicaba desalojar a miles de familias vulnerables que no tienen dĆ³nde ir, es importante reflexionar respecto a por quĆ© se llegĆ³ a este punto sin retorno y los posibles efectos de un acuerdo como este.
Sobre lo primero, queda en evidencia que las autoridades han fallado en la entrega de soluciones habitacionales adecuadas y oportunas, lo que ha implicado que este tipo de usurpaciones se sigan extendiendo.
En el caso concreto, las autoridades sĆ tienen una responsabilidad en no haber previsto la magnitud que alcanzarĆa esta toma, asĆ como en no haber tomado medidas a tiempo que permitiesen el cumplimiento del fallo y la elaboraciĆ³n de una soluciĆ³n habitacional a dichas familias.
Por ello, el hecho de que estas familias puedan seguir viviendo allĆ difĆcilmente puede verse como una buena noticia. Especialmente, por cuanto se ha demostrado que los asentamientos informales suelen ubicarse en zonas de riesgo, inseguridad y condiciones de gran precariedad.
Respecto a lo segundo, el protocolo de acuerdo, junto con incentivar futuras usurpaciones, debilita nuestra institucionalidad pues, en definitiva, se validan las vĆas de hechos por sobre la ley y se permite dilatar el cumplimiento de una resoluciĆ³n judicial firme.
Sobre este punto, no puedo sino compartir lo que han sostenido algunos reconocidos acadĆ©micos y columnistas, en cuanto a que la seƱal que se entrega es muy daƱina para el estado de derecho. Si no se respeta la ley y si no se cumplen las decisiones judiciales, el sistema jurĆdico pierde su legitimidad.
En efecto, si las decisiones de los tribunales no se ejecutan, bĆ”sicamente el mensaje que se envĆa es que no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y garantĆas, creando un sistema donde algunos pueden evadir las consecuencias de sus actos.
AdemĆ”s, Āæen quĆ© pie queda la autoridad del Poder Judicial? ĀæCĆ³mo se garantiza, entonces, la efectiva protecciĆ³n de los derechos fundamentales? ĀæQuĆ© seƱal se entrega a quienes sĆ cumplen con la ley y esperan por una vivienda digna?Finalmente, no debemos olvidar que reciĆ©n en noviembre de 2023 se publicĆ³ una ley que modificĆ³ la tipificaciĆ³n y sanciĆ³n de las usurpaciones.
Si bien la toma de San Antonio es anterior a la nueva ley, ĀæquĆ© sentido tendrĆa contar con esta nueva legislaciĆ³n si en los hechos se entregan este tipo de seƱales? En definitiva, aunque en esta instancia no existĆan muchas alternativas al acuerdo, no se puede pasar por alto la responsabilidad que le cabe a las autoridades de haber llegado a este punto y sus posibles efectos.
Es fundamental que se promuevan soluciones habitacionales que permitan el acceso a ellas por parte de la poblaciĆ³n mĆ”s vulnerable.
Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora de Asuntos JurĆdicos y Legislativos, publicada en La Tercera.-
