Por estos dĆas cuesta tomarse al gobierno en serio. A partir de las revelaciones sobre millonarios traspasos fraudulentos de fondos fiscales a la fundaciĆ³n Democracia Viva desde el ministerio de Vivienda, el gobierno de Gabriel Boric se encuentra en una situaciĆ³n muy delicada. Ha perdido gran parte de su poder y todo su prestigio. Los partidos que apoyan al gobierno ejercen vetos sobre el presidente: los comunistas a Patricio FernĆ”ndez como asesor de la conmemoraciĆ³n de 50 aƱos del golpe militar; los socialistas a la obvia salida del ministro Carlos Montes quien ha visto pasar bajo sus narices varios miles de millones de pesos sin siquiera pisparlo; y el Frente Amplio a la remociĆ³n del ministro Giorgio Jackson, lĆder de RevoluciĆ³n DemocrĆ”tica, partido que ideĆ³ el mecanismo de vaciamiento fiscal en favor de sus militantes y amigos bajo la inspiraciĆ³n del espaƱol IƱigo ErrejĆ³n, de Podemos.
El mecanismo ideado para sustraer fondos pĆŗblicos abarca a nueve regiones del paĆs y no se limita a RevoluciĆ³n DemocrĆ”tica, alcanzando a otros movimientos del Frente Amplio que estĆ”n bajo sospecha e incluso a amigos personales del presidente Boric. Las explicaciones del presidente acerca de la fecha en que conociĆ³ los hechos son errĆ”ticas y la indignaciĆ³n de los chilenos por la utilizaciĆ³n de fondos destinados a pobladores vulnerables para enriquecer a polĆticos es crece. SerĆ”n el Ministerio PĆŗblico y la ContralorĆa quienes estarĆ”n bajo escrutinio de la ciudadanĆa, que evaluarĆ” si estas instituciones funcionan en defensa de los intereses de los chilenos.
AsĆ, el gobierno aparece completamente debilitado para conducir el paĆs. Recordemos que luego de la violencia del 18 de octubre, durante el gobierno de PiƱera, asistimos a una degradaciĆ³n de las instituciones democrĆ”ticas. La pregunta relevante para la polĆtica, entonces, es si podemos tomar en serio a la oposiciĆ³n, de manera que su actuaciĆ³n conduzca a completar el perĆodo presidencial en un ambiente de paz social y con el mĆnimo daƱo posible a la economĆa familiar.
Los partidos de oposiciĆ³n deben preocuparse de sacar adelante la agenda acordada entre los lĆderes del Congreso y el gobierno en materia de seguridad y no ceder ante el partido comunista que discrepa de su contenido. Proteger a la poblaciĆ³n de la delincuencia es la primera prioridad.
En materia econĆ³mica y social se debe persistir en el rechazo a la reforma tributaria, camuflada ahora bajo el rĆ³tulo de pacto fiscal, pues resulta tragicĆ³mico dotar al gobierno de mĆ”s recursos para que se usen como ya sabemos. Alguna adecuaciĆ³n, acotada, podrĆ” hacerse al presupuesto fiscal para lograr metas especĆficas y sancionar con mayor dureza las transgresiones a la probidad. En materia de pensiones, es inconcebible que parlamentarios negocien con la ministra comunista para destinar cotizaciones adicionales a un esquema de reparto y con administraciĆ³n de fondos adicionales preferentemente por el Estado. La aprobaciĆ³n de la PGU permite ajustes puntuales a la legislaciĆ³n para mejorar las pensiones de algunos grupos y aumentar las cotizaciones de otros, como ya lo han planteado parlamentarios de oposiciĆ³n. La ley corta de ISAPRES, paradojalmente, en lugar de ayudar a resolver el problema de solvencia de estas instituciones lo agrava, de modo que habrĆ” de acordarse algĆŗn mecanismo que permita a sus tres millones de afiliados mantener una cobertura adecuada de su salud.
Un gobierno de administraciĆ³n es lo que necesita Chile y la oposiciĆ³n debe estar a la altura de sus fueros y exigirlo.
Columna de Luis LarraĆn, Presidente del Consejo, publicada en el Diario Financiero.-Ā
