El Presidente Boric se dio plazo hasta julio para buscar un acuerdo e insistir con su reforma tributaria. Subir impuestos en medio de una delicada situación económica no es fácil, pero las actuaciones del Gobierno solo hacen más complejo el desafío del ministro Marcel.

Revisemos primero el contexto. El ministerio de Energía tuvo que entregar alrededor de $500 millones en recursos públicos para financiar la ingenua idea de que una empresa estatal podía competir en el mercado minorista de gas. Por otro lado, según el INE, en los dos primeros trimestres móviles de 2023 (enero-marzo y febrero-abril) el empleo asalariado público creció 7,1% en 12 meses, mientras que el empleo formal privado creció solo 0,9%. De más está decir que esos trabajos están financiados con recursos de todos los chilenos. Finalmente, el traspaso, sin licitación, de $426 millones entre militantes de RD, reflejan el poco cuidado (y eventualmente la ilegalidad) con que se utilizan los impuestos.

Estas no son tres anécdotas aisladas. Más bien parecen ser la punta de un iceberg. Un estudio de LyD dio cuenta que el 51% de los programas que realiza el Estado tiene alguna deficiencia en su diseño. Estos equivalen a 7,6% del PIB. No es que todos esos recursos puedan dejar de gastarse, pero demuestran que hay un amplio espacio de mejora en la eficiencia del gasto público. Esa discusión debiera estar sobre la mesa antes que el Estado vuelva a pasar el sombrero.

En cuanto a lo que se pretende hacer con lo recaudado, se abren otras dudas. Un tercio de los recursos recaudados irían a salud. ¿Es razonable inyectar más recursos si la CNEP ha advertido que más de un 20% de los días-cama de la atención primaria de salud estatal corresponde a hospitalizaciones evitables? ¿Disminuirán las listas de espera sin antes corregir que los pabellones quirúrgicos del sector estatal no fueron utilizados en el 40% de las horas (USS, 2022)?

Asimismo, parte de la recaudación iría a saldar la “deuda histórica” con los profesores, pero ni siquiera se ha transparentado cuánto costaría, a quiénes beneficiaría (la Corte Suprema ha fallado en varios casos en contra de los docentes), ni de qué manera se realizaría dicha compensación que, además, no requiere de ingresos permanentes.

Durante la discusión de la rechazada reforma tributaria, Hacienda reconoció que ella haría caer el PIB per cápita en el largo plazo. Esa caída sería compensada con un mayor gasto en I+D que elevaría el producto. Casi un acto de fe.

Es por ello que antes de cualquier negociación tributaria, los parlamentarios deben conocer primero con claridad cómo se utilizarán nuestros recursos y qué asegura que ellos serán bien utilizados y no despilfarrados. Luego, habrá que elegir los instrumentos que eviten la caída del crecimiento que Hacienda advierte. Recién ahí podrá hablarse de un pacto fiscal.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-