Construcción es la actividad económica que más se vio golpeada durante la pandemia y que más ha tardado en recuperarse. Actualmente su producción se encuentra bajo los niveles que tenía en 2019, con una tendencia a la baja desde el año pasado, y a futuro, el panorama resulta altamente complejo bajo la excesiva y creciente burocracia que ahuyenta la inversión en esta industria.

En esa línea, genera especial preocupación el alza que ha experimentado la demora en la aprobación de proyectos y la tramitación de permisos en el último tiempo. Un estudio de Colliers dejó en evidencia los cuantiosos tiempos asociados a las gestiones para desarrollar un proyecto inmobiliario, que en la Región Metropolitana están en torno a los 465 días, exhibiendo incluso un deterioro con respecto al año anterior. Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción mostró que actualmente la aprobación de proyectos por parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) están tomando cerca de 18 meses, con una tendencia al alza desde 2014 y más marcada aún desde el año 2020.

Un aspecto relevante en este sentido es el incumplimiento de los plazos legales para el otorgamiento de permisos por parte de las distintas instituciones involucradas. Así lo reflejan estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), donde el tiempo efectivo de respuesta supera en algunos casos hasta cinco veces lo establecido por ley. En esto, la falta de fiscalización a los funcionarios responsables para asegurar que los plazos se cumplan, incide directamente en el avance de los proyectos y se traduce finalmente en una menor inversión, producto de la incertidumbre y falta de certeza en los plazos que existe en la etapa de planificación.

Un elemento adicional que está influyendo en la demora de las aprobaciones necesarias para los proyectos, son las presiones de comunidades o grupos de interés que cuestionan los permisos otorgados. Esto aumenta el temor de los respectivos funcionarios, que además se ven enfrentados a la alta complejidad y al exceso de requerimientos y normas que los regula, contribuyendo a que se complejicen y dilaten aún más la aprobación de los permisos.

Sin embargo, la mayor queja de los inversionistas es la falta de certeza jurídica, ya que en los últimos años ha aumentado considerablemente los procesos de invalidación de permisos, lo que ha afectado obras en construcción generando no solo daños de gran magnitud, sino que también falta de credibilidad en el sistema.

En concreto, lo que los inversionistas requieren para volver a invertir es tener certeza jurídica en los permisos otorgados y a la vez contar con un proceso de tramitación claro y con plazos que se cumplan. En esta línea, una efectiva fiscalización de los procesos aprobatorios en lo concerniente a los plazos resulta esencial, labor que debe ser desarrollada por algún organismo independiente de las reparticiones que tienen a su cargo estas aprobaciones.

Columna de Soledad Monge, Economista, publicada en El Mercurio.-