Ese era uno de los slogans del movimiento izquierdista de mayo de 1968 en París. Sin embargo, muchos en Chile, pese a mirar con nostalgia esa época, solo buscan prohibir y poner obstáculos al crecimiento. El último ejemplo son las apuestas en línea. Es cierto que no están reguladas en nuestro país, pero ¿prohibirlas es la solución?

La tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad del Estado de generar regulaciones ante la disrupción de nuevos productos y servicios. Y prohibir siempre será más fácil que reglas oportunas y sensatas, y, además, contará con el aplauso de los incumbentes que verán cómo se protegen sus intereses. Sin embargo, las prohibiciones solo desplazan a un mercado negro y menos reguladoactividades que se seguirán realizando: así sucedió con el alcohol en EE.UU. en la primera mitad del siglo XX.

En cambio, una regulación adecuada permite controlar dificultades que son reales (en las apuestas en línea, la adicción al juego o su uso como mecanismo de lavado de dinero, entre otros), sin bloquear la innovación. El problema en Chile es que regulamos mal y tarde.

Un ejemplo son las apps de transporte que, pese a no estar reguladas, llevan años trasladando a millones de chilenos de forma más cómoda, eficiente y ecológica que los autorizados taxis. Tras casi cinco años de discusión en el Congreso, la ley entra en vigencia en febrero próximo. Pero ya se anticipa que generará varios problemas, entre ellos, menor disponibilidad y mayores costos al impedir el uso de cierto tipo de vehículos (los de motores menos contaminantes) y la entrada de nuevos conductores (que afectará los ingresos de amplios sectores de la población).

En el caso de las apuestas en línea, desde marzo de 2022 se discute, sin mayor avance en la Cámara de Diputados, una ley para regularlas. La inacción del Congreso derivó en que, entre el Poder Judicial y la Subtel, impidieran su funcionamiento. Pese a ser casos muy distintos, la dinámica de la judicialización de las Isapres fue similar. Largos años sin solución legislativa dio espacio para que la Corte Suprema dicte, a través de sus fallos, políticas públicas sin tener atribuciones ni conocimientos para realmente mejorar el sistema de aseguramiento privado.

Así, prohibiciones y regulaciones deficientes terminan perjudicando a los usuarios. Por ejemplo, ¿Qué sentido tiene que la ley de apps de transporte imposibilite ofrecer viajes compartidos como existen en docenas de ciudades en el mundo? ¿Evaluó la Corte Suprema el efecto sistémico de impedir el cobro por la atención de menores de dos años en las Isapres?

En lugar de prohibir, es esencial que el Congreso sea capaz de crear oportunamente reglas claras, promover la competencia y, cuando corresponda, corregir las externalidades negativas que ciertas actividades generan.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-