Se van a cumplir tres meses del devastador incendio que se presentó en la quinta región, en donde 135 personas fallecieron y fueron destruidas más de 8.000 viviendas. Esta catástrofe fue catalogada como uno de los incendios más mortales de la última década. Sin embargo, y a pesar de la magnitud de esta tragedia, las familias afectadas tuvieron que esperar dos meses para recibir el Plan de Reconstrucción del Gobierno.

A su vez, aun cuando este Plan abarque varios aspectos importantes, como el desarrollo de capacidades para abordar la reducción del riesgo de desastres, carece del sentido de urgencia necesario para brindar la ayuda requerida a los miles de damnificados. A través de siete ejes y 166 medidas, se busca recuperar lo perdido.

No obstante, la mayor ayuda hasta ahora ha provenido de la entrega de cuantiosos aportes monetarios para la compra de materiales para la autoconstrucción. Esto resulta preocupante, ya que, sin un liderazgo claro, existe el riesgo de que cada familia reconstruya sus hogares sin considerar medidas básicas de seguridad o la necesidad de implementar ciertas obras para reducir el riesgo para cuando sucedan nuevas catástrofes.

Así, el problema radica en que la autoconstrucción no está considerando aspectos vitales como la seguridad de los vecindarios, mejora de la conectividad, la creación de nuevas vías de evacuación o implementación de infraestructuras de mayor envergadura que protejan a la población.

Además, la misma gestión del Estado presenta ciertas contradicciones, ya que las iniciativas de radicación de los campamentos podrían eventualmente ubicar a las familias en zonas expuestas a riesgos. Por ello es crucial que, junto a la reconstrucción, se implementen las obras necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de la población afectada.

Asimismo, es preocupante que muchos de los hogares damnificados sean vulnerables y carezcan de los medios necesarios para reducir el riesgo ante una catástrofe. Se observa que, por lo general, corresponden a hogares que pertenecen al tramo más vulnerable del Registro Social de Hogares. Del total, el 40% de estos hogares están compuestos por niños, el 33% por adultos mayores, y el 5% cuenta con alguna persona en situación de dependencia o discapacidad. Esta situación refuerza la necesidad de acelerar un proceso de reconstrucción con medidas que mitiguen los riesgos.

A su vez, para darle un mayor sentido de urgencia al Plan, es fundamental que se proporcione información transparente sobre los avances en la reconstrucción tanto para las familias afectadas como para el público en general. Como se suele decir, lo que no se mide, no mejora.

En suma, el Plan de Reconstrucción de la quinta región requiere atención y coordinación especial para dar una solución urgente a las familias y generar barrios más preparados, no solo para enfrentar, sino que para prevenir futuras catástrofes.

Paulina Henoch, Coordinadora del Programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, publicada en La Segunda.-