El 21 de julio pasado, el Ministerio de Hacienda anunció la colocación de un bono soberano por cerca de US$ 2.200 millones, con fecha de vencimiento el 1 de noviembre de 2037, que contiene cláusulas de castigo para Chile si no se cumplen dos exigencias: una meta de descarbonización y alcanzar el 40% de mujeres en directorios de las sociedades comerciales sujetas a la supervisión de la CMF al 30 de diciembre de 2031.

En caso de no alcanzar alguna de estas condiciones, la estructura contempla un incremento del pago de intereses equivalente a 0,15% anual por cada objetivo no alcanzado, lo que podría llegar a implicar un sobrepago para el Tesoro chileno de más de US$ 26 millones.

Nuestra Constitución exige una ley de quorum calificado para autorizar al gobierno la contratación de préstamos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial, ya que deudas de largo plazo, como la emitida en julio pasado, comprometen la estabilidad de las finanzas públicas de mediano plazo. Hoy, la autorización abarca solo el monto máximo de las obligaciones a contraer, y se estipula en la Ley de Presupuestos.

La exigencia de cuotas para mujeres en directorios forma parte de la agenda de la actual administración y lo ha plasmado en un proyecto de ley de lento avance, que genera un evidente debate al ser un fenómeno que naturalmente está ocurriendo, sin la imposición de cuotas estatales. Preocupa que el Gobierno, en los hechos, esté forzando el resultado de la discusión parlamentaria contra el castigo latente de un sobrepago por no cumplimiento. Con ello, torna en un mero trámite la democrática discusión que debe darse en el Congreso.

Por otra parte, pareciera prudente aprovechar la próxima Ley de Presupuestos para discutir las cláusulas que cada gobierno puede comprometer.

Es, por cierto, legítimo que un gobierno plantee sus temas, pero no parece correcto que comprometa eventuales castigos que deberán pagar los chilenos en una década más, cuando la actual administración sea solo un lejano recuerdo.

Carta de Francisca Toledo y Tomás Flores, investigadores, publicada en EL Mercurio.-