Concuerdo con Eduardo Engel (columna del domingo) en que la política pública debe ser flexible para que se adapte a las mejores soluciones disponibles para la provisión de derechos sociales. Sin embargo, también es importante que sea coherente con nuestra historia. En ese contexto, la libertad de elegir no es un slogan ideológico y debe ser recogido por el texto constitucional.
La educación privada subvencionada por el Estado se remonta al siglo XIX. En el caso de la salud, las mutuales son del mismo siglo, muy anteriores al Servicio Nacional de Salud de 1952. La libertad de elegir, entonces, es parte de nuestra institucionalidad y por ello no es extraño que sea ejercida por millones de chilenos en cada uno de los ámbitos que la ley lo permite.
Lo anterior no quiere decir que no se puedan generar mecanismos que, respetuosos de esa libertad de elegir, “empujen” -como diría Richard Thaler- hacia mejores elecciones. Ejemplo de ello es la licitación de las AFP que permitió que la competencia que existía en base a la calidad del servicio y la rentabilidad, también incluyera el precio de las comisiones. Un contraejemplo fue el de los cambios de multifondos. Sin embargo, no fue la libertad de elección entre administradores la que generó perjuicios a los afiliados, como sugiere Engel, sino que cambios irracionales en la exposición al riesgo. Afortunadamente estos se han ido regulando y se debe seguir en ese camino.
Por otro lado, usualmente se usa el seguro de cesantía para resaltar las bondades de un proveedor único. Creo que es un mal ejemplo. Ese seguro es un beneficio eventual y que solo entrega recursos en caso de desempleo por un periodo acotado. Muy distinto a un seguro de salud que incide sobre dónde y quién me atenderá ante una enfermedad o quién administrará durante décadas mis ahorros previsionales. Esto no implica mantener el statu quo. En el caso de salud, por ejemplo, se requiere ir hacia un plan comparable, sin exclusiones, que compense por riesgo, pero manteniendo la oferta de distintos actores.
Así, para que la nueva Constitución sea aprobada es esencial combinar grados de flexibilidad con el derecho a elegir.
Carta de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Mercurio.-
