Un grupo de economistas fundamentó recientemente su posición "en contra" de la propuesta constitucional, argumentando que de aprobarse se āā¦arriesga afectar la economĆa mediante una mayor incertidumbre y problemas de funcionamiento institucionalā. Esa aseveración es sorprendente por varias razones.
Lo primero es que el mismo grupo apoyó con entusiasmo la idea que Chile necesitaba una nueva Constitución en diciembre del 2020 y luego optó por el āAprueboā a un texto que, cómo olvidarlo, prometĆa "meterle inestabilidad al sistema", refundando y, a mi modo de ver, dinamitando las bases del progreso económico y social de las Ćŗltimas dĆ©cadas. Pero, en fin, todos tienen derecho a cambiar de opinión y convertirse ahora en partidarios de las certidumbres.
Lo anterior hace que sea doblemente sorprendente justificar el āEn contraā en el temor a la incertidumbre, porque en los hechos esa opción dejarĆa a Chile expuesto a dosis de incertidumbre sin precedente en las Ćŗltimas dĆ©cadas. Se olvida que el aƱo pasado, mientras los chilenos rechazamos claramente el proyecto de la Convención, en el Congreso se aprobaron dos reformas constitucionales cuyo efecto fue quitarle a la Constitución actual su capacidad de producir certidumbre institucional: se rebajaron los quórums de reforma constitucional a 4/7 -de los mĆ”s bajos del mundo- y ademĆ”s se eliminó lo que conocĆamos como el āquorum orgĆ”nico constitucionalā, que se exigĆa para modificar leyes que regulan instituciones y derechos claves, desde el Banco Central a las Fuerzas Armadas, desde la libertad de enseƱanza a las concesiones mineras, entre muchas otras.
Esas dos modificaciones del aƱo pasado a la Constitución vigente tienen alcances tan amplios y profundos que me parece que la que hoy nos rige deberĆa ser llamada la Constitución del 2022.
Si se trata de estar preocupados de la incertidumbre, la realidad es que hoy, con el texto vigente, una mayorĆa de diputados y senadores en ejercicio podrĆa terminar con la autonomĆa del Banco Central. Por eso el proyecto del Consejo que votaremos en diciembre propone incluir en la Constitución las normas que consagran esa autonomĆa. Saque usted sus cuentas de lo que significa el āEn contraā en esta materia y en todas aquellas otras reguladas por leyes orgĆ”nicas constitucionales.
Todos quisiĆ©ramos creer que como paĆs recuperamos plenamente la cordura luego de haber rechazado el texto de la Convención, pero la sobriedad en la cual transcurrió la discusión constitucional durante estos ocho meses no puede ser leĆda como sinónimo del abandono de las aspiraciones refundacionales radicales plasmadas en el texto rechazado. Para ello basta con revisar las enmiendas que se presentaron en este nuevo proceso constitucional por parte de la izquierda mĆ”s extrema y que fueron apoyadas por la centro- izquierda en la Comisión Experta. La agenda refundacional sigue latente a la espera de que se vuelva a abrir una ventana de oportunidad para implementarla. Y el āEn contraā en diciembre, producto de las reformas aprobadas en el Congreso el aƱo pasado le deja las ventanas y las puertas abiertas.
Por eso que, desde la perspectiva de la certidumbre, el que el proyecto que se vota en diciembre suba a 3/5 el quorum para modificar la Constitución e incorpore normas institucionales claves, como la del ejemplo del Banco Central, hace la opción āA favorā inmensamente atractiva, en una dimensión gruesa y sustancial.
De la misma envergadura y atractivo para poder salir del estancamiento en que estĆ” el paĆs, son los cambios propuestos al sistema polĆtico. Pero del tema se dice poco. La metĆ”fora es un clichĆ©, pero me recuerda eso de no ver el bosque por fijarse solo en un par de Ć”rboles. Me resulta sorprendente, en cambio, el volumen de atención y discusión que se le ha dado a un par de normas, que encuentro razonables, pero respecto de las que es discutible si debieran estar en la ley o en la Constitución. Por ejemplo, la que apunta a la obligación del pago de contribuciones o eventuales modificaciones al impuesto a la renta. Son normas novedosas, razonables, pero que se entiende que se critiquen desde la perspectiva de quienes creen que no debieran estar en la Carta Magna. Pero no por ello se debe perder de vista las cosas que este nuevo texto resuelven bien, por sobre todas las cosas, las cuestiones institucionales. No cabe duda que ese es āel bosqueā que importa.
Y es ahĆ, como decĆa, donde creo que el texto propuesto ofrece cambios muy potentes y que apuntan a resolver el nudo de la parĆ”lisis polĆtica que nos afecta.
Es tal el deterioro de nuestra dinĆ”mica institucional a que ha conducido el fraccionamiento del sistema polĆtico, con cerca de 30 partidos existentes o en formación, que parece que llegó el momento de proponer un agregado a aquella frase del jefe de campaƱa del ex Presidente Clinton, que le recordaba a todo su equipo, que habĆa que centrar el mensaje de su candidato con un letrero que decĆa: āEs la economĆa, estĆŗpidoā.Ā Nuestra realidad nos viene recordando a gritos desde hace ratos que, ademĆ”s de la economĆa, tenemos un problema digno de otro letrerito: āEs la polĆtica, estĆŗpidoā.
Al igual que el grupo de economistas al que aludĆa al comienzo, creo que la variable āincertidumbreā y el āfuncionamiento institucionalā son claves. Por eso votarĆ© a favor de la Constitución del 2023.
Columna de Bettina Horst, Directora Ejecutiva, publicada en El Mercurio.-